Por: Iliana Álvarez / SIP

• Los amparos, sin efecto para autoridades castrenses

Durante la alcaldía de Jorge Ramos, 300 policías municipales han sido dados de baja a través de la depuración policíaca, acción que según la Secretaría de Seguridad ha sido satisfactoria para la corporación. Debido a los resultados positivos, las autoridades municipales no han dudado en cesar a todo aquel uniformado que muestre actitudes extrañas, no pase los exámenes de control y confianza, o si su nombre fue mencionado por algún detenido.

El Ejército Mexicano se encarga del procedimiento interrogatorio, situación que para muchos agentes es francamente insoportable, debido a las técnicas de tortura física y psicológica a las que son sometidos para “hacerlos hablar”.

Durante el mes de marzo del presente, algunos elementos policíacos fueron mencionados en declaraciones de sicarios detenidos, por lo que alrededor de 50 policías fueron citados por los mandos castrenses para interrogarlos y continuar la investigación correspondiente. Entre los indiciados sobresalió el escolta del Secretario de Seguridad, Julián Leyzaola, quien enfrentó el procedimiento de pruebas, pero fue dejado en libertad.

Luego de percatarse que todo miembro de la corporación policíaca puede ser llamado a declarar, 30 policías decidieron ampararse para evitar agresiones como las que sufrieron ocho de sus compañeros inocentes. Aunque los agredidos por el personal castrense no fueron arraigados y lograron regresar a la corporación, no se salvaron de golpes brutales; varios se quejaron incluso de tener fracturas en diferentes partes del cuerpo.

Para los militares, el recurso legal no tuvo validez. Con todo y documento, un grupo de 8 agentes “protegidos o amparados” fueron citados a declarar, situación que causo polémica. Las familias de los policías fueron las primeras en reclamar la acción de los soldados, y luego de que se manifestaron, se asesoraron con abogados y dialogaron con autoridades, consiguieron que los milicianos cambiaran de opinión. Sin embargo, se dejó al descubierto que elementos militares no acatan órdenes federales y no les importa violar garantías individuales de los ciudadanos.

Otra queja que dieron a conocer los policías violentados fue que Julián Leyzaola amenazó a los elementos que titubeaban en no cumplir con lo solicitado por los soldados del XXVIII Batallón de Infantería. También señalaron que, sin avisarles, sólo reciben una llamada de sus superiores pidiéndoles que se presenten en la oficina de Leyzaola; ahí son desarmados e incomunicados y posteriormente trasladados al Cuartel Morelos.

El Secretario de Seguridad asegura que gracias a estas acciones la batalla interna está ganada, sugiriendo que dentro de la corporación son muy pocos los infiltrados. Según sus propias palabras, “ahora sí”, los agentes pueden ser llamados con orgullo “policías”. Afirmó que estas acciones no van a concluir en la administración de Jorge Ramos, a pesar de que tienen presente de que existen inocentes que pagarán los platos rotos.

Agentes que han aprobado exámenes de control y confianza y sustituirán a los policías arraigados que fungían como Jefes o Subjefes de Distrito, tendrán que someterse a evaluaciones más minuciosas por la Secretaría de Seguridad Estatal, que consisten en exámenes psicológicos, poligráficos, toxicológicos y de entorno, pues con ellos esperan avalar a los que merezcan el puesto. Ya no pueden darse el lujo de tener desatinos en medio de la feroz pelea contra el crimen organizado.