Por: Lic. Edgardo Leyva

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, más conocido como Infonavit, tiene su origen en los debates del Congreso Constituyente de Querétaro, donde las voces de los representantes obreros, demandando un espacio constitucional para ellos, el Artículo 123, entre otras justas reivindicaciones lograron que se garantizara vivienda digna para los trabajadores mexicanos.

En 1971, después de más de 50 años de lucha social, se constituyó la Comisión Nacional Tripartita con el fin de elaborar los proyectos de reformas a la Fracción XII, Apartado A, del Artículo 123 que culminaron con su publicación, en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de febrero de 1972. El 21 de abril se publicaron las reformas correspondientes a la Ley Federal del Trabajo y el 24 del mismo mes apareció la Ley del Infonavit. El primero de mayo de 1972 se efectuó la Asamblea Constitutiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

En 37 años de existencia, el Infonavit, por disposición expresa del Artículo 3° de su propia Ley, estableció y opera un sistema de financiamiento que tiene por objeto permitir a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para construir, reparar o mejorar sus habitaciones y ha participado en la operación de más de cinco millones de créditos de vivienda que debieron proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus moradores.

Estos conceptos fundamentales que los legisladores dejaron claramente impresos en los instrumentos legales que dieron vida al Infonavit como son: Ley de utilidad pública, crédito barato y suficiente, así como habitaciones cómodas e higiénicas, cobran actualidad en estos días en que nos enteramos que la cartera vencida del Infonavit se ha vendido a una empresa particular extranjera.

No importa nacionalidad o quiénes son sus propietarios, lo que interesa y debe saberse es cómo 45 integrantes de la Asamblea General del Infonavit. (15 representantes del Gobierno, 15 de los patrones y 15 de los trabajadores), justificaron la decisión de entregar a particulares extranjeros la deuda de los trabajadores mexicanos con el Instituto que la Nación fundó, por mandato constitucional, para su beneficio.

Si se ofrece a los trabajadores deudores liquidar su pasivo con el Infonavit, en las mismas condiciones en que se ha pactado su venta a los especuladores extranjeros, seguramente estarán en condiciones de pagar. A todos indigna y a nadie le conviene, mucho menos al Estado, que cientos de miles de compatriotas sean sujetos de cobros judiciales y desalojos por no pagar puntualmente cuando su situación económica, como la del país entero, es desastrosa.. Aún es tiempo, rectifiquen.