Por: Agustín Basave

El triunfo del capitalismo sobre el marxismo no fue gratuito. Los capitalistas tuvieron que pagar un precio por la derrota de sus enemigos ideológicos: en aras de contrarrestar la iniquidad que les impugnaban, tuvieron que darle al Estado una participación en la economía mayor a la que originalmente estaban dispuestos a otorgarle. La erogación, sin embargo, resultó reembolsable. Tan pronto como el socialismo real empezó a agonizar el laissez faire volvió por sus fueros. El Welfare State comenzó a ser desmantelado en la Gran Bretaña de Thatcher y con él, las bases de una sociedad liberal más justa.

Cierto, no pudieron privatizar la joya de la Corona - el sistema de salud -, pero una serie de condiciones económicas hicieron que el erario fuera insuficiente para mantener el mismo nivel de gasto social. Pero nunca estará de más preguntarnos si hacia la orilla del Estado menesteroso nos arrastró sólo la resaca del pragmatismo, o si hubo un oleaje adicional provocado por los deseos de revancha de un nuevo dogmatismo liberal.

La pregunta, en efecto, es pertinente. Nadie en su sano juicio cuestiona el imperativo que llevó a relevar al Estado de muchas de sus anteriores funciones; particularmente en América Latina, donde los excesos de la intervención estatal fueron patentes existe consenso que incluye a la vieja izquierda en el sentido de no revertir el grueso de las decisiones privatizadoras.

Lo que muchos no aceptamos es la obsesión de volar sin escalas de la estadolatría a la estadofobia. Y es que en México, como en otros países, la entronización de la soberanía del mercado se ha dado aparejado al desprestigio de todo lo que huela a instancia estatal, gubernamental o pública. No sólo se ha difundido la idea de que la iniciativa privada es más eficiente y honesta que el Estado, sino también el corolario de que es a ella a quien debe encomendársele todo.

Vamos, el linchamiento de lo estatal en el imaginario colectivo ha sido de tales alcances que a mi juicio sus consecuencias son más graves que las del desaseo del proceso “desincorporador”. En este contexto se explica la aberración en que algunos incurren consciente o inconscientemente de que el Estado prácticamente no tiene razón de ser. El neoliberalismo ha rebasado así, en su versión popular, a su antecesor clásico: del Estado guardián hemos pasado al Estado “teporocho” o, peor aún, a la anarquía en su connotación teórica. Un buen Estado ya no es siquiera un Estado mínimo, sino un Estado inexistente.

El daño que esta visión estadicida está causando a la sociedad es preocupante. Cierto, ningún académico o político serio sostiene una visión tan extremista, pero pocos se toman la molestia de contrarrestar su creciente vulgarización. Puesto que venturosamente los mexicanos hemos entrado a la era de la democracia participativa, en la que la opinión pública pesa cada vez más en las decisiones de los gobernantes, y dado que desafortunadamente demasiados de éstos son tecnócratas, el Estado no se ha conformado con su plausible adelgazamiento y su concomitante agilización; ha ido más allá al compartir algunas de sus responsabilidades exclusivas y al descuidar sus tareas fundamentales. Me explico con un ejemplo: no es temerario aventurar la hipótesis de que el deterioro de la seguridad pública tenga que ver con el debilitamiento de un Estado que necesitaba una buena dieta y acabó en la anorexia.

Ahora bien, es justo reconocer que los templarios de la mano invisible no iniciaron el debilitamiento estatal de México. Encontraron el terreno abonado por nuestra inefable tradición caudillista, que nos ha hecho privilegiar al hombre fuerte por encima de la institución fuerte. En los países del primer mundo se procura fortalecer a los liderazgos, en el nuestro se busca reforzar a los líderes. Mientras que allá el criterio para medir el poder del gobernante es su capacidad para hacer funcionar el entramado institucional a favor de su proyecto, acá lo es la habilidad para personalizarlo, sojuzgarlo o en el mejor de los casos ignorarlo.

La escasez de servicios civiles de carrera sólidos es uno de los síntomas de esta enfermedad. Los mexicanos solemos guiar nuestro sentido de permanencia, por lo que a la cosa pública se refiere, hacia la admiración por el control político que un presidente ejerce después de su sexenio. Y nuestro proceso de institucionalización no nos ha llevado mucho más allá del aprecio por la persistencia e incluso por la inmutabilidad de los partidos.
 No debe pues extrañarnos la precariedad de nuestro andamiaje estatal. Cuando cambia el gobierno se modifican los planes, casi todos los funcionarios y muchas de las reglas del juego. Y cuando hay cambio de régimen se transforman los símbolos y hasta los colores. Aclaro que estoy muy lejos de sumarme a las filas del misoneísmo nacional: soy de los que creen que nos hace falta una nueva Constitución, menos lejana de la realidad y más cercana al consenso nacional. Lo que ocurre es que hasta para modificar la institucionalidad se requiere institucionalidad, es decir, normas que encaucen las transformaciones en beneficio de la sociedad y no de algunos dirigentes. Pero eso no fue posible cuando el Estado mexicano fue un modelo para armar en manos del mandatario en turno, y menos lo será en tanto prevalezca el actual déficit de legitimidad.

El debate sobre la posibilidad de que México sea un Estado fallido es significativo. Mexicanos de chile rojo, de dulce azul y de manteca amarilla rechazamos la imputación - me incluyo - si no por otra cosa porque proviene de Estados Unidos y lastima nuestra sensibilidad nacional. Con todo, hay elementos objetivos para refutar las comparaciones: nuestra realidad dista mucho de asemejarse a la de Pakistán y no tiene nada que ver con la de Somalia.

Estamos ante una situación gravísima por el desbordamiento del crimen organizado en general y del narcotráfico en particular, que se agrava por la amenaza de la crisis económica y del descontento social, pero no hemos llegado a los niveles de anarquía de esos países. Ahora, si bien hay unanimidad en el rechazo inicial a los señalamientos gringos, hay también una diferencia en la visión de las cosas: unos se quedan con la idea de que no hemos caído y otros preferimos quedarnos con la de que estamos cerca del precipicio. Unos se consuelan y otros nos preocupamos. Todos, por cierto, debemos ocuparnos de que no caigamos.

Lo importante es no confundir las causas con los efectos. El enseñoramiento de la violencia y los demás desafíos a nuestro Estado tienen un origen común, que es la existencia de instituciones frágiles producto de las equivocaciones de la historia y de la economía. Pero la expresión más nítida de esa fragilidad es la prevalencia de las reglas no escritas y la concomitante corrupción.

La ley no se cumple porque lo que rige tanto al sector público como al privado y al social es una serie de códigos de normatividad tácita producto de esa estatalidad maleable, y en ese esquema cabe todo: la pérdida de control de territorio auspiciada por la infiltración de los criminales en el sistema de seguridad y de procuración y administración de justicia; la informalidad de quienes no pagan impuestos o se los pagan a otros recaudadores; la justicia por propia mano, cabe, en suma, la ausencia cotidiana y consuetudinaria de la legalidad. Si se quiere medir la cercanía al abismo de la falla del Estado mexicano, equipárense los metros a los minutos y cuéntese el tiempo que pasa en México entre una corruptela y la siguiente.

En el primer mundo sobran individuos y grupos que violan la ley. La diferencia es que allá no se invaden las zonas intocables de las reglas escritas, y por eso la ilegalidad es la excepción, no la regla y la corrupción está menos extendida. No es que esos países estén en el Nirvana, pero sus Estados son fuertes porque la gente teme al caciquismo y valora la institucionalidad.

Y un punto más. Son fuertes porque el capitalismo desarrollado no se aplica a sí mismo la receta que reparte afuera y sabe que la fortaleza de la autoridad estatal es indispensable para todos, incluidos los empresarios. Allá también hay grandes televisoras y otros poderes fácticos que tratan de obtener privilegios y a menudo lo logran, pero no los dejan concentrar poder al grado que puedan poner de rodillas al Estado. Se vale exigir certeza jurídica y jugar con los recovecos legales, negociar y presionar, pero hay límites. Son las fronteras de la sensatez, y se respetan porque la mayoría de los estadistas y legisladores y jueces encarnan el instinto de supervivencia de las instituciones y saben que nada ni nadie debe estar por encima de ellas.

El caudillismo y el neoliberalismo han logrado la teporochización estatal. El mexicano no es un Estado fallido sino desfallecido, famélico, anémico. Quienes le impidieron crecer y quienes le quitaron lo poco que tenía y lo arrojaron a la indigencia no tienen hoy autoridad moral ni para criticar ni para quejarse de las críticas, porque las enormes dificultades que ese Estado tiene para cumplir sus funciones fundamentales son producto de sus acciones u omisiones. Dejemos atrás los lamentos y revitalicémoslo.