Por: Aquiles Medellín Silva

A fines de los años ochenta, justo al iniciar su ascenso el llamado Nuevo Orden Mundial, un amigo sacerdote progresista me dijo con una punta de cariñosa censura: «El derecho mata la vida». De modo parecido y desde la acera de enfrente, el banquero Sigmund Warburg había sostenido antes que, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron la democracia y la autocracia, con la victoria final de la burocracia, es decir de la regulación excesiva. No es lo que dicen en estos días muchos banqueros y directivos de entidades financieras, agobiados por la crisis brutal que les acecha y que en buena medida han contribuido a generar. Hoy vuelven sus ojos al Estado para que éste les enjuague con dinero público el déficit que padecen. En cualquier caso, mi percepción de este tema se concreta en dos constataciones.

Primera. La importancia enorme del factor jurídico en la vida social. Hay que destacar, de entrada, que el Estado, más aún que una estructura de poder jerárquicamente organizada desde el Poder Ejecutivo al último guardia municipal, es un sistema jurídico, un conjunto de leyes, que configura un plan vinculante de convivencia en la justicia vertebrado por el único principio ético de validez universal no metafísico: que el interés general ha de prevalecer sobre el particular. Dicho lo cual, conviene tener claro el siguiente esquema: 1. Hay progreso económico porque hay mercado. 2. Hay mercado porque hay seguridad jurídica. 3. En consecuencia, la seguridad jurídica es un presupuesto imprescindible del crecimiento económico. Y hay que concluir este apartado señalando que la seguridad jurídica exige la existencia de un orden que se exprese en normas y se encarne en instituciones.

Este orden jurídico ha de concretarse, por tanto, en leyes. Unas leyes que nos hagan a todos libres y a todos nos igualen. De ahí que hayan sido siempre los poderosos quienes se han opuesto históricamente, en todo tiempo y lugar, a la vigencia de un orden que garantice la libertad y la igualdad. Y esto es precisamente lo que ocurre hoy en día: con la globalización, existe un único escenario mundial enteramente carente de regulación (es el far best), campo abonado para todo tipo de abusos, que solo será normado cuando se abandone el intento de imponer una hegemonía unilateral y se acepte la necesidad de conformar, día a día, un orden jurídico fruto de una decisión o acuerdo multilateral, sin perjuicio de que deban actuar como primus inter pares quienes ostenten hoy una primacía reconocida e incontestada.

Segunda constatación. La progresiva y grave erosión del factor jurídico en los últimos 40 años. Todo comenzó hacia los años sesenta, cuando el capitalismo se encarnó en su última versión (el capitalismo financiero) y al calor de éste se fue formando una corriente de pensamiento cuya expresión más primaria tomó cuerpo en los años ochenta, de boca de Ronald Reagan, cuando se dijo que «el Estado no es la solución, sino el problema». Es decir, desregulación so pretexto de liberalización, bajada de impuestos, desmantelamiento del Estado de bienestar y genérica denigración de lo público y exaltación de lo privado. Con la caída del muro de Berlín, en 1989, se acentuó el proceso, ya que Occidente consideró que al ganar la guerra sin disparar ni un tiro, había alcanzado «el fin de la historia» (en palabras de Fukuyama), de modo que la economía de mercado y el Estado democrático de derecho se extenderían sin resistencia hasta el último confín de la Tierra. De ahí a la arrogancia del unilateralismo mediaba un solo paso que se dio: de la legítima defensa a la guerra preventiva. La última crisis no es sino el último acto de la crónica de una muerte anunciada: el declive de una época marcada por la hegemonía económica y militar de Occidente; ocaso precipitado por los abusos cometidos durante los últimos 40 años, a causa entre otros factores, del desdén por la norma que ha marcado la acción de buena parte de los gobernantes, financieros y empresarios que han tenido en sus manos el destino de sus pueblos.

Tan es así que la aseveración de Erik Hobsbawm de que el siglo XX puede llamarse el «siglo corto», por abarcar desde 1914 (inicio de la guerra europea) a 1989 (caída del muro de Berlín), no es exacta pues el siglo XX comienza efectivamente en 1914 pero termina en 2008, momento en que estalla la actual crisis financiera internacional. Hay, por tanto, un paralelismo entre la caída del muro de Berlín y la actual crisis. Una crisis de la que no puede decirse que sea culpa de todos. Ocurre con ella algo parecido a lo que le sucedió a aquel picador que, derribado en la Plaza México por un toro, tuvo que oír de un espectador, después de darse una gran costalada, estas palabras: «Amigo, menudo golpe nos hemos dado». A lo que respondió el varilarguero con calmosa indignación: «Mayormente algunos». Pues eso, la crisis puede que sea culpa de todos, pero mayormente de algunos. En esta tesitura se debe reaccionar defendiendo el imperio del Derecho. Es decir, han de crearse las leyes necesarias, pero, sobre todo, deben cumplirse las que ya existen, comenzando por los poderes públicos y siguiendo por los señores del dinero, tan proclives a considerarse inmunes.

En el otro lado de la moneda, hace 30 años, el líder de China, Deng Xiaoping, permitió que una parte del país, la zona costera que va de Hong Kong a Shanghái, se rigiera por las reglas del mercado libre y del capitalismo, pese a mantener el interior, rural y aislado, regido por la economía comunista ortodoxa. Esta política fue un éxito: durante los últimos 15 años, cada siete años la producción china se ha multiplicado por tres y las exportaciones, por cuatro.

La llegada al poder del Presidente Hu Jintao en 2003 inició la transformación progresiva de la economía china de libre mercado hacia una economía controlada por el Estado. Esto no ha tenido efectos significativos sobre la parte del país más atrasada, que ha progresado poco. Se ha mantenido una moneda artificialmente baja para promover las exportaciones y crear empleo, y los beneficios se han invertido en el crecimiento y en la compra de la deuda pública de Estados Unidos, asegurando así la estabilidad del cambio yuan dólar y, por tanto, permitiendo mantener las exportaciones a Occidente, primer objetivo del Gobierno.

De las mil 500 empresas chinas que hoy cotizan en bolsa, 75 por ciento están controladas por el Estado. Todos los sectores estratégicos: producción y distribución eléctrica, petróleo, gas y carbón, química, telecomunicaciones, armamento, coches, aeronáutica, hierro y metales están dominados por empresas estatales. De los impuestos pagados por las empresas chinas, sólo 10 por ciento corresponden a empresas privadas. El resto de la economía también está indirectamente controlado por el Estado a través del sector financiero, que en proporción de 12 a 1 está dominado por los bancos públicos. La regulación financiera es opaca y está sometida a cambios que benefician a los bancos estatales porque la fijación de intereses y los límites de crédito se regulan más por razones políticas que económicas.

Este control del crédito condiciona a las empresas, controla la competencia entre las públicas y las privadas, además permite la continuidad de un sistema estatal de economía de mercado, con grandes empresas, estable pero crecientemente ineficiente.

El mercado de capitales está intervenido y tanto su exportación, inversiones en el extranjero como reparto de beneficios de inversiones extranjeras en China, están controlados. Esta reducción de la libertad mercantil de los últimos seis años ha reducido la inversión extranjera en el país. A partir de 2005, la Unión Europea ha pasado de invertir 8 mil millones de euros al año a mil 500 millones, pese a que las cifras oficiales muestran incrementos de la inversión por la repatriación de capitales chinos de Hong Kong.

Las inversiones extranjeras en China están condicionadas a la aprobación previa del Gobierno, que debe juzgar sobre el peligro que estas «puedan suponer» para la economía china, criterio obviamente subjetivo que asegura al Gobierno el control de la economía para las empresas estatales. Lo mismo puede decirse respecto de la inseguridad jurídica de la propiedad intelectual y de los derechos y royalties derivados de una legislación aún incipiente y laxa. El control de la economía china por parte del gobierno y el objetivo de crecimiento como prioridad absoluta han creado impactos sobre el ambiente que tendrán consecuencias a largo alcance. El consumo de carbón, la energía más contaminante, ha pasado de 500 millones de toneladas en 2002 a mil 300 millones en 2008, un crecimiento al que no se le ve fin y con graves efectos sobre el entorno. Proyectos como la presa sobre el río Yangtsé demuestran la escasa preocupación por el ambiente de una economía exclusivamente orientada a crecer. La deriva de la economía china de mercado libre, entre 1980 y 2003, a una economía progresiva y mayoritariamente controlada por el Estado tendrá efectos porque puede reducir el volumen de su comercio exterior y puede suponer una distorsión de su mercado con consecuencias para el comercio mundial. Esta política es producto del control absoluto y sin contraste del Partido Comunista sobre el país y tiene un componente de proyección exterior inevitable; aunque también es cierto que es posible que la transición hacia una sociedad democrática con un Gobierno condicionado por las elecciones deba recorrer este camino inevitablemente. Tránsito que sólo el incremento del nivel de vida del país y del consumo interno y la constatación de las ineficiencias de esta política económica estatizada forzarán a evolucionar.

Estos hechos son contundentes, pero es sorprendente que en Occidente la fascinación por el crecimiento y el progreso de China haya conducido a una opinión pública desinformada de la situación de la evolución real de la política económica china. Ni la UE ni EU están en posición de influir para que los vínculos económicos les condicionen y, por lo tanto, la presión por el cambio y el retorno hacia los principios del libre mercado implantado por Deng y seguidos hasta 2003, no puede esperarse que vengan más que por la autocorrección de las políticas ahora implantadas por la presión de una población progresivamente más culta y más rica que querrá ser más libre.

El camino será largo, pero es cierto que si miramos atrás hubiera sido imposible imaginar hace 30 años que ese país podría hacer este recorrido y alcanzar el progreso económico que lo ha convertido, ya, en potencia mundial.

Creo que para enterrar el miedo para siempre a las crisis hay que abrir ventanas y dejar pasar el aire fresco llamando a las cosas por su nombre y mirando el pasado a la cara...Tenemos que caminar al futuro viviendo el presente.