Por: Agustín Basave

Hace unos años, los magos del neoliberalismo buscaban cómo desaparecer al Estado. Hoy todos, templarios de la mano invisible incluidos, buscan la magia para hacerlo reaparecer. En efecto, tan pronto como las fallas del mercado provocaron la terrible crisis económica que padecemos, el mundo entero invocó la vilipendiada presencia e intervención estatal. El Estado es visto para usar la expresión de la sabiduría popular mexicana, como un perro de rancho: hay que amarrarlo cuando hay fiesta y soltarlo cuando hay peligro.

Ahora bien, en México el perro estatal es más flaco que en el primer mundo. Lo es por varias razones pero, fundamentalmente, por nuestra inefable tradición caudillista. Tendemos a privilegiar al hombre fuerte por encima de la institución fuerte. En aquellos países se procura fortalecer a los liderazgos, en el nuestro se busca reforzar a los líderes. Mientras que allá el criterio para medir el poder del gobernante es su capacidad para hacer funcionar el entramado institucional a favor de su proyecto, siempre sujeto a las restricciones que el aparato le impone, acá lo es la habilidad para personalizarlo, sojuzgarlo o en el mejor de los casos ignorarlo.

No debe pues extrañarnos lo endeble de nuestro andamiaje estatal. Cuando cambia el gobierno cambian todos los planes, casi todos los funcionarios y muchas de las reglas del juego. Y cuando hay cambio de régimen cambian los símbolos y hasta los colores. Aclaro que estoy muy lejos de sumarme a las filas del misoneísmo nacional: soy de los que creen que nos hace falta una nueva Constitución, menos lejana de la realidad y más cercana al consenso nacional. Lo que ocurre es que hasta para modificar la institucionalidad se requiere ser institucional, es decir, seguir normas que encaucen las transformaciones en beneficio de la sociedad y no de algunos dirigentes. Pero eso no fue posible cuando el Estado mexicano fue un modelo para armar en manos del mandatario en turno y menos lo será en tanto la anorexia en cualquiera de las modalidades estadófobas forjadas por el neoliberalismo y agudizadas por déficits de legitimidad. Por eso nuestro perro, aunque desamarrado, poco puede hacer para defender la economía. Y apenas puede correr y ladrar para ahuyentar la criminalidad.

La expresión más nítida de esa debilidad es la prevalencia de las reglas no escritas y la concomitante corrupción. La ley no se cumple porque lo que rige tanto al sector público como al privado y al social es una serie de códigos de reglas no escritas producto de esa estatalidad maleable, y en ese esquema cabe todo. Cabe la pérdida de control de territorio auspiciada por la infiltración de los criminales en el sistema de seguridad y de procuración y administración de justicia. Cabe la informalidad de quienes no pagan impuestos o se los retribuyen a otros recaudadores. Cabe la justicia por propia mano, cabe, en suma, la ausencia cotidiana y consuetudinaria de la legalidad. Si se quiere medir la cercanía al abismo del Estado fallido, equipárense los metros a los minutos y cuéntese el tiempo que pasa en México entre una corruptela y la siguiente.

En el primer mundo sobran individuos y grupos que violan la ley. La diferencia es que allá no se invaden las zonas intocables de la ley, y por eso la corrupción está menos extendida. No es que esos países estén en el Nirvana, pero sus estados son fuertes porque la gente teme al caciquismo y valora la institucionalidad. Y una cosa más. Son fuertes porque el capitalismo desarrollado no se aplica a sí mismo la receta que reparte afuera, y sabe que la fortaleza de la autoridad estatal es indispensable para todos, incluidos los empresarios. Allá también hay poderes fácticos que tratan de obtener privilegios y a menudo lo logran, pero no los dejan concentrar poder al grado que puedan poner de rodillas al Estado. Se vale jugar con los recovecos legales, negociar y presionar, pero hay límites. Son las fronteras de la sensatez, y se respetan porque la mayoría de los estadistas y legisladores y jueces encarnan el instinto de supervivencia de las instituciones y saben que nada ni nadie debe estar por encima de ellas.

¿Por qué hay tanta corrupción en nuestro país? Entre otras razones, porque nuestro orden normativo y ético es disfuncional. Veamos. El origen de los códigos éticos, como el de las normas, está en el convencimiento de que la anarquía que prevalece cuando no hay un orden público perjudica a la gran mayoría de los miembros de la sociedad. En el momento en que una comunidad decide que lo mejor para todos es respetar la vida y la propiedad ajena y acuerda qué debe permitirse y qué debe prohibirse, quiénes van a vigilar la aplicación del acuerdo y cómo se va a castigar a los infractores, adquiere gobierno y ley. No robar, no agredir y no matar se vuelven mandamientos civiles. Con el tiempo, otras conductas empiezan a ser valoradas positivamente: actuar de frente y de buena fe, decir la verdad, ayudar a los demás, corresponder a la confianza recibida. Queda claro que quienes se comportan de esa manera no crean problemas y, en cambio, contribuyen a la armonía comunitaria. Así, la rectitud, la sinceridad, la solidaridad, la reciprocidad o la lealtad se convierten en valores y se enseña a los niños a practicarlos como fines en sí mismos. Se generaliza la convicción de que los defectos correspondientes (el engaño, la mentira, el egoísmo, la traición o la deslealtad), son intrínsecamente malos y de que conviene evitarlos más allá de cualquier penalización legal.

Jusnaturalismos aparte, con Hobbes pero sin soslayar a Rousseau, sostengo que así surgen las escalas axiológicas. Existe una vinculación originaria entre el apego de una sociedad a la ética y la funcionalidad de esa ética en aras del bien común. No obstante, con el tiempo ese nexo se desdibuja o se olvida: la gente termina viendo como un axioma la integridad y deja de relacionarla con la conservación del orden y la maximización del bienestar colectivo. Así, si conductas contrarias a las éticamente deseables empezaran a satisfacer en mayor medida las necesidades individuales sin provocar caos en la comunidad, la misma gente podría modificar su criterio valorativo. Entonces habría un proceso de descomposición o degradación social.

Por eso es tan importante la existencia de condiciones que hagan conveniente un determinado comportamiento. Y por eso, porque la mayoría de los seres humanos actuamos racionalmente, es imperativo establecer las condiciones que hagan mayor el costo que el beneficio de las acciones que queremos contrarrestar. Si la ley se escribe y se aplica de manera que su violación permita obtener más ventajas y padecer menos perjuicios, se crean reglas no escritas y son ellas las que determinan cómo se comporta la sociedad. Es el caso del Estado mexicano: nuestras normas formales están muy lejos de la realidad y el margen de impunidad para quienes las violan es enorme. Durante mucho tiempo ha sido más rentable vivir en algún tipo de ilegalidad que en la legalidad, y en consecuencia se ha incubado un cambio subrepticio de nuestra escala de valores. Ése y no otro es el cáncer de este país.

Hoy, sin embargo, México enfrenta un peligro mayor. Ya no se trata solamente de que los policías honestos o los ciudadanos que no dan mordidas sean la excepción; se trata de la creciente probabilidad de que trabajar para las organizaciones del crimen organizado se convierta en un modus vivendi socialmente aceptable para comunidades enteras. Si el gobierno no da seguridad y las empresas no dan empleo, y en la medida en que los cárteles proporcionen ambas cosas, ese escenario será realidad. De hecho, ya lo era en las zonas rurales donde el cultivo de la droga es la alternativa a la miseria y empieza a serlo en los barrios marginados donde viven los “tapados”. Y lo es en los pueblos cuyos habitantes subsisten gracias a la derrama económica que generan los estupefacientes y en las ciudades en las que familias completas laboran en el narcomenudeo. Pregúntese a esos hombres y mujeres, ancianos y niños, si les parece poco ético lo que hacen. Encuéstese a las poblaciones para las que los capos han construido un parque o una iglesia qué opinan de ellos y de su negocio.

Algunos perciben al narcotráfico como un fenómeno extraordinario. Mal harían en confiar en que la degeneración que produce se irá con la legalización de las drogas, y bien harían en observar la forma en que operan los emporios de la piratería o las grandes bandas de secuestradores. Ellos también tienen base social. Le dan de comer y protegen a mucha gente, y han dejado de ser las minorías de delincuentes que existen en cualquier país. Si permitimos que esa tendencia se mantenga y que la criminalidad deje de ser disruptiva en términos de la cultura cívica del mainstream, y si la ética convencional sigue siendo disfuncional para procurar el bienestar popular, nuestra axiología formal acabará de trastocarse. Será legítimo robar, agredir y matar, como se cobran impuestos, se reprime o se impone la pena de muerte a quien desafía a la autoridad. Y es que si no logramos implantar las condiciones para que sea más conveniente cumplir la ley que violarla, nuestro viejo refrán saldrá de la clandestinidad para encapsular el nuevo deber ser mexicano: el que no transa no avanza.

He aquí el quid. En un Estado estructuralmente precario, carente de una reforma para hacer funcional y conveniente el comportamiento ético de la gente, el crimen organizado no sólo ejerce el poder sino también la autoridad. Si los mexicanos permitimos que eso suceda con el nuestro, nos mereceremos nuestra suerte.