Por: Jaime Martínez Veloz

(Primera parte)

La práctica política ha demostrado que la oposición en Baja California, no ha podido constituirse en una alternativa real de poder ciudadano. Frente a esta incapacidad, la ineptitud gubernativa es del mismo tamaño.

Plataforma de la migración desesperada que expulsan las regiones más deprimidas de México, esta zona fronteriza es la más transitada del mundo; anualmente la cruzan más de 16 millones de personas.

Este factor y el poderoso efecto gravitatorio que ejerce la cercanía del dólar; su mercado, oportunidades y ventajas frente al peso y la economía nativa, son determinantes para la formación del escenario sociopolítico de Baja California.

Incidencia similar tienen el narcotráfico y el crimen organizado. Se expanden peligrosamente corrompiendo cuerpos de seguridad municipal estatal y delegaciones federales, infiltrándose en centros de enseñanza y creando un vasto mercado de marginados urbanos, principalmente niños y jóvenes.

El problema número uno del Estado es el de la inseguridad pública. La influencia de este fenómeno, combinado con la enorme y constante migración y la falta de expectativas, sobre todo entre los jóvenes, han empujado a muchas personas a la drogadicción y la delincuencia.

Baja California ya no es solamente pista de tránsito para el gran mercado de adictos en los Estados Unidos. Los últimos años se ha integrado una gran demanda de consumidores finales que trasladaron su adicción de las drogas "blandas", como alcohol y marihuana, a los químicos de fácil producción y bajo costo; los más devastadores de la capacidad física y mental.

La fragilidad del tejido social, generada (en gran medida) por una economía tan íntimamente vinculada a la norteamericana, resiente el fuerte embate del crimen organizado, diestro en corromper funcionarios e instituciones y en disolver, con oro o plomo, todo dique que retenga su expansión.

Adicionalmente, la migración alcanza dimensiones inmanejables en términos de empleos, servicios básicos y vivienda. En esta enorme cantidad de mexicanos migrantes, se encuentra la expresión más acabada de la injusticia social de nuestro país.

Ante estos fenómenos, las instituciones públicas y privadas, tratan de administrar la vida del Estado, pero no dan alternativas de fondo a los problemas que se afrontan.

La íntima dependencia bajacaliforniana de la economía más poderosa del mundo, requiere de un diseño global específico donde quede a salvo el derecho a la seguridad jurídico-social y al bienestar de la vida moderna.

La multiplicación de la inmigración ilegal concentra en esta parte de la línea fronteriza las expresiones más descarnadas de la injusticia social en México.
Cuando la dignidad y la supervivencia personal y familiar están en juego, caros y esenciales valores como la identidad nacional se erosionan. La frontera de Baja California es escenario del desmembramiento y la descomposición que provoca el rezago social y político.

Los bajos salarios, no alcanzan para el gasto familiar de una sociedad que tiene que pagar los servicios de transporte, agua y energía eléctrica más caros del país y además se encuentra prácticamente dolarizada. En Baja California a la gente le pagan en pesos y le cobran en dólares.

La merma en los ingresos que se reciben, el daño al medio ambiente, la volatilidad de la inversión y la dependencia a procesos productivos ajenos al desarrollo nacional marcan una economía montada sobre bases frágiles que podrían entrar en un colapso en unos cuantos meses.

Estas características se suman a la importancia estratégica de la ubicación geográfica de Baja California y permite advertir la dimensión del conflicto: este es un asunto de seguridad nacional.

El reto es diseñar y ejecutar una estrategia política que expanda una nueva racionalidad, moderna económica, política y socialmente. Se trata de cumplir con el Pacto Federal y desatar procesos que, sin menoscabar el Estado de Derecho y la decisión ciudadana, den una salida equilibrada a las tensiones y presión que se acumulan peligrosamente en Baja California.

La educación básica es insuficiente, de mala calidad y cada vez más escasa. Las madres de familia sufren para encontrar un centro escolar y cuando lo hacen, tienen que pagar por el mismo una buena parte de su ingreso familiar.

Los servicios de salud son cada vez más deficientes. El Seguro Social se ha convertido en un lugar inadecuado y con un deficiente servicio médico.

El problema de la vivienda se extiende por todas las capas pobres de la ciudad. La oferta de vivienda o terrenos es escasa y cara.

Nuestra entidad sirve ahora como territorio para remediar la sed energética californiana.. Cinco plantas de generación eléctrica para Estados Unidos, se construyen en nuestro territorio. Cuatro lugares, cuando menos, para edificar depósitos de gas, se instalan frente al Pacífico, entre Ensenada y Tijuana, pasando por Rosarito, donde destruirán su dinámica social. Pronto seremos el calentador de California, padeciendo todos los inconvenientes ambientales, económicos y sociales de los corporativos trasnacionales; todos los beneficios y ganancias serán para las trasnacionales, los costos, riesgos y pérdidas serán para los bajacalifornianos.

El tráfico de influencias en la administración pública es un lastre, pero también una divisa de gobierno.
Permisos para la venta de alcoholes, otorgamiento de placas, usos del suelo, horarios nocturnos, arreglos clandestinos en las zonas de tolerancia; de todo se vale para ejercer el control político y la corrupción gubernamental. Supervisores, funcionarios, inspectores, intermediarios y burócratas de medio pelo, conforman una red extendida de controladores y promotores del aparato oficial panista, en una práctica institucionalizada que nada le pide a los excesos y delitos que siempre criticaron.

La política social es inexistente, pero impera la limosna disfrazada de despensa, ayuda o caridad y en consecuencia el control político, que se ejerce a través de la dádiva y se expresa  mediante el voto cautivo del receptor, el día de las elecciones.

La sociedad de Baja California está a merced de una red de traficantes de influencias, que articulan intereses, negocios y propósitos de grupos de poder que incluyen hasta bandas delictivas. Esa red de traficantes de influencias, tiene experiencia en la ejecución de negocios privados al amparo de la administración pública que amenaza, compra, o reprime voluntades.

En poco tiempo, el tejido social de nuestra entidad ha sido corrompido y desgarrado por clanes y mafias políticas a niveles escandalosos; detener y revertir esos flagelos puede llevar generaciones.

En ese siniestro escenario, la oposición en Baja California es corresponsable, en la medida de su incapacidad para construir un proyecto político democrático, que constituya realmente una alternativa ante la sociedad.

En la oposición se privilegian agendas particulares sin una visión comprometida al mediano y largo plazo. Se desperdicia el enorme potencial de la organización social, de la participación comunitaria. La fuerza y el entusiasmo popular se encuentran latentes, vivos en la sociedad bajacaliforniana. Comprensiblemente, la desconfianza social hacia las prácticas partidistas actuales se refleja en la abstención electoral, que ha permitido entre otras cosas, el reinado impune de los desgobiernos panistas por más de dos décadas.

Ante esta realidad, cabría la necesidad de establecer algunas precisiones y tener elementos de diagnostico, que nos permitieran establecer hipótesis de trabajo, para la conformación de una eventual alianza en Baja California.