Por: Iliana Álvarez / Sistema Informativo PSN

"El día que acusaron a Magaña Mosqueda de chantaje, cuando Entebi habló de grabaciones, aparecieron por arte de magia los resultados de las auditorías contra Hank", observa el abogado Raúl Martínez Avelar

La campaña electoral anterior para renovar la alcaldía de Tijuana estuvo plagada de una serie de señalamientos derivados de la rivalidad partidista y personal entre el entonces candidato panista Jorge Ramos, y Jorge Hank, Presidente Municipal de ese momento. El relevo a cargo de Kurt Honold no marcó la diferencia: el actual alcalde tijuanense criticó la administración priísta acusando a sus integrantes de corruptos.

Cuando Jorge Ramos asume la alcaldía recibe una administración que de la misma forma tuvo el toque especial que brinda la crítica: se habló de compras simuladas, abuso de autoridad, tráfico de influencias, falsificación de documentos para desviar recursos públicos y otras conductas similares.

La Policía Municipal fue especialmente criticada por el panista, al igual que el rubro de limpia pública; la policía se encontraba en crisis por carencia de unidades adecuadas, presencia de oficiales corruptos y todo tipo de anomalías en la operación de ambas dependencias.

En una situación como la descrita lo que esperan los ciudadanos es ver reparado el daño; que los nuevos funcionarios persigan a quienes "transaron" dinero del erario y la corrección del rumbo en las dependencias. Cuando hablamos de un camino correcto, nos referimos a no incurrir en las prácticas criticadas.

De acuerdo con información de Héctor Magaña Mosqueda, síndico encargado de velar por la seguridad patrimonial del municipio, no hay "cacería de brujas", pero hasta noviembre de 2008 se practicaron 150 auditorías especiales al interior del ayuntamiento, es decir, durante el primer año de la gestión panista que relevó a los del partido tricolor.

El funcionario informó que existen 96 expedientes con resultados de conducta irregular en contra de exfuncionarios públicos; en 30 de los casos detectados se han aplicado sanciones a los responsables y algunos han terminado en el ministerio publico.

Todo lo anterior revela que 130 ex servidores públicos fueron encontrados presuntos responsables de delitos patrimoniales por un monto de 150 millones de pesos. La lista es nutrida y aunque no se revelaron nombres, por el cargo que ostentaron, se trata de figuras conocidas.

Entre los sospechosos hay seis exfuncionarios de elección popular, once exsecretarios de área, cuarenta exdirectores de dependencia, catorce exsubdirectores, dieciocho exdelegados municipales, diez excoordinadores de área, diecisiete exjefes de departamento, tres inspectores, cinco cajeros y seis empleados de barandilla.

En relación con la obra pública, ramo sensible de las administraciones municipales, se detectaron pagos indebidos a contratistas por más de dos millones de pesos. Según el síndico se ha logrado recuperar la mitad del dinero a favor del ayuntamiento; en estas pesquisas 18 empresas contratistas fueron excluidas de cualquier trabajo futuro para el municipio y hasta para el Estado por su implicación en conductas corruptas.

Raúl Martínez Avelar, abogado penalista y exagente del ministerio público, indicó a este medio que resulta inadmisible que a pesar de la "romería" de casos irregulares en el manejo del dinero público, el actual ayuntamiento mantenga las investigaciones casi en secreto, más que por lucrar políticamente señalando al partido tricolor o "vengarse" públicamente de las rencillas entre los dos Jorges, (Hank y Ramos), lo condenable es que no parece existir una verdadera voluntad de hacer justicia y trasparentar la función publica.

El abogado señala: "si recuerdas, el día que acusaron a Magaña Mosqueda de tener gente que chantajeaba a policías, cuando Entebi habló de grabaciones, aparecieron por arte de magia los resultados de las auditorías contra Hank. Qué casualidad, es claro que se usan los expedientes negros de exfuncionarios, pero sólo cuando al actual gobierno le conviene".

El exagente del ministerio público también recuerda un caso de fraude cometido contra un particular: “se determina en averiguación previa apenas me otorgue las pruebas documentales y testimoniales la parte afectada, y así, turno de volada. Cómo es que tratándose de estos casos en los que la lana desaparecida o manejada fuera de la ley es del ciudadano, pueden pasar meses y meses y como si no pasara nada".

Todo parece indicar que se trata de expedientes "abiertos" para mantener a raya a los contrincantes, aunque también hay quienes ven con más sospecha esta conducta, porque parece una forma de corresponder al viejo truco de "hacerse de la vista gorda", tanto por miembros del mismo partido y por qué no, los funcionarios actuales que al salir, no dejan las cuentas tan transparentes como quisiéramos.

En medio de este lento proceso administrativo y penal, se recuerda el escándalo de las facturas falsificadas de regidores de la comuna pasada, un caso descarado de prácticas para sacar dinero del presupuesto en el que participaron los miembros de todos los partidos políticos, y no sólo se ha olvidado, el procurador de la época Antonio Martínez Luna evadió el tema hasta el cansancio. Lo que indigna a la ciudadanía es ver que algunos de los regidores en cuestión, hasta diputados se volvieron o por lo menos, siguen en la nómina de otras dependencias.

El actual ayuntamiento de Tijuana es responsable sin duda, de esa lentitud procesal, pero también, es responsable de una serie de prácticas tan oscuras y sospechosas como las criticadas a los antecesores.
Basta recordar las patrullas arregladas sin licitación en el taller "Aragón", con facturas escandalosas e insultantes de unidades patrulla por las que se pagó una reparación hasta cinco veces más costosa que el vehículo nuevo.

Este tema quedó en el saquito de los olvidos de Jorge Ramos, su operador Mario Martínez y el síndico Héctor Magaña Mosqueda, a pesar de que son conductas tan cuestionables como las señaladas a los priístas.
La compra reciente de patrullas tipo Pick Up doble cabina sin licitación despierta otra sospecha. Se trata de unidades adquiridas al socio o patrón del alcalde Jorge Ramos en el negocio del deportivo de frontón en la zona del Río, pero también está de por medio la adquisición a otro concesionario de autos en el Estado, que también es una figura panista de alto vuelo, el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, dueño de Ford en Mexicali.

Al exponer casos como los anteriores el abogado consultado dijo: "no es mucha coincidencia que encontraron que las Ford cumplían las características que Leyzaola pedía”. En realidad, al ayuntamiento sólo le tomaba un día cotejar precios entre todas las concesionarias,  pero tuvieron que atinarle a la marca que venden los amigos, o los jefes del Primer Edil.  

El penalista concluyó: "la ley señala que en asuntos relacionados con seguridad pública puedes comprar equipo necesario en situaciones de emergencia sin pasar por el proceso de licitación, aunque sí es grave la cuestión, pues no hay ninguna alerta declarada por el gobierno federal, ni ley marcial para considerar esa urgencia. Debieron licitar”.