Por: Aquiles Medellín Silva

El gran vecino del norte se impacienta y la alarma se extiende por Washington ante la guerra entre el Gobierno de México y los cárteles de la droga que operan desde Colombia a la frontera del río Bravo. Los narcoterroristas financian sus gastos y sus armas con el tráfico floreciente de la cocaína y la marihuana que colocan en las grandes metrópolis norteamericanas, mientras crecen los nuevos refugiados: los funcionarios amenazados por los capos. México está en la línea del frente del combate contra la producción y el tráfico de la droga, una guerra en la que EU ha querido ayudar desde hace 30 años.

Un reciente informe del Pentágono encolerizó a la autoridades mexicanas al comparar a México con Pakistán, como si fueran dos estados fallidos, y en un reportaje titulado El próximo desastre, la revista Forbes trazaba un panorama inquietante e instaba al presidente Felipe Calderón a que redoblara sus esfuerzos para acabar con la peste de los señores de la droga que reclaman impunidad para sus fechorías. Pero la espiral de narcoviolencia que se ha adueñado del país no conoce límites ni tregua. Un documento del influyente Council of Foreign Relations, titulado La guerra de la droga en México, cifra en dos mil 500 los muertos en el 2007 y en más de 5 mil los del 2008.

Las noticias del campo de batalla, desde Oaxaca en el sur donde florece la amapola, hasta la costa del Pacífico y la zona fronteriza, corroboran los pronósticos más pesimistas. Las redes del crimen se extienden por todo el país. En noviembre último, los narcos decretaron el toque de queda en Chihuahua, capital del estado epónimo y unos ocho mil soldados combaten hoy a los sicarios en Ciudad Juárez, en estado de sitio.
En su campaña de muerte y extorsión, los cárteles, que reclutan a sus esbirros entre los policías y los soldados, se disputan el terreno pero también apuntan al corazón del Estado. El sistema judicial y de orden público está desbordado por su crónica falta de recursos, el cohecho, los sueldos míseros y la montaña de sumarios.

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se produjeron más de tres mil asesinatos. Tras asumir la presidencia en diciembre del 2006, Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles, pero los resultados son decepcionantes. En mayo del 2007, los sicarios asesinaron al general José Nemesio Lugo, director del organismo de la lucha contra el crimen, y, poco después, al jefe de la policía federal.
En noviembre del 2008 el ministro de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y varios de sus colaboradores perecieron al estrellarse su avión en circunstancias no aclaradas aún. El general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, jefe de la lucha contra el narcotráfico en Cancún fue secuestrado, torturado y asesinado.

La tambaleante situación del Estado mexicano se compara con el caos revolucionario de 1910 o con la insurgencia de las milicias católicas, es decir los cristeros, contra el desaforado anticlericalismo del presidente Calles (1926-1929). Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional la policía política concedía las zonas y las rutas a los cabecillas del narcotráfico y estos, a su vez, dictaban sus órdenes al ministro de Gobernación, según relata el colega periodista Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, en su inquietante libro Herencia maldita, el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico.

La criminalidad políticamente protegida y socialmente tolerada evolucionó en los años setenta debido tanto al creciente consumo en el país del norte como a las operaciones contra los productores y traficantes en América Latina, que dinamitaron la estructura de mediación del PRI. El asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, en febrero de 1985 en Jalisco, hirió de muerte al compadreo entre la clase política y los cárteles y forzó al presidente Miguel de la Madrid a desmantelar la estructura del ministerio de Gobernación. Tras la derrota del PRI en el 2000, la situación se degradó súbitamente.

Desaparecido el inmundo sistema de connivencia, ningún poder del Estado es capaz de controlar el terrible pulpo de la droga con sus innumerables tentáculos, de manera que, como explica Ravelo, los señores de la droga son los que establecen las reglas y están infiltrados en el Ejército y las policías. "El narcotráfico los convirtió en rivales", asegura.

Los asesinatos de los uniformados son ajustes de cuentas entre los cárteles y los encargados de perseguirlos, ante el asombro de unos pocos y la indiferencia de una opinión pública que considera la droga como un problema a erradicar en la sociedad que la consume. El siguiente asunto toral de esta lucha radica en que en la administración calderonista el narcotráfico adquirió la forma de declarar una guerra a los cárteles de la droga. En ello han venido trabajando, con cierto algún éxito por ahora.

Sin embargo, la guerra asimétrica entre soldados del ejército es descentralizada, dispersa y utiliza escenarios combinados sobre un territorio. En su desarrollo se borran las fronteras entre el soldado y los civiles; entre los campos de batalla y la seguridad urbana, y adquiere la forma de una violencia social extrema y sin orden aparente de continuidad. Elementos militares están presentes en el México actual: un día en Ciudad Juárez, otro en Uruapan o Reynosa, otro más en Cancún, mañana en Tijuana o La Marquesa.

Dado que el empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas y estrategias de control social mediante la manipulación informativa y la acción sicológica que le son consustanciales en este tipo de guerra, los medios de difusión masiva son los nuevos ejércitos de conquista. El bombardeo militar es sustituido por el mediático.

En la otra esquina de la realidad se encuentra el Frente Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos (ProDH) que interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se derogue o modifique el Código de Justicia Militar (CJM), ya que varios de sus artículos violentan a la Constitución Política del país. Dirigentes del Centro ProDH, así como juristas de la Universidad Iberoamericana y de la organización Fundar, presentaron el Informe "¿Comandante Supremo?", en el que cuestionan la actuación del Ejército Mexicano y aseguran, basados en la comparación de los articulados de la Carta Magna y del CJM, que este último está, en los hechos, por encima de la Constitución.

El Código de Justicia Militar contiene artículos que permiten aplicar el fuero de guerra a civiles, lo que es totalmente violatorio de las garantías individuales y contradice por completo las recientes reformas a los artículos 9 y 10, en donde se establece que los asuntos de seguridad pública serán manejados única y exclusivamente por civiles, señaló el abogado Miguel Cano, de Fundar.

Desde esta perspectiva y basados en que la Constitución es la ley suprema, los especialistas consideraron que en los hechos, vivimos un estado de excepción ya que los militares actúan por encima de la ley y quedan impunes ante la justicia civil.

El informe registra 120 casos de abusos cometidos por militares, entendiendo por estas violaciones a derechos como la vida, la integridad física, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, entre otros.

La paz no es para mañana y se reputa inviable sin una reforma radical de las instituciones mexicanas que entrañe el respaldo político y económico del poderoso vecino del norte (EU). Este último también debe poner orden en su casa, vigilar la frontera, prohibir o vigilar de cerca la exportación de armas y, sobre todo, reducir la demanda. Y no olvidar que un dólar gastado en EU en la guerra contra la droga es igual de efectivo que los empleados en la erradicación de los cultivos y la prohibición. El peligro está sobre la mesa de Obama. El exjefe de la CIA, Michael Hayden, ya advirtió en enero de que México puede plantear un desafío tan peligroso como el de Irán y ser tan problemático como Irak.