Por: Lic. Edgardo Leyva

“Comete fraude el que engañando a uno
o aprovechándose del error en que éste se halla,
se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza
un lucro indebido”

Para el Derecho, el mandato es un contrato por virtud del cual una persona llamada mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otra, conocida como mandante, los actos jurídicos que éste le encargue. El mandato obliga a ambas partes y cuando es representativo el mandatario no puede traspasar sus límites. Deberá ejecutarlo sujetándose siempre a las instrucciones recibidas y rendirá cuentas claras de su actuación. La violación o exceso del encargo lo obligan a pagar indemnización por daños y perjuicios ya que sus actos no lo comprometen a él sino al mandante a quien representa y en cuyo nombre actúa.

En política se denomina mandatarios a quienes han resultado electos para ocupar cargos públicos (presidentes, gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, síndicos, regidores, delegados municipales) y protestaron su debido cumplimiento ante la soberanía popular. La voluntad que se han comprometido solemnemente a respetar y hacer valer es la del pueblo que los llevó al triunfo. No existe interés superior al del electorado que en ejercicio de sus derechos democráticos votó por ellos. Miles de anuncios en prensa, radio y televisión pregonan la vocación indeclinable de servicio de estos ejemplares ciudadanos a las mejores causas de México. ¿Por qué entonces se escuchan por todas partes quejas y protestas contra los legisladores que aprobaron el paquete fiscal propuesto por el Ejecutivo para el 2010? ¿Por qué se habla de traición y de abuso a la confianza que el pueblo depositó en ellos?

Los últimos tiempos de la política mexicana han dado lugar a la aparición de personajes que la democracia moderna debió eliminar definitivamente: los mentirosos, los que no cumplen, los que no conocen la palabra de honor. Con engaños, proyectos y acechanzas artificiosas y ocultas logran las posiciones legislativas y de gobierno que les han de permitir posteriormente negociar su voto. Así se han formado verdaderas camarillas que sufragan en favor de intereses diferentes a los de sus electores. Grupos que votan “por instrucción superior” aún en contra de los principios que prometieron respetar y defender en campaña. Naturalmente que se trata de una traición a aquellos que creyeron en los compromisos de la lucha electoral y a la voluntad colectiva víctima de un engaño hecho por quienes nunca en realidad pensaron cumplir con lo ofrecido.

Evidentemente, se trata de un abuso del mandato o de un fraude político ya que el poder conferido por el voto no era ilimitado ni suficiente para ejercer actos de dominio. No era un cheque en blanco para disponer de él a placer y aunque la especie no corresponde exactamente al tipo señalado por las leyes penales los elementos constitutivos de un fraude están presentes: la trampa, el error del sujeto pasivo que votó engañado, las maquinaciones hechas a lo largo de la campaña, la obtención del beneficio político por parte del sujeto activo y el perjuicio en contra del representado.

Es tiempo de que las enormes cantidades que se gastan en publicidad oficial se dediquen a la difusión de los derechos de los votantes y a protegerlos de la propaganda política engañosa que inunda al país. Todo el esfuerzo económico de la nación debe hacerse en favor de la ciudadanía que vota, de elecciones limpias, no del IFE y los partidos políticos.