Por: Juan José Tavera / Sistema Informativo PSN
 

• La importación se incrementa exponencialmente; un Toyota Camry 2004 que el año pasado pagaba once mil pesos,      actualmente paga 33 mil pesos

 
Hoy vivimos las consecuencias del ejercicio político sin contrapesos, como la puesta en marcha de los decretos expedidos los días 24 y 31 de diciembre de 2008, relativos a la importación de automóviles usados. Lejos de cumplir con los objetivos propuestos, han provocado la movilización ciudadana, sembrado la semilla de un grave conflicto social en los estados fronterizos del norte del país pues se ha criminalizado la posesión de vehículos de origen extranjero. Mientras, las autoridades exageran en el uso de la fuerza.

Las disposiciones del Ejecutivo ocasionan una maraña burocrática derivada de la exigencia a los importadores de presentar un certificado de origen, lo cual lejos de facilitar la introducción legal de autos usados a nuestro país, imposibilitan en los hechos el cumplimiento de las cargas fiscales a que están obligados los contribuyentes.

 

Los representantes de Baja California en la Cámara de Diputados andaban de vacaciones y el gobierno federal simplemente dio fast track al Decreto de Importación Vehicular, mejor conocido como Anexo 2. El diputado federal Antonio Valladolid, reconoció públicamente no haber leído el texto de la nueva normatividad.

 

La estrategia del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue muy clara: en 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el gobierno de Baja California y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público denominado Anexo 8, donde se le dan atribuciones y potestades al Estado de confiscar todo tipo de mercancía “pirata” incluyendo autos chocolate. Con esta disposición se obligaría a los infractores a regularizarse, pero de repente llegó el Anexo 2 señalando que los vehículos pueden transitar legalmente.

 

El concepto de impuestos de importación se incrementa exponencialmente. Por ejemplo, un Toyota Camry 2004 que el año pasado pagaba once mil pesos, actualmente con el nuevo arancel por el mismo automóvil se pagarán 33 mil pesos moneda nacional, sin contar otros gastos.

La Cámara Nacional de Comercio de Tijuana consideró este impuesto como impagable para los usuarios. Sin contar que se orilla al borde de la quiebra a los negocios de compra - venta de autos usados, desmanteladores, agencias aduanales, mecánicos, carroceros y todo aquel negocio relacionado el giro comercial del automóvil.

 

La primera reacción contra el Anexo 2 fue de los importadores vehiculares, quienes por manifestarse en la salida de la aduana de Tijuana en la Mesa de Otay, tres de ellos fueron turnados a la PGR por obstrucción de las vías de comunicación, pagando una multa de doce mil pesos.

Después de este incidente se unieron cámaras nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de toda la frontera norte en manifestaciones contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por los altos costos para importar unidades usadas de Estados Unidos y Canadá.

Mario Escobedo Carignan, presidente de la Canaco Tijuana de Baja California, dijo en compañía de Gilberto Leyva, representante de los loteros, que ellos no habían participado en las manifestaciones anteriores porque estaban en pláticas, pero que lo harán por la respuesta de indiferencia del gobierno federal.

Así, se efectuó la primera marcha pacífica en la ciudad llegando a la Secretaría de Economía Federal y después a oficinas del Gobierno del Estado para solicitar su intervención en el asunto. Los marchistas también solicitaron a los diputados locales y federales que intervengan a favor de la ciudadanía.

 

Luego que los manifestantes llegaron a la delegación de la Secretaría de Economía, los más de mil loteros abuchearon a Alejandro Monraz, titular de la dependencia, por asegurar que el asunto de los precios estimados y el certificado de origen estaban resueltos.

 

A Monraz y a la administradora del SAT, Ana Esther Preciado se les entregaron sendos pliegos petitorios para que los enviaran a la Federación y a Agustín Carstens, solicitando reconsiderar la situación.

 

Manifestaciones pacíficas como la realizada en Tijuana se realizaron de manera simultánea también en ciudades fronterizas de Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua, así como Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Se busca participen ciudades como Nogales y Agua Prieta en Sonora; Ojinaga en Chihuahua, así como Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila.

 

Entre las ciudades más afectadas por el ordenamiento conocido como Anexo 2, tenemos a Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

 

Con el multimencionado decreto, la federación pretende favorecer a la industria automotriz mexicana, la cual redujo sus exportaciones en 20 por ciento, comenzará a aplicar paros técnicos y recurrirá a los despidos laborales. Por otra parte, quiere evitar la “chatarrización” en las fronteras poniendo candados a través del Anexo 2. Ningún lote de autos usados en Estados Unidos puede otorgar un certificado de origen, pues el vehículo pudo haber cambiado de motor y otras partes automotrices.

 

Hubo una segunda marcha en Tijuana, organizada por Canaco la cual se politizó con la presencia de representantes partidos políticos, precandidatos a diputados federales, diputados locales del PAN y de otras organizaciones políticas. Además, resulta que legisladores panistas de entidades de la frontera norte, ocuparon la tribuna exigiendo se reduzca el arancel a la importación de vehículos, según informó el diputado Antonio Valladolid, de quien se dice no goza de credibilidad entre sus representados.

Reunión de Osuna con autoridades federales
El Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, se reunió en la Ciudad de México con el Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y representantes de la Canaco Baja California, para acordar la reducción de impuestos sobre la importación de autos usados, para que sean similares a los de 2008.

 

La nueva tasa de aranceles permitirá que los bajacalifornianos puedan contar con vehículos con un costo más accesible para realizar sus actividades productivas y familiares, un asunto prioritario para fortalecer la economía de la entidad. Luego de reunirse con las autoridades federales, el Gobernador Osuna Millán expresó su beneplácito por el apoyo recibido por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa para encontrar una solución que favorezca el bienestar de los habitantes de la entidad. La reunión se originó para dar solución a las inquietudes del sector comercial que en días pasados manifestaron su preocupación para resolver favorablemente este tema. El acuerdo beneficiará a propietarios de autos importados y empresarios del sector, quienes a su vez generan una derrama económica en Baja California.

 “Estas acciones forman parte del Programa de Protección a la Economía Familiar y de Generación de Empleo, que el Gobierno de Baja California implementa para sostener la calidad de vida, ante las nuevas condiciones económicas,” aseguró el Gobernador Osuna Millán al referirse al acuerdo.
Finalmente, en consulta con abogados tributarios de Tijuana, en particular el doctor Adolfo Solís del Grupo Farías, explicó que existe una manipulación de la ley: el Artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que los ordenamientos del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados con el Presidente de la República y el Senado “ serán la ley suprema de toda la unión”.

El Tratado de Libre Comercio internacional se basa en el Artículo 131, que se refiere a la facultad de la federación para gravar las mercancías que se importen o exporten. Entonces, se violenta el tratado de libre comercio. No se trata que reduzcan cinco, cuatro o hasta tres por ciento por concepto del Anexo 2, sino que a partir del 1 de enero de 2009 no se sobreregulen los vehículos usados.

Si el día de mañana preguntamos al fisco cuánto debemos pagar de impuestos, tal vez nuestro sueldo no alcance.