Por: Juan José Tavera / SIP

• Habrá decomiso de viviendas

La Cámara de Diputados aprobó hace unos meses incluir en la Ley de Extinción de Dominio una definición clara de lo que se debe considerar como “cuerpo del delito”, en los procedimientos en los cuales el Estado persigue los recursos de los criminales.

Se introdujo una adición que crea la figura de Juez Especializado en Extinción de Dominio, de manera que en la persecución de propiedades, depósitos financieros y dinero de los cárteles, actuará una estructura que se creará dentro del Poder Judicial Federal.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sustentó el dictamen ante la asamblea y destacó que la nueva ley llega en un momento en el que la sociedad siente “ya no podemos más”, en el actual escenario de violencia fratricida, que ha rasgado el tejido social.

Las modificaciones que el Senado de la República consideró necesarias a la Iniciativa del Ejecutivo, fue que mientras que el proyecto señalaba que los particulares debían probar el origen honesto de sus bienes, la ley obligará al Ministerio Público Federal a aportar pruebas, en caso de que se encuentren bienes de origen ilícito.

También se sugirió la creación del Juez Especializado y que con los bienes de que se apropie el Estado, se deberá cubrir el daño padecido por víctimas. Los legisladores del PRD recordaron que hace más de dos años presentaron una iniciativa propia sobre la Extinción de Dominio, figura que otorga al Estado el poder de atacar a las mafias donde más les duele: la posesión de inmuebles, empresas, diversas propiedades, así como depósitos financieros y dinero en efectivo. Esto podrá ocurrir aún cuando los procesos penales en contra, por ejemplo, de los narcotraficantes, estén en curso.

Por su parte, Convergencia Democrática, expresó el acuerdo de su bancada con la ley y los cambios que se aplicaron en comisiones, y subrayó que tras el cumplimiento del Poder Legislativo quedará en manos del Ejecutivo, del Banco de México y del sistema bancario dar resultados en el combate al lavado de dinero del narcotráfico. La Cámara analizará las modificaciones y en su caso, las aprobará

Con la Ley de Extinción de Dominio se pretende tener un instrumento efectivo “para golpear a la delincuencia organizada en lo que más le duele, que es en los aspectos financiero y patrimonial”, afirmó la PGR. La dependencia expuso que la Ley de Extinción de Dominio es una acción contra los bienes, pero siempre en el marco de la Constitución, pues no se trata de hacer una aplicación arbitraria sino de una acción efectiva que “nos permita a los mexicanos acceder a bienes que hayan sido obtenidos a partir de actividades ilícitas”.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el Presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana (APIT), Alfredo de la Lama Paullada, expresó que existe un gran temor por los propietarios de la ciudad al perder sus inmuebles si sus arrendatarios las utilizan para actividades del crimen organizado al aplicarse la Ley de Extinción de Dominio a partir de este mes.

Los inmobiliarios se organizan para lanzar una campaña de información masiva, pero antes requieren de asesoría legal y de crear un blindaje para que los propietarios no se vean afectados al perder sus propiedades por no poseer información sobre a quienes vendieron o rentaron. Enrique Rosales, asesor jurídico de APIT, dijo que implementarán formatos-contratos para los interesados en comprar o rentar y en donde se especifiquen antecedentes penales, actividades profesionales o comerciales, así como propiedades, todo esto ante notario público.

Los miembros de APIT aseguraron que una solución sería que al establecer contratos con terceros llevar al Registro Público de la Propiedad y el Comercio el documento de arrendamiento donde se asegure que los inquilinos cuentan con calidad moral. Lamentablemente la dependencia no tiene estas atribuciones.

Los profesionales inmobiliarios ratificaron que será crucial orientar a la comunidad para proteger años de esfuerzo para construir su patrimonio, porque si no se toman las medidas adecuadas perderán su propiedad o quedará incautada por tiempo indefinido.

Lo más importante es mantener la actividad inmobiliaria. La APIT se reunirá próximamente con los Diputados Federales electos por Baja California para que se tomen en cuenta sugerencias y evitar la quiebra del sector inmobiliario en la región.