Por: Iliana Álvarez / SIP

Luego que se discuta y apruebe en la Cámara de Diputados, la Ley de Extinción de Dominio entraría en vigencia en un periodo de tres o cuatro meses. Dicha ley afecta bienes involucrados en actos delictivos y a través de ella, se podrá disponer de éstos de manera más rápida.

Lo fundamental de esta ley es salvaguardar a los terceros de buena fe que estén involucrados en un proceso de extinción. Los ciudadanos de bien no tendrán problema alguno. Sin embargo, si se trata de delincuentes y éstos utilizan a terceros como prestanombres, será muy difícil para el Ministerio Público acreditar en un plazo de diez días, como marca la ley, que están ligados a la delincuencia.

Existen tres puntos primordiales en la Ley de Extinción de Dominio. En primer lugar, los bienes expropiados se destinarán al pago de reparación del daño a la victima o al ofendido; segundo, para garantizar los créditos persistentes que sean reales y tercero, para las administración de los propios bienes. Se destinarán fondos sobrantes para un fideicomiso que manejara la PGR, sin poder disponer de ellos.

Se informa que no hay cajas chicas, pues las acciones contempladas en la Ley de Extinción de Dominio se efectuarán de manera transparente. Se solicitó que éstas tareas sean auditables y susceptibles de ser supervisadas. Sólo a través del fideicomiso será como se decida en dónde y cómo se aplican los bienes decomisados.

El SAE, o Servicio de Administración de Bienes, organismo que depende de Hacienda es quien administrará estos bienes. Con un procedimiento más rápido y con la posibilidad de disponer de éstos, y en dado caso, de tener que restituir los bienes a su dueño original, se ofrecerá una indemnización, si es que ya no es posible regresar los bienes mismos. El órgano administrador, el SAE, va a tener mayor disponibilidad de los bienes pero todo fiscalizado, para que no existan dudas del destino de los recursos asegurados.

En una primera etapa, se explorarán las conveniencias de esta Ley y se pedirá la opinión de la ciudadanía, sobre todo la de grupos especializados. Lo que se revisa son los planteamientos en el ámbito del respeto a terceros. Hay muchos bienes asegurados y que de alguna manera no tienen ninguna utilidad. Ya se analiza la postura de que se donen a organismos no gubernamentales.

La aprobación y entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio en términos económicos significa millones de pesos. En el caso de bienes que no se puedan acreditar o asegurar, se analiza la creación de la Dirección General de Bienes Asegurados.