Por: Alejandro Vizcarra

    La economía mexicana debe ser muy fuerte. Si no fuera así, no podríamos soportar tantos descalabros y desfalcos económicos en períodos tan reducidos. Apenas han pasado 15 años desde aquel famoso error de diciembre, en 1993. A causa de este, hemos padecido rescates de todo tipo: bancarios, carreteros, azucareros y de aerolíneas, por mencionar algunos. Todos con cargo al erario público y al contribuyente. Antes, a principios de los ochenta, el entonces Presidente José López Portillo arrancaba aplausos de legisladores invitados cuando dijo: “Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”.

    En la turbulencia económica que nos toca padecer, Calderón (artífice y promotor del Fobaproa), Carlos Slim beneficiado por las privatizaciones salinistas), y legisladores, extienden un “exhorto” para que los bancos controlen su emisión de créditos impagables, así como las tasas de interés. 

    La banca y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), responden con una amenaza velada: controlar las tasas de interés significa cancelar las posibilidades de crédito para millones de personas. El titular de la Condusef, Luis Pazos - escritor, militante panista, excandidato a la gubernatura de Veracruz derrotado por Miguel Alemán y Diputado Federal en la LVIII Legislatura –, equipara el control de las tasas bancarias con la pena de muerte, “resulta inaceptable”, dice. 

    Al final, usted lo recordará, los bancos serán rescatados por el gobierno mexicano. Es muy probable que la apuesta de los banqueros sea reventar la economía, llevarla a los extremos para entrar nuevamente en la dinámica del rescate y endeudamiento público como premio a la ineficacia y falta de competitividad. Así como sucedió la madrugada del 12 de diciembre de 1998, día en que la Cámara de Diputados, con los votos del PRI y el PAN, aprobaron el endeudamiento público a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, como vía para rescatar el sistema bancario mexicano.  

    Carlos Salinas, entre 1991 y 1992, entregó los bancos a la iniciativa privada. El objetivo central era hacer más eficientes y competitivos los servicios bancarios mediante la apertura económica y la libre competencia. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Los bancos mexicanos fueron entregados, casi regalados y en excelentes condiciones, a empresarios como: José Madariaga Lomelín, Julio César Villarreal, Hugo Villa Manzo, Jorge Lankenau Rocha, y Roberto Hernández Ramírez, entre otros.

    Aunado a lo anterior, Salinas se encargó de reformar los artículos 28, 73 y 123 constitucionales con el fin de: 1) Dar autonomía al Banco de México y desligándolo de la obligación de incidir sobre el empleo o el desarrollo. Su única función es controlar la inflación y cuidar la tasa bancaria. 2) Recategorizar la actividad bancaria de “actividad estratégica y prioritaria”, a únicamente “de interés público”, reduciendo la regulación y permitiendo la participación de actores privados. 

    Seis años después, entre 1997 y 1998, aquellos flamantes bancos que habían sido entregados a particulares a precios irrisorios y totalmente saneados, se encontraban sumidos en la más profunda crisis. Esto, como resultado del manejo irresponsable de estos banqueros en el otorgamiento de créditos, pero, sobre todo por fraudes cometidos por los grupos económicos más poderosos del país. Baste mencionar a Jorge Lankenau Rocha, preso por defraudación fiscal y violación a la Ley de Instituciones de Crédito. 

    Se hizo necesaria la participación del gobierno mexicano para cubrir un monto de 552 mil millones de pesos, de los que sólo se podían recuperar, en ese momento, 166 mil millones. Otras voces señalan que el monto real del endeudamiento público por el rescate de la banca asciende a casi 1 billón 200 mil millones de pesos, sumando intereses.

    El saldo final de la privatización salinista fueron trece bancos en quiebra y un total de 500 mil créditos impagables. Lo irónico del asunto es que los bancos, y sus dueños, a pesar de su evidente incapacidad percibieron ganancias por este rescate al comprar bonos sobre la deuda que les había salvado de la quiebra. Para darnos una idea del tamaño de esta deuda, en 1998 llegó a representar el 42.2 por ciento del Producto Interno Bruto. 

    No sólo eso, sino que de acuerdo a investigadores como Irma Sandoval, la transacción sólo puede traducirse en pérdida para el gobierno y la sociedad mexicana. El Estado mexicano recibió en su conjunto, 33 mil millones de dólares por el conjunto de bancos que había nacionalizado y saneado. Sin embargo, el costo de la crisis financiera de hace diez años alcanzó los 135 mil millones de dólares. 

    Se ha señalado que cerca de la mitad de los pasivos adquiridos por el Fobaproa no eran otra cosa que las deudas de los principales grupos económicos del país. Sobre esto, nunca sabremos a ciencia cierta qué sucedió. La Cámara de Diputados encargó a Michael Mackey se hiciera una profunda auditoría al Fobaproa. Esta se entregó a los principales partidos políticos a través de unas “claves”, de las cuales el PRI nunca entregó las suyas. 

    En el año 2000, durante la LVII Legislatura se intentó dar transparencia al rescate bancario, cosa que no se logró por quince votos de diputados, en donde tuvo mucho que ver la ausencia del entonces Presidente de la Cámara, Francisco Paoli Bolio, quien no estuvo al momento de las votaciones. Incluso Vicente Fox, en un debate de la campaña presidencial hizo el alarde de entregar la clave del PAN a Ricardo Rocha, datos falsos, supimos después. 

    El epílogo de este endeudamiento, de las crisis de 1994 y 1998 fue la extranjerización de la banca mexicana. Los “errores” de diciembre de 1993 y la crisis bancaria tuvieron como consecuencia una pérdida de soberanía sobre la economía mexicana. Hemos estado sometidos por mucho tiempo a los intereses de una élite que, en el discurso, nos habla de la competitividad y la eficiencia pero en los hechos se conduce bajo el tráfico de influencias, la corrupción y la falta de transparencia. Su aporte al desarrollo ha sido mínimo, incluso negativo. Además, sin duda, tienen una participación importante en las decisiones políticas y económicas más importantes: las que afectan a trabajadores y empresarios honestos. 
Ya nos saquearon… y nos volverán a saquear.