Por: Jaime Martínez Veloz

Las elecciones del 2009 han dejado en claro que el tema de los Derechos y Cultura Indígena no constituye una prioridad en la agenda de ninguno de los partidos políticos, mucho menos de las televisoras convertidas en agencias públicas de ministerio público o supuestos árbitros (vendidos) de la contienda electoral. El ruido mediático estuvo lleno de frases insustanciales, propuestas simplonas y carencia de debates sobre los temas importantes del país.

Dos son las excepciones del proceso. La primera de ellas es la postura mesurada e inteligente de Beatriz Paredes que se impuso a los grupos soflameros del PRI, que en apariencia de supuesta radicalidad, le exigían entrar al terreno de la camorra que provocaba el renunciado Presidente del PAN. Algunos gobernadores que le reclamaban entrara al toma y daca ante las provocaciones panistas, hoy le intentan escamotear el acertado esquema táctico. Curiosamente los pregoneros de Televisa coinciden con las formulaciones de aquellos que presumen, el triunfo del PRI se le debe sólo a ellos. No obstante en la mente de muchos mexicanos, quedará grabada la lección de política, que le dio al defenestrado líder del PAN, en el único debate que se produjo en la pasada campaña.

La segunda es la capacidad mostrada por Andrés Manuel López Obrador, para hacer un ajuste táctico en Iztapalapa, ante una actitud sinvergüenza del Trife, cuyo impacto al interior del PRD hubiera sido menor, si la dirigencia hubiera optado por fortalecer al partido como institución y no apoyar una decisión con un tufo político para golpear al PRD. En contra de la caballería del Tribunal Federal Electoral y Televisa, López Obrador sacó un triunfo emblemático en Iztapalapa. Los próximos pasos deberán producirse con extremo cuidado para consolidar lo alcanzado.

La estrategia del PAN diseñada por el mercader publicitario Antonio Solá, cimentada en el combate al crimen organizado, para provocar el temor entre el electorado, se le revirtió a ese partido, que terminó como el gran derrotado de la contienda. El español de todos modos cobró lo suyo y se fue de vacaciones, dejando sumido a su cliente en la derrota.

Las televisoras en búsqueda de ampliar su red de intereses, golpearon desde cualquier ángulo, al proceso electoral, con el propósito de impedir algún hipotético marco de reformas legislativas que pudieran reducir sus ganancias. Critican el exceso de los gastos de campaña, pero nunca lo que ellos se embolsan en estos procesos, que según cálculos anteriores a esta campaña se llevaban 70 por ciento del gasto electoral.
La izquierda centró su actividad electoral en el reparto de cuotas entre quienes aportaron recursos para sus respectivas candidaturas. La convocatoria del PRD, fue una mascarada, al final de cuentas lo importante no era el proyecto de nación, ni los temas de la agenda nacional. Donde hubo elecciones internas, la competencia fue a despensa abierta y en la distribución de las plurinominales, se impuso el pago de facturas a la campaña de la dirigencia perredista. Tuvo más capacidad la Coalición PT-Convergencia para impulsar cuadros de estatura nacional, que habrán de constituirse en referentes importantes en la conformación de la agenda y desahogo de la agenda legislativa. Con menor número de diputados, pero con mayor formación y experiencia política, los legisladores del PT y Convergencia, tendrán un papel de mayor relevancia en la próxima legislatura.

En medio de este jaloneo, los grandes temas nacionales, los que afectan a millones de mexicanos, pasaron a segundo plano o muchos de ellos quedaron en el olvido. Es claro que la actual dirigencia del PRD, no tiene la menor intención de recuperar para la agenda nacional, el tema de Derechos y Cultura Indígena. No está en sus prioridades. Su aval a la iniciativa de Ley que desnaturalizó los Acuerdos de San Andrés, se ha confirmado con el tiempo, abandonado un tema que debería ser parte sustantiva de la izquierda mexicana.

Los problemas que sufren las comunidades indígenas, no tienen correspondencia con las respuestas institucionales. Después de ocho años de aprobadas las modificaciones constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, que desnaturalizaron los Acuerdos de San Andrés, los resultados están a la vista.

Las mismas miserias, palabras y mentiras. Los indígenas siguen siendo objeto, no sujeto de las políticas públicas, diseñadas al margen de su realidad. El corto plazo, burocratismo y palos de ciego dominan las acciones del Gobierno Federal en materia indígena. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sigue marcando a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán, con una alta población indígena con los indicadores de desarrollo humano más bajos del país, incluso por debajo del nivel de vida de países centroamericanos.

El rechazo de los pueblos indígenas a la ley indígena aprobada en el 2001, no era producto de un capricho sino expresión de una concepción construida colectivamente por los pueblos indígenas de México. Ocho años de fracaso en materia indígena demuestran la validez de los argumentos zapatistas, cuya prudencia, ha impedido el escalamiento de conflictos mayores. A pesar del tiempo y las carencias, la fortaleza anímica y el trabajo creativo del EZLN y las juntas de buen gobierno, han consolidado sus estructuras organizativas.

La nueva legislatura tiene la oportunidad de construir con cuidado un procedimiento que recupere el debate sobre este tema, o pasar como una más de carácter anodina, monocorde y genuflexa.