Por: Iliana Álvarez

El desorden urbano en ciudades como Tijuana tiene su origen en una vieja práctica gubernamental: la recaudatoria. Se trata de la elaboración de reglamentos que supuestamente tienen la intención de evitar abusos de un ciudadano hacia otro e inhibir conductas delictivas que atenten contra el orden y la seguridad pública.

Pero como muchas de las normas escritas en nuestro país, los reglamentos municipales se convierten en letra muerta, porque en la práctica nos encontramos con una exagerada flexibilidad en algunos renglones, así como una - igualmente extrema - aplicación del reglamento en asuntos que de forma coincidente terminan convertidos en jugosas entradas a las arcas municipales.

El más reciente Reglamento Municipal de Tránsito en Tijuana establece en su Artículo 18 la prohibición a todo vehículo para circular con los vidrios polarizados. Llamativos operativos se han montado para sancionar a los infractores: la intención es restarle herramientas a los comandos armados que circulan por la ciudad para cometer secuestros y ejecuciones.

Nadie se opone a esta positiva medida, sin embargo, después de varios meses de la entrada en vigor del reglamento es muy común ver unidades infractoras en la zona este de la ciudad, sin que nadie se atreva a detenerlas. Por otro lado, el reglamento se aplica a ciudadanos “sin influencias”. No así a funcionarios públicos y grupos armados.

Contra el ciudadano existe corrupción y abuso. Los ejemplos más típicos se pueden encontrar en los corralones a donde se remolcan los vehículos polarizados ya que es muy frecuente la invención de pretextos para justificar el pago de hasta dos grúas cobrado al automovilista infraccionado.

Son casos recurrentes donde todos ganan, menos el automovilista: los operadores de grúas reciben cien pesos por cada “arrastre” pero el usuario desembolsa de 350 a 500 pesos por servicio. Aunque la Sindicatura municipal tiene personal asignado en los corralones para evitar abusos, estas prácticas se ven todos los días con total impunidad.

Un ciudadano en las garras de esta red deberá pagar hasta 15 días de salario mínimo, es decir unos mil 500 pesos. Además, deberá cubrir el arrastre de la grúa hacia el corralón, monto que puede alcanzar hasta mil pesos. Para algunos servidores públicos y privados la cero tolerancia es una broma que los mata de risa, pues inventarán argumentos como “uso de equipo especial para transportar autos último modelo” o “traslado de hasta dos grúas para el paseo de la unidad en varias instalaciones de policía”, lo cual es completamente irregular. De estas prácticas nadie se salva.

Resulta difícil la comprobación del abuso porque hábilmente retienen las boletas en los corralones, tarea que resulta fácil sobre todo cuando el automovilista está en el punto más alto del hartazgo: su único deseo es llevarse su vehículo lo más pronto posible.

También se batalla con reglamentos aplicados en otras circunstancias. Ejemplo de ello es cuando se maneja alcoholizado: se instalan filtros en las diferentes colonias para detener al infractor, pero nunca se ha visto un solo caso de operativos en la periferia de los bares y centros nocturnos más concurridos de donde salen decenas de parroquianos ebrios, convirtiéndose en el arma que mata a dos personas al día en una ciudad como Tijuana, según cifras del Instituto de Servicios de Salud en Baja California. La razón es muy evidente: el poderío económico de los bares y las horas extras, dejan más de cuatro millones de pesos al mes a la Tesorería Municipal.

El año pasado en Tijuana murieron 13 menores de edad por accidentes automovilísticos. Son casos donde las víctimas tenían peso y edad que de acuerdo al reglamento, obliga a los padres a colocarlos en una silla especial. Esto no fue así y aunque la ley penal castiga a los infractores, es tarde para los menores. Ojalá los agentes de tránsito hubieran aplicado el reglamento cuyas modificaciones realizadas hace nueve años impusieron sanciones para casos como el de los menores sin silla especial, así como a conductores que se maquillan o hablan por celular durante su recorrido.

Todo parece indicar que una multa en estos casos obliga a los agentes a invertir hasta una hora en la presentación del infractor ante un Juez Calificador, tiempo que ninguno de los efectivos de la policía quiere perder, por razones que sólo se explican con el pago de cuotas, producto del arresto de conductores en circunstancias menos peligrosas. El caso es no afectar los emporios de la venta de alcohol, o la mafia que amenaza o paga sobornos sin importar el verdadero riesgo que corre la ciudad.

Con esta disparidad de criterios se aplican las disposiciones de tránsito elaboradas para prevenir, pero utilizadas para recaudar.

Recientemente en Tijuana ha vuelto a surgir la frase “cero tolerancia” en los anuncios de la autoridad municipal. Operativos aparecen de forma sorpresiva para el retiro de vehículos a través de grúas a conductores sin licencia, sin placas o con vidrios polarizados. Son acciones que sirven como una respuesta espectacular del Gobierno Municipal ante el incremento de ejecuciones, balaceras y asaltos violentos.

Las infracciones resultan un negocio redondo para unos cuantos pues muy poco o casi nada benefician al ciudadano común.

Observe las salidas de Pueblo Amigo, Plaza Fiesta y Las Pulgas después de la media noche. Ahí no llega la “cero tolerancia”.