Por: María Elena Estrello / SIP

La situación de los derechos humanos en México es ambigua. Recientemente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalecieron el fuero militar pero el Presidente de la República aseguró hace unos días a los medios que México tiene un compromiso absoluto con los derechos humanos.
Desde hace unos años, en nuestro país se pusieron de moda los términos “transparencia”, “rendición de cuentas” y “libertad de expresión”, aunque en los hechos, por ejemplo, aún existan prácticas de presión a la prensa (el caso de Proceso es famoso), y se nieguen datos acerca de asuntos como el toallagate hasta por 20 años.

Este mes se elegirá al ombusdsman del DF y en noviembre próximo al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como a algunos representantes estatales de dicha comisión. Recordar que los futuros ombudsman deben efectuar sus labores en un marco de justicia y legalidad no es ocioso, sino indispensable. Más aún cuando nuestro país parece dirigirse a una etapa de totalitarismo.

Se afirma que la figura del ombusdman es reciente, pero tiene más de dos siglos de existencia. Aunque en Suecia tienen 200 años con defensores de derechos humanos, en México se crea apenas en 1990 la CNDH.

En ciertas entidades de la República Mexicana abordar temas como perspectiva de género, ciudadanización, autonomía, sociedad civil organizada, así como derechos sexuales y reproductivos parece subversivo, prohibitivo y al margen de las “buenas costumbres”.

Según la CNDH, los derechos humanos “son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada”. El mencionado organismo señala que aunque todos estamos obligados a respetar los derechos humanos, por mandato constitucional los servidores públicos tienen mayor responsabilidad en este sentido.

El Presidente de la CNDH, doctor José Luis Soberanes Fernández, encabeza la institución encargada de vigilar que se protejan los derechos humanos de los mexicanos. Desde noviembre de 1999, el doctor Soberanes se ha desempeñado como ombudsman, sin embargo, organizaciones civiles señalan que su papel al frente de la comisión ha sido decepcionante.

La CNDH tiene programas de atención para grupos susceptibles de sufrir violación constante a sus derechos humanos, tales son los casos de adultos de la tercera edad, migrantes, periodistas, así como mujeres y menores de edad.

Sin embargo, al día de hoy, en México no sólo se criminaliza a la prensa, sino a los pobres y en general, a quien carece de recursos para allegarse de un abogado o defensor. Es dominio de público el dicho “En la cárcel, sólo están los p….jos y los pobres”.

Por ejemplo, hace tres años fue sentenciada a 21 años de cárcel una mujer de nombre Jacinta Francisco, acusada de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación. La principal prueba presentada por la PGR en contra de Jacinta fue una fotografía de un periódico de Querétaro. La verdad es que el crimen cometido por esta persona es ser mujer, otomí y pobre.

Jacinta Francisco se ganaba la vida con la venta de refrescos en un puesto ambulante de Santiago Mexquititlán, Querétaro. En marzo de 2006, seis agentes de AFI intentaron confiscar mercancía a los vendedores, quienes protestaron y fueron retenidos por exigir el pago de lo “decomisado”. Con engaños, Jacinta fue detenida y sentenciada debido a que los federales interpusieron una demanda por secuestro ante la PGR; Jacinta no habla español y jamás tuvo acceso a un intérprete ni a un abogado de oficio. Ahora, está en la cárcel.

Más injusticias
Del año 2000 a la fecha, existen 500 quejas por agresiones a trabajadores de los medios, según la CNDH. Son decenas de casos que revelan la impunidad y la inacción de las instituciones administradoras y procuradoras de justicia. Podemos mencionar los casos de Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Pasta de Conchos, las reformas a la ley indígena, constantes violaciones a las garantías de los migrantes, la afectación del ambiente anteponiendo intereses trasnacionales, la muerte de infantes en la guardería ABC de Hermosillo y los feminicidios de Ciudad Juárez y Ecatepec, Estado de México.

El Senado de la República elegirá al próximo titular de la CNDH, pero se dice que los legisladores están presionados desde el gobierno federal para decidirse por Mariano Azuela. De este modo, las posibilidades de candidatos como Rosario Ibarra de Piedra y el ministro Genaro Góngora Pimentel quedan muy reducidas.

La militarización creciente del territorio nacional aumentará sin duda el número de quejas por violación de derechos humanos, muy lejos, entonces, queda por cumplirse el Art. 1° de la Declaración de los Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos….”.

Human Rights Watch, en un documento denominado “La CNDH de México/Evaluación crítica”, utilizó al menos 40 adjetivos para calificar la actuación de la entidad mexicana, entre ellos, destacan: decepcionante, conformista, conservadora, discrecional, ineficaz, opaca, pasiva, tímida, mínima asistencia a víctimas, se queda callada, se autolimita y falta de proactividad, entre otras.