Por: Alberto Lucero Antuna

Probablemente los temas más recurrentes en los diferentes medios de comunicación, escritos o electrónicos, son desde hace algún tiempo los de impunidad y seguridad, dos aristas de la vida diaria en nuestro país y particularmente, en nuestra entidad. Así las cosas, al igual que los Estados Unidos cuando declaró la guerra al terrorismo, el Estado mexicano ha iniciado una lucha prolongada, enderezada no sin razón, para buscar la derrota del crimen organizado. En este caso, las similitudes entre ambos países se multiplican.

En las dos naciones mencionadas, la libertad, concebida como el valor supremo de la vida política, queda opacada por las exigencias de tinte autoritario asociadas a un combate interminable por carecer de los medios y controles que lo pudiesen finiquitar. Se aplazan demandas ciudadanas de libertad por el imperativo de centrar prioridades y presupuestos en desplegar las armaduras de la lucha al terrorismo o al crimen. En cierto sentido, las aspiraciones emancipadoras quedan sujetas a que se ganen antes guerras sin vías de escape, ni plazos que puedan satisfacerse con certeza.

Quiérase o no, el narcotráfico constituye ya un fenómeno adscrito a la globalización que escapa al control de políticas de alcance puramente nacional. El grueso de la demanda se localiza allende nuestras fronteras y buena parte de la producción o de los insumos que hacen posible su manufactura y tráfico proceden también de fuera. El país, en alguna medida, es un eslabón más de la cadena transnacional altamente redituable. En contraste, la cooperación internacional anticrimen está llena de contradicciones y estrategias disímbolas. Las presiones sobre los países productores primarios de narcóticos son recias y múltiples, mientras los esfuerzos por combatir el consumo en los principales mercados son, en el mejor de los casos, bastante tibios.

Vistos cínicamente, crimen organizado, narcotráfico e impunidad, constituyen mecanismos de redistribucion del ingreso que suelen florecer ante estados debilitados por sistemas sociales que renuncian a la provisión de suficientes empleos; que celebran y premian el éxito personal en cualquier mercado y toleran altas concentraciones de riqueza e ingresos. Aquí, sólo porcentajes minúsculos de los delitos son denunciados. Son aún menos los que se investigan y castigan dentro de un clima generalizado de impunidad, donde la justicia favorece a quienes son capaces de financiar procesos judiciales costosos.

Como bien lo advierte el experto analista David Ibarra en un interesante ensayo sobre el tema que nos ocupa en esta ocasión, el gasto social en seguridad -incluidos los presupuestos de las secretarías de Defensa, de Marina, de Seguridad Publica y de la PGR-, las aportaciones a la seguridad de las entidades federativas han venido creciendo sustancialmente en los últimos años: casi alcanzan 19 por ciento del gasto público federal -cuando tenían 13 por ciento en el 2001-, y registran 50 por ciento de la formación de capital del propio sector público.

En algún sentido, los esfuerzos por garantizar el estado de derecho frente al crimen comienzan a contraponerse con la política de formación de capital público y empleo, en parte porque perdura la ideología del equilibrio presupuestal, aún en tiempos de depresión económica. En esos tiempos, las erogaciones y la inversión gubernamentales no desplazan el gasto privado, sustituyen su ausencia con beneficios económicos innegables.

Siguiendo el mismo orden de ideas –inseguridad, crimen organizado, narcotráfico-, flagelo terrible de esta época que nos toca vivir, el regreso de los militares a cargos y labores de seguridad pública tiene dos lecturas inmediatas: la necesidad apremiante del Presidente Felipe Calderón para reforzar y acelerar la limpia de la Policía Federal Preventiva, así como el fracaso -uno más- de los funcionarios civiles en una responsabilidad que, constitucionalmente, es suya y no de las fuerzas militares.

Mas allá de visiones que interpretaron como signo de debilidad en el Secretario Genaro García Luna la designación de Javier del Real Magallanes como Subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, o de la versión que el titular de la SSP federal circuló para aclarar que fue él mismo quien solicitó al Presidente Calderón ese nombramiento, lo cierto es que vuelven los militares al mando de las policías civiles.

El nombramiento del General Del Real no será el único en la SSP. Fuentes militares aseguran que otro comandante de región del ejército, Sergio Ayón, estaría en vías de ser nombrado Coordinador de Inteligencia de la PFP, con lo que dos posiciones estratégicas en el mando civil quedarían en manos del Ejército. Ayón se desempeñaba como comandante de región en Veracruz, en el cuartel de la boticaria. Su nombre ya no se encuentra en la página de Internet de la Secretaría de la Defensa Nacional.