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Por: Carlos Monsiváis Sin los abogados (los jurisconsultos) (los Señores Licenciados) (los Príncipes de la Barandilla), el siglo XIX y el siglo XX latinoamericanos hubieran carecido de una de sus grandes profesiones y de uno de sus rasgos más característicos. Entre otros menesteres y por ejemplo, los abogados — han ejercido con las variantes de las épocas el idioma de la República, de la defensa de los derechos constitucionales a la cortesanía. (“Permítame Señor Presidente que lo felicite sin fatiga alguna por su modestia”);
— han sido centrales en la picaresca cultivada;
— han sido la corriente transmisora del anecdotario político;
— han proclamado con brío el liberalismo juarista y el ideario de la Revolución y también, en proporción muy menor, han sido el alma del conservadurismo;
— han creado los Códigos y las Constituciones de la República;
— han añejado los Códigos y las Constituciones a su gusto, y al “respeto a la ley” le han conseguido un nicho de choteo y de incredulidad;
— han sido los agentes inescrupulosos y hábiles de la especulación urbana;
— han sido los protectores onerosos de homicidas y autoviudas;
— le han dado otra dimensión temporal a los procesos volviendo eternos o casi a los juicios legales;
— con solemnidad han impartido cursos en cuya razón de ser jamás han creído;
— han combinado los lugares comunes de origen jurídico con las mañas del abogado huizachero (expresión jubilada que aludía a los falsos curanderos);
— han añejado metáforas (“Por Dios, por mi patria y por mi dama”) y le han otorgado al habla “abogadil” “que se oye muy bonita” el nivel de poesía instantánea;
— han detentado durante una larguísima etapa la mayor parte de las posiciones políticas, y una buena parte de la burocracia cultural y de las relaciones públicas;
— han conducido la corrupción al espacio de la farsa al comerse parte de los expedientes en los juzgados, al admitir entre chistes el título de abogángster (“Yo no soy así, pero no niego que haya muchos de ese tipo”);
— han interpretado — con solemnidad y el rostro levantado al cielo — el papel (bien remunerado) de senadores, diputados, oficiales mayores, secretarios de Estado, presidentes municipales, Presidentes de la República, gobernadores, torturadores;
— han sido, y con magnífico nivel eruditos, divulgadores culturales, escritores, intelectuales...
— han desempeñado, y con capacidad, muchas actividades aquí no mencionadas. En síntesis, sin los abogados no se conciben plenamente las siete décadas primeras del siglo XX. II A partir de la década de 1970 se produce internacionalmente el gran vuelco: el porvenir será financiero o no será, y esto encumbra a los economistas. El presidente Echeverría auspicia a los economistas y desdeña a los abogados. Él es licenciado en Derecho, o tal cosa alega su título y por eso no duda: los jurisprudentes no captan el ritmo del universo, y la realidad ya no consiste en leyes y reglamentos, si es que alguna vez tal fenómeno sucedió. (Nada de “Y en el séptimo día se amparó”) Los licenciados en economía se aprestan al relevo, perdón, los doctores en economía ensayan ante el espejo su “¡Sí, protesto!”, y los abogados traicionan a la profesión, o más bien fingen traicionarla al estudiar celosamente rudimentos de economía. Dadme los Tratados de Bretton Woods y moveré el mundo / Dadme los índices del Banco Mundial y vaticinaré los precios del Mercado.
El presidente José López Portillo ya es parcialmente un prófugo de la abogacía y aunque todavía se columpia en la dialéctica de Hegel (que según declara, le hizo perder la fe a los quince años, en la típica seducción de menores a que se aplicó la filosofía germana) ya perora (verbo muy antiguo) sobre la inflación (paisaje borrascoso muy actual). Y por supuesto López Portillo se rodea de economistas ¿Qué otros seres hablarán en moderñol con los sabios de Wall Street y los del Banco Mundial y el FMI? Todavía se cuela a los pormenores de la Presidencia otro abogado, Miguel de la Madrid, que ya se apega al habla del Banco de México con tal de disimular su origen humilde: el Derecho Procesal, el Derecho del Trabajo, y el análisis de ese libro que asfixia la palabrería de juristas; la Constitución de la República.
Mientras, los jóvenes ansiosos del porvenir brillante se inscriben en licenciaturas, maestrías y posgrados de Economía. En todo caso, si estudian leyes será para manejarse en los campos del Derecho Internacional Privado y el Derecho Fiscal. III Carlos Salinas ilumina el porvenir nacional a partir de su título: doctor en economía de la Universidad de Harvard. El neoliberalismo requiere de economistas y de magnas empresas globalizadoras, y el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, así lo ratifica. Claro, siempre hacen falta abogados que cotejen cláusulas comerciales y leyes provectas, pero estos expertos no se ilusionan. Los vencedores, los de la Generación del Esfuerzo son economistas: Salinas, Manuel Camacho, Jaime Serra Puche, Pedro Aspe, Luis Donaldo Colosio, José Ángel Gurría, Ernesto Zedillo, Rogelio Montemayor...A los lados se sitúan algunos politólogos, un buen número de ingenieros, un contingente regular de médicos (para el check-up), y se deja ver brumosamente el dinamismo de madrugada: el análisis de contenido de los comunicólogos. Pero en la última etapa de la Era del PRI en las escuelas y facultades de Derecho, aún abundantes, se debería observar un letrero a la entrada:
“Pierde toda esperanza presidencial, tú que entras”. IV
Aunque egresado del IPN, como murmuran desdeñosamente los aristocratizantes Ernesto Zedillo es economista, lo que, luego de su paso por la Universidad de Yale lo enorgullece. Y el arrinconamiento del gremio de los jurisprudentes parece indestructible hasta el aciago día del arresto de Raúl Salinas de Gortari, y la reanudación del prestigio nada marginal de los abogados penalistas. Pocos lo advierten con el énfasis debido, pero tan sirven de algo las leyes que, a semejanza de sus colegas de Estados Unidos, los jurisexpertos ya cobran por hora. El Banco Mundial y el FMI guardan el tesoro, pero los abogados, de pronto, manejan los secretos de la República. Algo de esto se expresa en el debate de la campaña presidencial de 1994 cuando el abogado Diego Fernández de Cevallos —todo su repertorio de ideas se acumula en el énfasis oratorio y el semblante de ira divina por correspondencia— se impone sin dificultades sobre el economista Zedillo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El sonido antiguo de la República, el jurisprudente, se escucha mejor que el tartamudeo de los técnicos.
En el sexenio de Zedillo, los economistas, entre diagnósticos infalibles, continúan a cargo del futuro del país, así la crisis de 1994 (“el error de diciembre”) desvanezca la fe mística en sus habilidades. ¡Ah la aureola de corta duración! Y los abogados, si bien no retornan al núcleo duro del poder, sí resultan imprescindibles. La democratización o lo que de ella haga las veces, los necesita, así sea para defender a los defraudadores portentosos, y conseguirle los paraísos posibles a, verbigracia, Carlos Cabal Peniche, y Ángel Isidoro Rodríguez El Divino (“Es un hombre de honorabilidad incuestionable”, asegura el moralista Alfonso Arau).
V
Vicente Fox se inscribe en Administración de Empresas y no presume de economista. Ya no hace falta. Al neoliberalismo no le interesan los encargados de sus franquicias, y los economistas al presentarse en televisión (el último ágora de la República) no deslumbran ni persuaden. Al fin y al cabo son portadores de malas noticias disfrazadas de manejo confiado de las estadísticas. Y gran parte del poder disponible, no mucho, se deposita gradualmente en manos de la abogacía que, en el caso de los grandes bufetes suelen manejar con sagacidad las leyes para desbaratar la legalidad. A los más conocidos les corresponde repartir la impunidad, y crear las redes cómplices del Registro de la Propiedad, de los juzgados, de las oficinas de gobierno. Los esquemas de fraude vienen de lejos y no se distinguen por su perfeccionismo, como lo exhibe la Pinche Transa del Paraje San Juan, pero eso es, como se decía antes, peccata minuta. Al venirse abajo una tras otra las estructuras del país, nunca muy sustentadas en la honradez, a los abogados (no a todos desde luego, a la minoría que le cede su aureola a los demás) les toca descifrar a diario el secreto de la leyes y dejar en claro lo que ya se intuía: el analfabetismo jurídico de la sociedad es la música del fondo del gran saqueo.
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En los dos años de Felipe Calderón en la Presidencia, los abogados penalistas han sido figuras fundamentales. El avasallamiento del narcotráfico, el fracaso ostensible de la política contra la delincuencia organizada, le han dado el papel protagónico, por supuesto con graves riesgos para los abogados de los narcos, buen número de los cuales terminan encostalados, asfixiados, acribillados. Esto no habla en lo mínimo del sentido de la profesión sino de las jerarquías delincuenciales que todavía se imponen.
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