Por: Lic. Edgardo Leyva

El pago del impuesto predial en Tijuana se ha incrementado 280 por ciento en los últimos dos años. Por ejemplo, quien en 2007 pagó por terreno y casa, $300.00 pesos, para este 2010 tendrá que desembolsar por la misma finca, 840.00 pesos: casi tres veces más que lo que se pagaba cuando tomó posesión el Ayuntamiento que hoy gobierna nuestra ciudad.

La indignación de los contribuyentes es mucha y muy comprensible: la disposición viola la Carta Magna con la aplicación de tasas diferentes para lotes baldíos y construidos, pues ésta debe ser una sola e igual. Se cobra también por las edificaciones ubicadas en los predios pero en caso de construcciones hechas antes de la vigencia de esta disposición recaudatoria el cobro es contrario al principio de irretroactividad de nuestra Ley Fundamental y no debe pagarse. Son, además, innumerables los casos donde los metros cuadrados de construcción señalados en el recibo a pagar son menores que los que realmente existen, además, la calidad de las edificaciones es inferior a la estipulada arbitrariamente por el gobierno, evidenciando ignorancia o mala fe en el cobro.

Los procedimientos para establecer los montos del impuesto predial en las llamadas zonas homogéneas no toman en cuenta que cada inmueble tiene sus propias características. Es a todas luces injusto fijar valores de propiedad por colonia, vecindad o barrio, ya que unos cuantos metros de distancia entre un lugar y otro hacen que los valores de los terrenos sean muy diferentes. Aunque parezca cosa difícil, y sea causa de molestia para las autoridades, debe dedicarse todo el tiempo que sea necesario para que exista la equidad que exige la Constitución Mexicana en la determinación de los valores prediales.

La ciudadanía es soberana en nuestra República. El pueblo manda. Los funcionarios tienen obligación constitucional de escuchar y atender con cortesía, uno por uno, cada caso controversial que se les presente, sobre todo cuando se trata bienes que constituyen un patrimonio fundamental como es la vivienda o el asiento de un negocio familiar. 

Vimos por televisión hace unos días un magnífico ejercicio ciudadano conducido por Marco Antonio Blásquez a través de PSN y la Tremenda 1030, donde los tijuanenses reclamaron el pésimo manejo de la cuestión predial y demandaron al Ayuntamiento que el impuesto predial baje. Los ciudadanos señalaron que el poder adquisitivo del pueblo mexicano ha mermado en los últimos años desplomando la demanda de inmuebles y su precio. El cinismo y los malos chistes de los representantes del gobierno municipal en el foro ("que se trataba de un peso diario", "que eran realmente 8 centavos", que "no se debía regatear por tan poco", "que los servicios públicos eran muy buenos"), sólo causaron malestar y protestas del público que conoce la realidad que vivimos.

Todo indica que la voz del pueblo ahora sí se escuchará. Habrá justicia predial en Tijuana. Esta muestra de espíritu cívico y libertad de expresión revive nuestra confianza en que el plebiscito y la revocación de mandato serán en un futuro muy próximo, los instrumentos esenciales de la democracia mexicana.