Por: Lic. Edgardo Leyva

El gobierno del vecino Estado de California hizo pública su decisión de poner en libertad, antes de cumplir con su condena, a 43 mil presos en su mayoría latinoamericanos, que atiborran los centros de reclusión de esa entidad de los Estados Unidos de América. Gran parte de ellos serán deportados a México porque no cuentan con documentos para permanecer en ese país de manera legal. A partir de noviembre iniciará el éxodo de estos reos preliberados “fastrack”, cuya sola presencia en nuestro país aumentará la tremenda presión que la sociedad y sus autoridades experimentan en materia de seguridad pública.

La decisión de tres jueces federales señalando la sobrepoblación como causa generadora de la incapacidad del Estado de California para proporcionar las condiciones de vida en sus prisiones que exige la Constitución de los Estados Unidos originó esta medida del Ejecutivo estatal que impedirá la aplicación del castigo que jueces y tribunales sentenciaron a delincuentes en procesos celebrados de conformidad con la ley, quienes quedarán en libertad porque la construcción de nuevos espacios toma demasiado tiempo. La preliberación debe resolverse en un término de 45 días.

Si el mismo Procurador General de Justicia de California declaró que la orden judicial no señala cuáles reos deben salir y a dónde debe enviarlos, será difícil cumplirla sin efectos adversos para la seguridad pública de EU; más lo será para México, a donde llegará la mayor parte de los liberados. No sabemos quiénes son ni porqué estuvieron detenidos, pero habrá que tener mucho cuidado de que sean mexicanos y no extranjeros quienes tengan las facilidades necesarias para reintegrarse a sus familias y comunidades de origen. Exonerados del castigo en prisión por el sistema jurídico que los condenó, son hoy hombres libres y como tales deben tratarlos el Estado y la sociedad mexicana.

En los últimos tiempos se han reformado nuestros preceptos legales respecto de los delitos y su persecución, buscando establecer a México como una nación que castiga más y con mayor frecuencia a los transgresores de la ley. Como consecuencia de ello, el número de internos en los penales aumentó superando todos los pronósticos. Médicos, psicólogos, sociólogos, abogados y catedráticos señalan la urgencia de efectuar acciones que disminuyan la sobrepoblación y sus graves consecuencias en las cárceles mexicanas, las cuales funcionan más allá del límite de sus posibilidades. 

Quienes practican la aviesa costumbre de proponer modelos extranjeros en territorio nacional, quizá sugieran el ejemplo californiano de libertad anticipada por razones financieras para resolver así el problema de sobrecupo en prisiones mexicanas. En caso de hacerlo, la Federación y los Estados faltarían su obligación constitucional irrenunciable de salvaguardar a la sociedad persiguiendo los delitos y castigando a los responsables.

Mejor, como se propone en el ámbito académico y en el foro, considerando la inevitable y permanente crisis económica en que vivimos, que se reforme la legislación en materia de penas y delitos para que el Estado, sin preliberaciones masivas jurídicamente injustificables, aplique la ley.