Por: Héctor Mares Cossío / SIP

En la elección intermedia del sexenio 2006-2012 que preside, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa volvió a quedar presente la ambición de obtener por parte de una sola organización o individuo, el control de más de un Poder de Gobierno.

La Constitución expresa en su Articulo 49 y cito: El supremo poder de la Federación se divide en para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o mas de este poderes en una sola persona o corporación. Fin de la cita.

Por lo anterior, y aun cuando México ha transitado a una vida política democrática a partir de los cambios al sistema electoral desde el año de 1991 en que se creo el Instituto Federal Electoral y con ello quitarle el control de las elecciones al gobierno, los gobiernos que han emanado de este nuevo esquema electoral se han aferrado a continuar con prácticas que deberían quedar en el pasado.

Acciones políticas como mantener un partido de Estado, intromisión directa del Poder Ejecutivo en la toma de decisiones de dirigentes de partido y candidatos, uso de recursos públicos en apoyo a las campañas políticas, acciones estratégicas del Ejecutivo en tiempos electorales y hasta descalificación de los opositores en campaña, ha sido el signo de quienes hoy se dicen Presidentes de la República emanados de la Democracia.

El ultimo Presidente de la República emanado del PRI, Ernesto Zedillo reconoció que en su campaña hubo inequidad hacia los opositores, reconociendo con ello la intromisión de su antecesor, tanto en su designación, como en la campaña política que lo llevó al poder.

Vicente Fox, primer presidente de Acción Nacional y que fué electo en un proceso electoral sin mayores impugnaciones y hasta reconocido su triunfo de manera prematura por Zedillo, no resistió la tentación de tener dominio sobre el Poder Legislativo y aunque en su mensaje de Toma de Posesión inauguró la frase “a partir de hoy, el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone”, en los hechos demostró arrogancia y desprecio en su trato a los diputados y senadores al querer siempre imponer su voluntad.

Ahora en 2006 en las elecciones para renovar la Cámara de Diputados, Calderón le apostó nuevamente al partido de Estado y envía desde la Presidencia de la República, pasando por una Secretaria de Estado a uno de sus mas cercanos intérpretes de sus sentimientos.

Porque decir que el discurso beligerante de Germán Martínez Cázares, presidente, hasta un día después de las elecciones del 5 de julio, del Partido Acción Nacional, no fue aprobado por el presidente de la República, seria desconocer las elementales formas de gobernar.

Cuando un Gobernante opta por mantener un partido de Estado, asume los riesgos y costos políticos que esto representa y por ello decimos que esta fue una elección fallida del presidente Calderón.

No han querido entender los nuevos gobernantes que los electores ya no son manipulados como antes. Hoy los mexicanos cuentan con demasiados recursos de información que ya no es tan sencillo para un gobernante evadir sus responsabilidades.

Decir en campaña que no se cumplió la generación de empleos porque vino una “crisis de afuera” o recordarle a los mexicanos devaluaciones del pasado queriendo ocultar que en la presente administración se ha devaluado el peso hasta un cincuenta por ciento (recordemos que Calderón recibió el peso a nueve por uno y llego a cotizarse hasta 15 por uno) y llegar a la confrontación y descalificación como lo fue el discurso agresivo de Germán Martínez, definitivamente no le dieron los votos esperados  y llegó la debacle.

Deberán estos políticos entender que no tienen un cheque en blanco de quienes votaron, y mucho menos la confianza de quienes se abstuvieron o anularon su voto. Por ello, la propuesta reeleccionista que el pasado 3 de julio de 2009 fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión vino a empañar el triunfo priista, ya que fue esta fracción quienes de espaldas a la Nación y contraviniendo la historia de México y hasta su propia Plataforma Electoral, pretender violentar el espíritu democrático y nacionalista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.