Por: Jaime Martínez Veloz

    Hoy cuando las agendas nacionales se entrecruzan con paradigmas hasta hace poco insospechados y la aparición de nuevos conflictos desplazan muchos de los temas de fondo que hace tiempo deberían haber sido abordados y resueltos, convendría que la clase política gobernante no olvidara el compromiso que contrajo el Estado con los pueblos indígenas de México vía los acuerdos de San Andrés.

    La apuesta del sistema político mexicano ha sido la minimización del tema indígena. En el mejor de los casos, los acuerdos de San Andrés surgen como promesa de campaña sólo en tiempos electorales. El discurso oficial frente al zapatismo ha consistido en eludir cualquier mención al EZLN en un vano intento de minimizar sus demandas o en una apuesta ladina: suponer que con el tiempo se desvanecerán sus causas y demandas.

    El incumplimiento del gobierno con los compromisos pactados con los indígenas vino acompañado de una mayor presencia castrense en la zona de conflicto. El Estado mexicano ha optado por el acotamiento militar en lugar de buscar opciones políticas para la solución del conflicto, como pudiera ser la reposición del procedimiento legislativo para la aprobación de la iniciativa de ley que en 1996 fue aceptada por el EZLN.

    El dramatismo de los acontecimientos de los últimos años, donde el crimen organizado con vastas zonas de influencia y control territorial, así como la creación de estructuras financieras, judiciales, policiacas, políticas e incluso hasta culturales, demuestra la actitud falaz que el gobierno mexicano mantiene frente al zapatismo. Para decirlo en otras palabras, mientras a los criminales les permitió la entrada hasta la cocina, a los zapatistas les dio con la puerta en la cara.

    Frente a la polarización social promovida por un modelo económico que a nivel mundial ha demostrado su fracaso y ante el contraste de la política promovida y prohijada desde todos los ámbitos de la clase política mexicana, sería conveniente recordar el trabajo realizado por los miembros de la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), cuya capacidad para procesar sus naturales y explicables diferencias les permitieron construir la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, derivada del compromiso pactado entre el gobierno federal y el EZLN, a través de lo que en la actualidad conocemos como acuerdos de San Andrés Larráinzar.

    Éste no es un asunto de nostalgia, sino el ejercicio sobre un método de trabajo y compromiso para abordar las tareas que en ese tiempo la República nos encomendó y el cual realizamos en forma responsable. Atendimos así los propósitos y objetivos que nos fueron requeridos y hoy se requiere sean recuperados.

    La primera ocasión que nos entrevistamos ante la comandancia indígena del EZLN en la comunidad de La Realidad, municipio de Las Margaritas, sin habernos puesto de acuerdo, cada legislador se presentó sin hacer alusión al partido que pertenecía, lo cual fue ponderado por el subcomandante Marcos. Los miembros de aquella comisión legislativa pusimos por encima de intereses partidarios el objetivo de la paz y de este modo nos mantuvimos en todo momento. Fueron condiciones ajenas a sus integrantes las que impidieron concretar lo acordado.

    La presencia y empuje de los senadores Heberto Castillo y Luis H. Álvarez constituyeron la piedra angular que permitió a la Cocopa encarar momentos difíciles por los que transitamos. Los senadores del PAN, Luis Felipe Bravo Mena y Benigno Aladro desempeñaron su trabajo con seriedad, acompañados por la fuerza de Rodolfo Elizondo Torres, Alejandro González Alcocer y Fernando Pérez Noriega.

    Juan Guerra y César Chávez del PRD, imprimieron dosis de activismo y reflexión desde una óptica de los movimientos sociales mexicanos. El senador Guillermo del Río Ortegón, a pesar de su estado de salud precario, significó apoyo importante en las tareas legislativas. Del PRI, los senadores Óscar López Velarde y Pablo Salazar Mendiguchía aportaron elementos jurídicos y políticos que brindaron orden y método a la discusión sobre los quehaceres de la comisión. A Marco Antonio Michael y a quien esto escribe nos correspondió aguantar los vendavales oficiales por no plegarnos a la política gubernamental del desconocimiento de los acuerdos pactados.

    Óscar González Yáñez y José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, hicieron con gran compromiso sus tareas. Juan Roque Flores, representante del Congreso del Estado, así como Roberto Domínguez y Juan Carlos Gómez Aranda, representantes del gobierno del Estado brindaron a la comisión las necesarias definiciones locales, además de apoyo y logística para la realización de las tareas legislativas.

    El trabajo colectivo que realizamos quienes integramos esa comisión nos dejó marcados para siempre y, a pesar de la no concreción de lo que propusimos, desde nuestras trincheras hicimos hasta lo imposible por lograrlo sin importar el partido al que pertenecíamos.
Hace 12 años, la mayoría de todos los mencionados nos reunimos en San Cristóbal de las Casas y elaboramos la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas, conocida como Ley Cocopa, la cual fue aceptada por los zapatistas y rechazada por un gobierno que faltó a su palabra y a los compromisos contraídos durante el proceso de negociación. Tal iniciativa de ley es hoy una de las pocas posibilidades de reencauzar lo que todo predice será una nueva etapa de movilizaciones a lo largo y ancho del país.