Por: Aquiles Medellín Silva

 

La democracia en un país se mide más por el número y vitalidad de sus instituciones civiles, cuerpos profesionales, movimientos cívicos, cooperativas (por su democracia interna), que por el volumen de votantes a un Congreso alejado del pueblo. Esto lo afirma un ciudadano convicto y confeso. Un ingenuo votante ciudadano que espera un día no lejano tener autoridades realmente civiles al servicio de la sociedad, no de unos cuantos. Porque todo es redondo, la historia ni comienza ni termina.

El miedo universal, hoy, es que muy pocos votarán. México interesa, pero los partidos ni sus candidatos movilizan. La experiencia vital. La ley de los grandes arreglos de unos cuantos socava la sensación de que uno tiene que controlar su propio destino. En cambio, aquello a lo que puedes poner cara, donde la autoridad es accesible, vulnerable y con capacidad de diálogo, permite mucha más democracia. Por lo tanto, la definición misma de lo que algunos llaman apatía de la ciudadanía debería revisarse. Si los políticos se comportan como destructores del Estado, ¿por qué seguimos dejándoles que lleven el volante del gobierno? ¿Qué hacer?

 

Hace mucho que la democracia va adelgazando en todas partes. Lo muestra un hecho indiscutible: todos sabíamos que la democracia política se basaba, entre otras cosas, en la posibilidad de la llegada al poder de fuerzas y grupos que representaran otras perspectivas ideológicas y sociales. Ahora es claro que nos conformamos con la mera alternancia, a pesar de saber que los relevos no presentan ni representan una real alternativa.

 

Ha contribuido a ello, claro, la caída de mejoras sociales. A mí, no me ha parecido nunca que el sistema como lo vivimos hoy fuese una alternativa deseable, pero su mera existencia provoca y perfila proyectos occidentales propios, capaces de resistir frente al capitalismo tosco y duro. Eso acabó. El capitalismo se ha desinhibido del todo: no busca ningún cambio sustancial y pretende perpetuarse en el control del mundo, tanto de los ricos como de los pobres, sobre todo de estos últimos.

 

Después de involucrarnos en una crisis tremenda, basada en el robo, la estafa, la especulación y el egoísmo desenfrenados, aún saldrá fortalecido. Porque la recuperación (¡ay!) de la crisis es en efecto una reforma del capitalismo, pero no para eliminar sus raíces más nefastas, sino para que funcione mejor, y esto significa que pueda trabajar creando mayor desigualdad, injusticia y expoliación. Eso sí, con más diseño, legalidad y aceptación.

 

Uno de los grandes dogmas ideológicos del sistema es que los buenos son siempre centrados, mientras que los radicales son malos. Es el elogio del extremo centro, que ha conducido a la desideologización de la sociedad, a la atonía y la apatía de las ideas, a la mediocridad más absoluta. Es gracioso (en realidad, da rabia) que la propaganda moderna gire en torno de la innovación, mientras se quieren mantener las ideas antiguas con las prácticas de siempre: desigualdad y menosprecio. Terrible confusión.

 

De momento, el capitalismo ha ganado el debate de las ideas. Y no habrá mejora para la humanidad si no hay cambio de ideas. Es espectacular ver cómo los modernos de hoy, son los repetidores dogmáticos de verdades fracasadas pero interesadas.

 

La democracia no está al abrigo de las corrupciones, ni los políticos demócratas, de los errores. El sistema se defiende de esos abusos con el derecho, desde luego, y también con la responsabilidad política. Es ésta una especie de fusible social con el que se garantiza la salud moral de la democracia.

 

El problema de la responsabilidad política es que no se sabe muy bien cuándo y cómo y a quiénes debe aplicarse. De entrada, la responsabilidad política poco tiene que ver con culpabilidad penal. El filósofo Karl Jaspers se vio obligado, en 1946, a escribir un libro, dirigido a sus paisanos alemanes para aclararles que las culpas por la Segunda Guerra Mundial no afectaban sólo a los dirigentes nazis que luego serían condenados en el juicio de Núremberg. Éstos eran, desde luego, grandes delincuentes, pero algo habría que decir de los que callaron o consintieron; algo también de los que formaban parte de un Estado criminal.

 

Jaspers habló entonces a la población que hizo su vida en el régimen nazi de la responsabilidad moral y política, para referirse a los que callaron. Sin el silencio o el consentimiento de las masas, Adolfo Hitler no hubiera llegado a donde llegó; y los alemanes comieron, bebieron, hicieron negocios, disfrutaron de los beneficios y soñaron con el poder y la gloria que les prometía el régimen hitleriano. Unos fueron culpables, y los más, responsables.

 

En el Código Penal no hay lugar, salvo casos excepcionales, para delitos por no hacer nada, ni por el hecho de nacer en un Estado fallido sin el concepto de responsabilidad, empero, sí se hace cargo de esas circunstancias, entendiendo que hay un punto de inmoralidad en el hecho de mirar hacia otro lado o de aprovecharse de los frutos que procura un Estado como el hitleriano. Y ante esa inmoralidad hay que responsabilizarse sea pidiendo perdón, indemnizando económicamente o renunciando a seguir en cargos públicos desde los que se pudo hacer más de lo que se hizo.

 

Los casos mexicanos en los que se plantea la responsabilidad política son, evidentemente, muy diferentes. Aquí estamos hablando de una trama de corrupción o de graves negligencias o de espionajes entre personajes de la misma familia (política). Lo que tienen en común estos episodios nacionales con la situación analizada por el filósofo alemán es la existencia de un espacio de inmoralidad, ocupado por dirigentes que, de momento, escapan a la justicia del derecho penal, pero no encajan con la decencia que caracteriza a la democracia.

 

En ese espacio de inmoralidad que sólo puede sanarse con responsabilidad política se juega la superioridad moral del sistema democrático. En efecto, quien asume su responsabilidad y abandona el poder, proclama la autoridad de aquellos a los que sirve y a los que su gestión ha defraudado. Con su gesto, está reconociendo la primacía del bien común, al que subordina su proyecto personal y los intereses del partido o del Gobierno al que pertenece. Lo que justifica el ejercicio del poder en democracia es el servicio al pueblo, y cuando esto se malogra, sea por negligencia, por incapacidad o por aprovechamiento, lo que procede es dejar sitio. Esto es, ser responsable.

 

De joven tuve conocimiento de un político turco llamado Kemal y Atatürk el sobrenombre con el que lo conocían sus conciudadanos. Este hombre fue un patriota que destacó en política por una decisión muy especial: suprimir el califato, imponer un Estado laico, establecer un código civil moderno e introducir oficialmente el alfabeto latino.

 

Yo era un adolescente, un niño, quizá, prácticamente ignorante del mundo político global. No sé cómo me enteré que en Turquía se había producido una revolución modernizadora, radical. A lo largo de los años no he sabido más de ello, pero siempre he pensado que aquél personaje tenía mucho mérito, pues se quedó impreso en la memoria de mis ideas.