Por: Agustín Basave

Las elecciones del pasado 5 de julio dejaron varias lecciones: una positiva es que la campaña negra, es decir, la guerra sucia en el terreno de la propaganda, no es siempre eficaz. Otra negativa, es que los móviles electorales siguen distorsionando las políticas públicas, como se demostró con el lamentable manejo que se realizó de los operativos contra la narcopolítica.

Dos lecciones más de fondo son que nuestro presidencialismo es disfuncional y necesita una buena dosis de parlamentarismo y que los sistemas democráticos contemporáneos privilegian el culto a la personalidad y relegan las ideas. Esto último sólo puede corregirse, a mi juicio, creando mecanismos de rendición de cuentas y consecución de promesas electorales. El célebre “mandato de las urnas” es la conclusión a la que políticos y académicos llegan tras de elucubrar y conectar miles de decisiones a menudo inconexas. ¿No sería mejor imprimir en la boleta, junto al nombre y en lugar de la fotografía del candidato, la descripción en un par de renglones de sus dos o tres propuestas principales?

¿No convendría supeditar la continuación del gobernante o del legislador en su cargo al cumplimiento de sus compromisos electorales? Quienes queremos que la democracia siga siendo la fuente de legitimación de poder por antonomasia no podemos conformarnos con el actual estado de cosas, porque el desencanto con los regímenes democráticos puede llevarnos a regresiones autoritarias.

Pero existe una enseñanza más importante que nos urge asimilar a los mexicanos: la gobernabilidad es producto de un acuerdo en lo fundamental incluyente y de una sociedad razonablemente justa, y en este país ambas cosas brillan por su ausencia. Esas carencias se harán más visibles a partir de ahora, con una nueva legislatura electa, cuando dos peleas encarnizadas salgan de la clandestinidad: la de los que buscan la Presidencia de la República del 2012 y la de quienes intentan sobrevivir a la crisis socioeconómica de México. En los últimos meses la primera se disfrazó de temas de campaña y la segunda se escondió tras la cortina de financiamiento efímero que postergó los efectos más nocivos de una economía terriblemente deteriorada. Pero ambas son ya inocultables, y cada día que pase serán más peligrosas.

La disputa por el poder es de minorías y la lucha por el bienestar es de mayorías: una genera violencia política y la otra puede detonar, si no corregimos el rumbo, violencia social.

He aquí el desafío en este precoz fin de sexenio. Todos tenemos que impedir que se suelte el tigre mexicano, porque todos perderemos si no somos capaces de dirimir nuestras discrepancias sin abrir la puerta al caos. Y es que, como diría Mao, nuestro pasto social está seco y debemos guardar los cerillos mientras lo regamos. El aumento del desempleo y de la pobreza, el desbocamiento del crimen organizado y hasta el simbolismo milenarista (o centenarista), todo empuja en la misma dirección: el 2010 como el año en que viviremos en peligro y el 2011 como la última prueba de sensatez. El problema se empezó a agudizar en la anterior contienda electoral, y si bien la polarización que se generó entonces en torno a la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador ha disminuido, la crispación sigue latente. Hay que atender sus causas, que son la injusticia social y la exclusión política.

Lo vengo advirtiendo desde hace cuatro años. Permítaseme citar uno de mis artículos de Excélsior ("Democracia hemipléjica"), publicado el 11 de septiembre de 2006: "La política se hace de una realidad y muchas percepciones. En la mente de los perredistas, de la gente que fue y es de izquierda, la especie de que había que impedir el triunfo de López Obrador a cualquier precio sigue reverberando. Para ellos es la repetición de 1988, de todas las elecciones en las que se les hizo fraude para impedir que llegaran al poder. Por eso la frase de que en la democracia nadie pierde para siempre no les hace mella. Porque perciben que existe la consigna de no dejarlos ganar, de pararlos a la mala. Y se trata de una percepción que en este proceso electoral algunos se empeñaron en fundamentar. Esos que fueron más allá del apoyo legítimo al PAN y a Felipe Calderón; esos que, por cerrarle el paso a quien habría sido un presidente de izquierda moderada, seguramente contribuyeron a engrosar en un futuro no muy lejano las filas de la izquierda violenta. Y es que la más deplorable consecuencia de la iniquidad y de las turbiedades del proceso y de la negativa del Tribunal Electoral al recuento total de los votos es que no son pocos los izquierdistas que se están convenciendo de que por las buenas nunca los van a dejar llegar".

Es anómalo que el país de las desigualdades no haya sido gobernado por la izquierda. El más soslayado y terco de los datos duros en México (el tercio de nuestra población sigue descalificando los comicios del 2006), explica el considerable número de izquierdistas decepcionados de nuestra democratización al grado de creer que sólo la movilización desestabilizadora puede llevarles a la Presidencia. La mezcla de esta percepción de veto a la izquierda con la miseria y la inseguridad y con la misma política económica y social da como resultado una gobernabilidad asaz frágil. Y no estoy hablando sólo del riesgo de la guerrilla. A menudo se nos olvida que entre la izquierda armada y la izquierda democrática hay un punto intermedio, un paraje donde una parte de los socialistas mexicanos se siente a gusto y donde detuvo su peregrinaje de la revolución a la democracia. Es la insurgencia civil, la vía boliviana, la protesta en el filo de legalidad e ilegalidad que presupone que sólo haciendo ingobernable el país podrán llegar al poder.

Lo que viene es un Congreso enconado. Un PRI fortalecido que probablemente deje atrás su estrategia de colaboración con el gobierno para erigirse en opositor; un PRD cuya fractura dificultará la negociación y un PAN que tenderá a dividirse entre calderonistas y quienes intentarán recurrirán a la estrategia calderonista de rebelarse contra el sometimiento del partido al Presidente. Salvo a los incondicionales de Felipe Calderón, a todos les convendrá presentarse ante el electorado como oposición y contribuir al fracaso del gobierno. Con esa correlación de fuerzas políticas, ¿cómo se va a hacer frente al peligro del desbordamiento social?

Cuidado con la tentación autoritaria y militarista, que es la peor de las salidas, como el conflicto hondureño nos lo está recordando. La solución es doble. Se requiere, por una parte, un nuevo acuerdo en lo fundamental que no excluya a la izquierda, que incentive su aggiornamento y la modernización de la derecha, y por otra, un cambio de las políticas económica y social que permita construir un orden más justo. Si no empezamos a forjar ese nuevo acuerdo social, el fantasma de la ingobernabilidad puede adueñarse de México. Y si creemos que tenemos mucho tiempo para hacerlo quiere decir que aún no hemos asimilado la gran lección de la elección.