Por: Jaime Martínez Veloz

Nueve días antes del asesinato de Colosio, el 14 de marzo de 1994, Ernesto Ruffo Gobernador de Baja California, junto con los alcaldes panistas de Ensenada, Tijuana y Tecate, Héctor Osuna Jaime, Pablo Contreras y Oscar Sánchez del Palacio, respectivamente, se entrevistaron en la Ciudad de México, con Carlos Rojas Secretario de Sedesol, para darle un ultimátum y solicitar mi remoción como Subdelegado de esa dependencia en Tijuana.

Llegué a Tijuana tres años antes y me había integrado a un proceso de organización comunitaria que permitió la creación de una enorme movilización social, hacia el trabajo, donde la gente participaba desde los asuntos de planeación democrática, hasta los de ejecución de los trabajos y transparencia en el manejo de los recursos.

Un elemento a destacar en ese tiempo es el ánimo social, la esperanza y la apropiación del territorio por parte de los comités de base en cada colonia popular. Tenían arrinconados a los delincuentes y a las autoridades locales, que no acababan de entender, eso que se llama, participación popular.

Esta situación que contrastaba con la visión del gobernante, lo motivó a ir a México a acusarme de subvertir el orden en Baja California, y trastocar las relaciones entre la Federación y el Estado.

Por esos tiempos, en un programa de radio con Marco Antonio Blásquez, en un tono insolente y con la cara deformada por la pasión y su fanatismo, Héctor Castellanos, líder del PAN, me acusó con un lenguaje que rayaba en el trastorno, diciéndome: ¡Usted es un agitador! ¡Chúpale pichón!

Carlos Rojas nos mandó llamar al delegado de Sedesol en Baja California, Rubén Adame y a mí. Nos comentó la belicosidad de Ernesto Ruffo y preocupado por las amenazas preferidas por el gobernante en contra nuestra, le giró instrucciones a la Dirección Jurídica de la Secretaría, para que me tramitaran un amparo e impedir cualquier agresión del Gobernador en contra mía y de nuestro responsable de las tareas del Programa de Solidaridad en Ensenada, Jesús Segura.

Le expresé a Carlos Rojas mi incomodidad para tramitar un amparo, nunca en mi vida me había amparado, pero Rojas me explicó que la actitud del panista había sido muy violenta y que no descartaba pudiera ser objeto de alguna agresión o acción del Estado a través de algún invento o acusación falsa, además me comentó que la reacción del aparato del Gobierno Federal en estos casos, era muy lenta y no era deseable algún incidente o que el gobernador me pudiera dañar de alguna manera.

A regañadientes acepté y Rojas le encomendó el asunto al Coordinador de Delegaciones de Sedesol, licenciado Jaime Muñoz para que me tramitara el amparo.

Días antes, en el mismo mes de marzo de 1994, se había producido un enfrentamiento feroz en Tijuana a plena luz del día, entre policías federales y estatales, los cuales protegían a bandas rivales de narcotraficantes. El impacto social, los muertos y el papel de las autoridades protegiendo a criminales tenían pasmada a la sociedad tijuanense.

Funcionarios estatales eran acusados de liberar a narcotraficantes en medio de la inseguridad y la incredulidad ciudadana. Las confrontaciones entre policías federales y estatales a punta de balazos, tenían una importancia secundaria en el orden de prioridades del gobernante.

Para Ernesto Ruffo eso fue intrascendente, el peligro no lo veía en los criminales y su impacto en la convivencia ciudadana, su problema radicaba según él, en un pinche agitador, que andaba organizando a la gente, haciendo trabajo comunitario.

Después de la reunión con Carlos Rojas, me regresé a Tijuana, más encabronado que preocupado. Comenté el hecho con mis compañeros de trabajo y les pedí que metiéramos acelerador a las obras, privilegiando la participación de la gente, que no bajáramos la guardia y evitáramos en lo posible cualquier roce con funcionarios de los gobiernos estatal y municipal.

Cabe mencionar, que con muchos funcionarios con quienes habíamos tratado los temas relacionados con nuestras responsabilidades institucionales, teníamos una muy buena relación. Con muchos de ellos, la amistad ha perdurado a través de los años. Entre ellos puedo mencionar a Francisco Soto Angli, Carlos Montejo, Hernando Durán, Manuel Guevara y Francisco Aceves.

El problema no estaba ahí, sino arriba, con quienes había diferencias de fondo en la concepción de la relación del Estado con la sociedad. Ni siquiera era una disputa partidaria: más bien entre un modelo que basa su fuerza en la concentración del poder en el Gobierno, donde con éste se pueden hacer negocios y triquiñuelas, frente a otro que le apuesta a que el gobierno sea conducido con la participación ciudadana.

Ése era el dilema y no otro. Dos modelos contrapuestos, uno que privilegiaba la tranza, el contubernio y la impunidad y otro que apostaba al poder ciudadano.

El PRI o quienes habían conformado sus dirigencias en el Estado, ni siquiera entendían de estas cosas.

Pero contábamos con aliados muy importantes Luís Donaldo Colosio, Carlos Rojas y Mario Luis Fuentes quienes tenían muy claro el fondo de la contradicción y nos respaldaban con todo lo que estaba a su alcance.