Iliana Álvarez / SIP

Botón de muestra: el caso David

La famosa Alerta Amber probó la ineficacia de los funcionarios en la Procuraduría Estatal y la simulación en la impartición de justicia e investigación en Tijuana.

El pasado 27 de mayo la PGJE sintió haber dado un gran paso para la búsqueda de personas desaparecidas, dando a conocer el inicio de una coordinación con Estados Unidos para la Alerta Amber, la cual inició en 1995 en el Estado de Texas, tras el secuestro y asesinato de una menor llamada Amber. Ello ocasionó el desarrollo de un proyecto de solidaridad entre autoridad, sociedad y medios de comunicación, con la finalidad de difundir rápidamente la información sobre algún niño desaparecido convirtiendo a la población en ojos y oídos para la búsqueda de menores. El mencionado proyecto ha logrado la recuperación de 257 niños a través de una excelente coordinación nacional en el país del Norte.

Llevar a cabo esta tarea no es fácil, Estados Unidos Además de auxiliarse de los medios de comunicación, implementó pantallas en los freeway, que son encendidas de inmediato cuando un menor es raptado, proporcionando los datos del pequeño, así como su nombre, ropa que portaba la última vez que lo vieron, así como datos del vehículo o de las personas que lo plagiaron.

La finalidad entre Estados Unidos y Baja California es coordinarse para contribuir en la búsqueda de los menores, debido a que un estudio del 2004 a la fecha reveló que 381 niños fueron llevados a las fronteras.

En Baja California el programa será dirigido por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), quienes debido a la falta de freeway y pantallas electrónicas, en una primera fase invitaron al transporte público y a las empresas de venta de lácteos para difundir a través de sus productos las fotografías de los pequeños desaparecidos.

Las propuestas dejaron al descubierto que la PGJE no ha comprendido la verdadera dimensión de la famosa alerta. No desmerece el trabajo que quieren realizar, pero utilizar los producto lácteos no es buena idea, debido a la tardanza de imprimir las fotografías y aplicarlas como desean, llevaría más de un día. Ese tiempo prácticamente pone en peligro la vida de los menores, pues de acuerdo al Programa de Protección de Menores norteamericano las primeras 24 horas son vitales para localizar a un niño con vida.

Por si fuera poco, dentro de la PGJE existe una gran descoordinación para efectuar el programa, debido a que los fines de semana no hay quien supervise o quede de guardia para atender los casos de niños desaparecidos.

Por ejemplo, el pasado 6 de junio el pequeño David Lizárraga de 8 años fue secuestrado en Tijuana; fue hasta el día siguiente cuando la alerta se activó y la PGJE proporcionó sólo un comunicado a los medios sobre lo ocurrido y ni siquiera se inició una verdadera investigación.

En el caso del pequeño Lizárraga, dos días después de su desaparición se convocó a rueda de prensa para dar la información completa de los hechos, reacción tardía que no ayudó de mucho para encontrar con vida al menor. Protección Civil fue la entidad que organizó cuatro grupos para realizar una búsqueda en los alrededores del lugar, acción que debió haber llevado a cabo la PGJE desde el mismo día del secuestro del menor.

Como ya se mencionó el éxito del programa consiste en actuar en las primeras horas de la desaparición del menor, por lo que se debe actuar rápidamente; en este caso no se logró porque no se actuó con eficacia. A pesar que el acuerdo establece claramente que la familia debe denunciar inmediatamente, con David no se implementó, debido a que nadie atendió a la madre en las instalaciones de la PGJE.

Esta situación demuestra que la PGJE no cuenta con la coordinación necesaria para llevar a cabo este programa, tal vez sea su falta de experiencia. La realidad es que si la autoridad no le interesa preparar a colaboradores para llevar a cabo con éxito la alerta Amber en Baja California, el programa está destinado al fracaso.

Suman dos puntos en contra: el primero consiste en la falta de coordinación y el segundo, en la carencia de infraestructura para que los mensajes sobre las criaturas desaparecidas aparezcan en las emisiones de los medios de comunicación en el mismo momento que se enciende la alerta, tal como ocurre en los Estados Unidos.

La única forma en que puede funcionar en Baja California es a través de los medios de comunicación, aunque ni siquiera se han establecido acuerdos sobre la manera en como manejaran este tipo de información. La clave está en convencer a televisoras, radiodifusoras, y páginas de Internet para que en el momento preciso emitan la alerta de un menor desaparecido. Otra opción pueden ser las cinco pantallas de la ciudad, pero ni siquiera han sido consideradas por la PGJE.

Existe una noble actitud de la autoridad, pero es indispensable que afinen sus acciones y preparen al personal involucrado en el proyecto para actuar rápidamente cuando un pequeño desaparezca, y no enfrente al mismo final del caso Lizárraga.