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Por: Lic. Oscar Rivera En múltiples foros internacionales, como la Organización Mundial de Comercio, la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización de Sociedades de la Información, entre otras, se ha reconocido que las telecomunicaciones son factor definitivo y definitorio en el desarrollo social y económico de toda sociedad. Países altamente desarrollados como Estados Unidos, la mayoría de los países europeos, así como los líderes orientales China, Japón y Corea han puesto primordial énfasis en la industria de las telecomunicaciones, lo cual ha contribuido decididamente para situarlos en la posición donde se encuentran.Las legislaturas de los países nórdicos (Finlandia, Noruega, Suecia) han llegado incluso a presionar a sus gobiernos para que sea obligado que el Estado provea de líneas telefónicas o enlaces de última milla de muy alta velocidad (WI-MAX) a sus conciudadanos. Desde luego, en aquellos países la competencia entre las empresas proveedores de servicios es factor fundamental para imponer disposiciones de tal naturaleza. En nuestro México han hecho nada al respecto tanto la Comisión Federal de Competencia (CFC), quien sería el ente específicamente encargado de impedir los monopolios, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), presidida por el tijuanense Héctor Osuna Jaime, e institución encargada de regular a los proveedores de los servicios. Existen quejas ante la Organización Mundial de Comercio que acusan directamente a dichas entidades de ser los principales defensores de los monopolios. Las entidades regulatorias están comprometidas con las empresas a quien tienen obligación de regular. Nuestros representantes sociales (diputados y senadores), con minúsculas, se encargaron -en comedia de dos actos- de aprobar primero en la Cámara de Diputados y, confirmar después en la de Senadores, el mentado Impuesto sobre Producción y Servicios de tres por ciento, particularmente por cuanto hace a los servicios de telecomunicaciones, (telefonía, servicios de telecomunicaciones por cable, Internet, comunicación espacial y demás), sin importarles que con ello se provocará un estancamiento en nuestro desarrollo. El propósito es recabar más impuestos sin prever lo que dicha medida acarreará en perjuicio de la sociedad. En lugar de ocurrírseles tal medida recaudatoria debieron haber pensado en adelgazar la burocracia por lo menos a la mitad: reducir la cantidad de Diputados y Senadores, así como los salarios de la alta burocracia, de los congresistas y de los miembros del Poder Judicial de la Federación.
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