Por: Jaime Martínez Veloz

(O esperar que la historia nos
alcance o atropelle)

La Reforma del Estado que requiere nuestro país, tiene la misma dimensión histórica de la Independencia, la Reforma o la misma Revolución. Ni más ni menos.

Existe una irritación social en contra de la clase política mexicana en amplios segmentos de la sociedad mexicana. Fundados motivos se tienen para desconfiar de quienes nos gobiernan.

Hasta hoy no existe una respuesta coherente, articulada y convincente por parte de los dirigentes partidarios, mucho menos una reflexión autocrítica que confronte el desprestigio ganado a pulso y la campaña de linchamiento realizada por los medios electrónicos en contra de los partidos políticos, aprovechando la ocasión para el ajuste de cuentas.

La concentración del poder en las burocracias de los partidos grandes y chicos, la banalización del debate nacional y los magros resultados en todas las materias de la vida pública, han abonado para la creación del mayor descrédito que se tenga memoria de la llamada clase política mexicana, en especial de los legisladores y dirigentes partidarios.

Sin embargo, ante un tema harto complejo y delicado, es necesario el establecimiento de una serie de precisiones, que nos permitan aclarar paradas.
En gran medida ha contribuido el comportamiento de muchos legisladores y dirigentes partidarios para socavar la credibilidad de esa representación popular y del sistema de partidos, pero también no se puede soslayar la agresiva campaña por descalificar al Poder Legislativo, sobre todo en los tiempos en que se han sometido a la consideración del Congreso de la Unión, iniciativas de ley con afanes privatizadores o relacionadas con el control de los medios electrónicos.

Vicente Fox no dudó en poner contra la pared a los legisladores cuando intentaba privatizar la CFE, cuando pretendía se le avalara su activismo contra Cuba o cuando quería imponer el IVA a alimentos y medicinas. Televisa y TV Azteca, lo acompañaron con singular alegría, denostando a cuanto legislador pudieran, las más de las veces con mentiras o información distorsionada.

Televisa logró con Fox lo que quiso: saneó sus finanzas que arrastraban adeudos por más de mil millones de dólares. El duopolio consiguió la eliminación del 12.5 por ciento de los tiempos oficiales a través de un Decreto Presidencial. Se formalizó una alianza informal con TV Azteca, para evitar cualquier otra opción televisiva. Ambas televisoras frustraron desde el 2004 una nueva ley de medios electrónicos; garantizaron hasta el 2030 su dominio y concentración sobre un bien público concesionado como son las señales de radio y televisión; consiguieron 165 permisos para abrir centros de apuestas y salas de juego remotas y van por más, ¿y todavía lloran?

El país tiene graves problemas que trascienden el ruido de las televisoras. Estamos sumidos en la más espantosa crisis económica, política y social que se tenga memoria en el México contemporáneo. La realidad nacional demanda un nuevo pacto de unidad republicana en lo económico, en lo político y en lo social.

La creciente inseguridad pública, la pobreza de decenas de millones de mexicanos, la falta de expectativas para los jóvenes y de esperanza para los adultos mayores; el deterioro de los recursos naturales; la desigual e inequitativa distribución de la riqueza nacional; la desintegración y violencia intrafamiliar; la ruptura del tejido social y la guerra de Chiapas; el narcotráfico; la existencia de grupos armados en varios estados; la falta de conciencia colectiva; la opresión hacia la mujer; la discriminación a las minorías; la pérdida de confianza en las instituciones y la falta de credibilidad de éstas, así como la amenaza de la devaluación, forman parte de una más amplia y compleja problemática, que es necesario enfrentar en un marco institucional y con base en una estrategia que sume la voz y la acción de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación, en la búsqueda de un México mejor y más justo para todos.

El desempleo, la inseguridad, las adicciones y la incompetencia flagelan a la sociedad mexicana. Producto del modelito económico que nos han impuesto, México no tiene el control de sus fronteras. Puertos y aeropuertos son administrados por gerentes de medio pelo nombrados en España, Dinamarca, Francia, China, Estados Unidos y Alemania.

Los puertos y aeropuertos mexicanos constituyen parte del entramado de las acciones ilícitas del crimen organizado.

No sólo les fueron entregados estos importantes espacios de seguridad nacional a las compañías trasnacionales que los administran, además les entregaron empresas que eran rentables para los ingresos del país. La entrega de puertos y aeropuertos a extranjeros se hizo ante la complacencia y el silencio de los críticos televisivos. De este tema ni una sola expresión de inconformidad. ¡Los mariachis callaron!

El puerto de Lázaro Cárdenas está en manos de la Empresa China Hutchinson Hampoa, que se hizo de la concesión mediante una acción ilegal permitida por el gobierno de Fox. Curiosamente, por ahí entraba la efedrina proveniente de Oriente que le fue decomisada a Zhenli Ye Gon, a quien le encontraron 205 millones de dólares en una casa de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

Las adicciones son un cáncer que crece y se disemina a lo largo y ancho del territorio nacional. Las oportunidades de estudio se reducen en la medida que la crisis impacta las finanzas familiares y las del Estado. Sólo dos de cada 10 jóvenes pueden acceder a una opción educativa, los restantes oscilan, entre el subempleo, la maquila, la migración, las adicciones o su incorporación a bandas delictivas, con el espejismo de un rápido ascenso social o conseguir dinero fácil. El futuro no promete mucho para los jóvenes mexicanos.

El crimen organizado ha desbordado la capacidad de las instituciones para controlarlo, siendo la inseguridad pública, hoy por hoy, uno de los principales problemas de México.

El avance de la inseguridad pública, es reflejo de la existencia de un poder criminal paralelo producto de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada. Por ello, la gobernabilidad habrá de dejar de considerarse como un asunto de conducción administrativa y técnica de los recursos del país. Debe pasar a ser un verdadero asunto de Estado, en donde lo importante sean las personas; que a partir de una participación democrática, plural e incluyente, permita llegar a acuerdos políticos del más alto nivel y en los cuales participen las fuerzas políticas y la sociedad misma, bajo la premisa de que es el momento de darle a la sociedad el peso político que realmente le corresponde.

El nuevo pacto debe ser construido a través de un proceso de diálogo nacional en el cual participen los partidos políticos, las organizaciones y agrupaciones sociales y políticas, los organismos no gubernamentales, el sector productivo y de servicios, las instituciones educativas, intelectuales y artistas, los medios de comunicación, los trabajadores de la ciudad y del campo, los ayuntamientos, los congresos y gobiernos locales, los poderes de la Federación y los ciudadanos que, sin importar su filiación partidista o credo religioso, quieran participar y comprometerse en la solución de los problemas nacionales.

Este diálogo nacional, deberá ser convocado una vez integrada la próxima Legislatura del Congreso de la Unión.

Lo anterior, toda vez que en su seno convergen todas las fuerzas políticas que integran la representación nacional y es el Congreso el escenario natural en el que deben discutirse los grandes temas de interés general.

Este es el compromiso que deben asumir todas las formaciones partidarias, sin mezquindad ni regateos. Lo que está en juego no son sus triunfos o derrotas sino el destino del país.

Si alguna de ellas piensa que puede sobrevivir sin las demás o maniobrar para seguir jugando con ventaja, se equivoca, porque la única posibilidad de que nuestro país, trascienda a la actual circunstancia, es en un México incluyente, justo y democrático.

Cualquier otro escenario nos llevará a la confrontación social, sin descartar la armada, que sería el peor de los escenarios, pero cuyas posibilidades se amplían en la medida de la sordera de los grupos de poder económico y político.

La orientación, profundidad y extensión de los cambios que habrán de impulsase, es el punto inicial de coincidencias y controversias. Introducir modificaciones puramente cosméticas para eludir la acusación de radicalismo o exigir la demolición inmediata del viejo orden para demostrar firmeza política, conforman el paralelismo de los radicalismos que, finalmente, comparten la misma intolerancia. Por fortuna, la influencia social de esta intolerancia es insignificante.

Para México, la Reforma del Estado no es prescindible, es una necesidad de cuya satisfacción dependen la paz interna, la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial.

En su reforma, el Estado debe empezar por replantear su relación con la ciudadanía. Ante la inexorable trayectoria de los procesos económicos y financieros, que ha hecho perder décadas de esfuerzo a millones de mexicanos, tiene importancia capital restituir a la ciudadanía la capacidad de decidir sobre su futuro y destino.

Reforma nacional y del Estado, con el pueblo y por la nación, es la consigna de una amplia convocatoria que debe ser lanzada antes de que sea demasiado tarde.

La Reforma del Estado debe trascender a cúpulas y élites para convertirse en un ejercicio profundamente democrático, cuyo requisito es la presencia activa de la sociedad en la reformulación de sus relaciones con el Estado, concebido éste como entidad subordinada a la voluntad colectiva.
La transición mexicana hacia una democracia moderna no podrá omitir esta sentencia. Al gobierno de la República, al Congreso de la Unión, a los partidos y corrientes políticas como suma y en particular a cada uno, tocará decidir el carácter de su participación: como compañero de viaje en el gran curso nacional o como escollo avasallado.