Por: Carlos Monsiváis

De un episodio de hace no tanto tiempo

En 2010 uno de los temas de la Asamblea Legislativa será el de la eutanasia, lo que obliga a verificar los antecedentes, de un tópico hasta hace unos años prohibido y que forma parte de los debates de la bioética.

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El 6 de octubre de 2005, Víctor Varela, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del DF, presenta una iniciativa para legislar la muerte asistida a pacientes desahuciados. Se verificarían las solicitudes de terminación voluntaria, acompañadas por tres dictámenes médicos y la firma de dos testigos no pertenecientes a la familia del paciente. El 11 de octubre el Jefe de Gobierno del DF Alejandro Encinas se pronuncia a favor de regular legalmente la muerte asistida en su entidad y despenalizar su aplicación: “Creo que es un tema que hay que discutir, va a causar gran polémica, en donde confluyen principios éticos-morales muy diversos”. El jurista Enrique Díaz Aranda, en su texto Eutanasia (Propuesta de solución jurídica en México) describe a la eutanasia como el proceso de muerte que se inicia a solicitud y con el consentimiento de la persona que va a morir. Díaz Aranda señala: “En México es común buscar soluciones a los problemas mediante reformas a la ley, pero me pronuncio por la interpretación del derecho vigente. Las leyes mexicanas no castigan el suicidio, de modo que la terminación de la vida por propia voluntad no debe ser penalizada” (El Universal, 12 de octubre de 2005, nota de Edgar Córdova).

La respuesta del clero católico es inmediata. El 10 de octubre se pronuncia el cardenal Norberto Rivera, al parecer sin haber leído el proyecto: “Por ningún motivo se aceptará que el ser humano sea descontado, sea liquidado simplemente porque es débil, porque ya no puede contribuir, simplemente porque está sufriendo, vean que para el dolor hay otros remedios y no la muerte”. Si, desde luego, la humanidad ha encontrado desde siempre el gran remedio para el dolor: el sufrimiento ilimitado. Y esto lo saben a su modo el sacerdote de la iglesia San Juan Bautista, Ignacio Martínez: “El deterioro natural del cuerpo debe ser respetado, aunque eso implique sufrimiento” (Reforma, 9 de octubre de 2005, nota de Anayanzin Inzunsa), y el sacerdote franciscano Trinidad Castaño: “Las enfermedades terminales son vistas desde lo humano y no desde lo espiritual” (Reforma, 9 de octubre). ¿Esto lo dice porque se trata de enfermedades terminales del espíritu, o porque no hay moribundos ateos o de otras religiones?

El debate crece de manera modesta. El 16 de octubre el cardenal Rivera llama a desobedecer a la autoridad civil “si ésta se sale del marco de la legalidad y no respeta los derechos humanos. La autoridad sólo tiene poder para legislar sin destruir la vida, pero no debe oponerse a los derechos divinos. Hay que obedecer a Dios por encima del respeto al César. Cuando la autoridad se sale del marco legal donde se puede y se debe gobernar, no hay obligación de tributarle obediencia, y si se opone a los derechos fundamentales entonces hay que negarle la obediencia”. Y agrega, politológicamente: “El poder pertenece al pueblo, en los parámetros normales de las sociedades democráticas”. En esos parámetros, de seguro, se encuentra perfectamente estipulado y legislado lo inútil de oponerse a la voluntad divina, tal y como lo expresa su máximo vocero, el Cardenal Primado. Digo, es de suponerse.

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De inmediato, el PAN, tan teocrático como Dios le da a entender, afirma sin incondicionalidad. El Presidente del PAN, Manuel Espino, respalda el pronunciamiento cardenalicio y advierte que se sumarán a la resistencia civil para evitar la aprobación de esta práctica (Milenio, 17 de octubre). Y, sin quererlo, el Presidente del PAN en el DF, Carlos Gelista González, corrige a don Norberto o, por lo menos, le enmienda el sermón: “El jerarca no llamó a la desobediencia de las leyes ya que no hay ninguna ley que desobedecer en torno al tema, porque hasta ahora no es una acción permitida”. Así que según el panista, el cardenal sólo fue heroico en el gesto.

El 18 de octubre, el Secretario de Trabajo Carlos Abascal, se olvida de que es gobierno y se trepa al púlpito alterno: “Puede existir el derecho a la objeción de conciencia cuando a juicio de una persona se viola la orden natural, se altera el orden moral mediante un ley escrita y siempre el camino es la reforma de la ley”. Don Abascal insiste en desconocer el valor académico de la Escuela Libre de Derecho, que le otorgó el título: “El derecho de objeción de conciencia es un derecho de orden natural reconocido en la legislación de muchos países”. Por ejemplo, en la Edad Media, tiempo de México. No sé si extrañamente, el vocero presidencial Rubén Aguilar discrepa de don Norberto: “El gobierno federal respeta en un marco general las críticas del purpurado a la posibilidad de legalizar la eutanasia, pero no las comparte. Las leyes y las instituciones son, en la democracia, las vías para garantizar la convivencia social y la solución de las diversas demandas de los ciudadanos”.

Vuelvo al teólogo Abascal (si se le dice “jurista” se niega su profesión de fe). En al misma declaración contra el gobierno del que recibe sueldo pero no instrucciones trascendentes, don Carlos insiste en llevarnos a los estudios de, lo pondré al día, del siglo XVII: “La ley de orden positiva es una expresión de la ley de orden natural, por lo que en efecto puede existir el derecho a la objeción de conciencia que se daría, por ejemplo, en el caso de que a un médico, comprometido con el respeto a la vida, se le exigiera que practicara un aborto o una eutanasia en contra de su conciencia, en contra de lo natural”. ¡Qué bien habla el casi purpurado! Ahora ya sabemos cómo se anunciará el Voto Útil a favor de Felipe Calderón: un voto por la ley y el orden naturales. A Dios lo que es de Dios, y tú César, pide audiencia de rodillas.

El 18 de octubre el Secretario de Salud Julio Frenk respalda el debate legislativo sobre la eutanasia, y el que se conceda a las personas el derecho a decidir si quieren o no medidas extremas que prolonguen su vida: “Vamos a dar opción a una persona, en el pleno uso de sus facultades, de optar por que no se hagan medidas extremas más allá de lo que es el curso de la naturaleza cuando llegue el momento final. De eso se trata el testamento en vida, la disposición a la hora de aclarar cómo ser tratado. No se aplica a través de ese mecanismo la eutanasia. Se ha creado la percepción de que esa alternativa equivale a matar a la persona, a eso nos oponemos. Pero el debate se tiene que centrar en que una persona diga en uso de sus facultades: ‘Yo no quisiera que se tomen medidas extremas para prolongar mi vida’. Debemos dar opciones. Y concluye: “La discusión hay que enmarcarla en términos de una discusión bioética que lleva muchas décadas llevándose a cabo. No es un tema nuevo. En mi opinión sí debe haber principios muy claros: el carácter sagrado de la vida es uno y la autonomía de la persona es otro”.

Gilberto Rincón Gallardo, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es tajante: “El llamado del Cardenal a la desobediencia civil es un acto ilegal” (Reforma, 20 de octubre). Algunos líderes de iglesias no católicas apoyan la posición del secretario Frenk de promover el “testamento en vida”. Leonel Cota Montaño, líder nacional del PRD, siente en su azotea los pasos de la excomunión: “La iniciativa sobre eutanasia no es una iniciativa del PRD” (El Universal, 20 de octubre)..

Si se ataca con fuerza al enemigo, se inhiben a quienes quisieran apoyarlo. Algo así tiene en mente el vocero de la Arquidiócesis de México Hugo Valdemar Romero (Reforma, 20 de octubre, nota de Emiliano Ruiz): “De la píldora del día siguiente, la Iglesia ha manifestado su desacuerdo total y su desencanto porque esperábamos, no que le gobierno respaldara la visión de la Iglesia ¾puesto que no es un gobierno confesional¾ pero sí que respetara la Constitución, que consagra el derecho de la vida desde la concepción hasta el final, cosa que no ha hecho este gobierno”. Y agrega, con la suspicacia que debería acompañarse de una denuncia penal para no ser una simple y vulgar difamación, algo en lo que se queda por lo pronto: “Más bien, el gobierno ha manifestado en el caso concreto del doctor Frenk, un desprecio por la vida y una gran arrogancia. Además, hay la sospecha de la iglesia católica de que las decisiones de la iglesia católica están motivadas por intereses económicos”.

El Secretario Frenk responde: “A veces parecería caricaturizarse la terminación de la vida de una persona que está ya incluso inconsciente, en estado vegetativo, creo que la forma correcta de enfocar este debate es a partir de dos principios básicos: el carácter salvador de la vida y la dignidad de la persona y la autonomía de las personas para participar en las decisiones de su propia salud y su propio cuerpo” (Reforma, 21 de octubre). El Secretario de Relaciones Exteriores Luis Ernesto Derbez es más ecuánime que su colega, el medievalista Abascal: “El gobierno mexicano tiene que escuchar este tipo de posiciones (contra el testamento en vida), pero también oír a otros sectores, para llegar a un planteamiento en el que decida la mayoría” (Reforma, 21 de octubre).

Y el cardenal Rivera argumenta en contra de la lógica para presentarse ante la opinión pública con la cabeza del silogismo asida de los cabellos: “De lo contrario (si no se definen sus puntos de vista), los Mataviejitas tendrían licencia para matar” (Milenio, 24 de octubre).