Por: Redacción del Sistema Informativo PSN

? Las voces de que “renuncie a su cargo si no puede” son cada vez más recurrentes y no necesariamente

provienen de ciudadanos prejuiciados

Ya se cumplió un año de que la sociedad, los partidos y los organismos ciudadanizados entregamos al Poder Ejecutivo un candidato calzado con la legitimidad del proceso electoral más vigilado en la historia de Baja California. Sancionado por la Suprema Corte de Justicia, inclusive.

A simple vista, José Guadalupe Osuna Millán no tendría más que rendir protesta ante el Congreso y arremangarse la camisa para hacer algo que incuestionablemente sabe: administrar los bienes y recursos de la entidad.

Sin embargo, a un año de la toma de posesión, tenemos un gobernador que no ha tomado el control definitivo del mando de gobierno. Particularmente, se le ve débil en el área de Seguridad y Educación. Y se le siente muy alejado de las causas populares.

Una sola o la combinación de las siguientes tésis explican por qué un candidato tan poderoso resulta ser un gobernador tan débil:
a) Un individuo que arribó con tanto poder al gobierno y acabó por menospreciar la gravedad de su encargo, b) Que para vencer a un oponente incómodo como Hank pactó alianzas y compromisos que ahora le afectan, c) Que está políticamente asfixiado por las presiones que sobre él ejerce el “sindicato” de ex gobernadores panistas, y d) Que el mal manejo del “caso Polito” y sus sangrientas consecuencias han generado una humareda que impide apreciar que el gobierno se compone de otras áreas que se desahogan con menos tormento.

Osuna Millán ha llegado a un punto en el que tiene que tomar decisiones que serán clave para la subsistencia de su mandato. Las voces de que “renuncie a su cargo si no puede” son cada vez más recurrentes y no necesariamente provienen de ciudadanos prejuiciados. Es un hecho que el 2009, año de renovación de Congreso Federal y de anunciadas crisis económicas y sociales (y por tanto políticas) no será tan tolerante como este 2008, que le tendió un colchón capaz de amortiguar un promedio de 12 crímenes violentos por semana, un par de motines carcelarios que a poco desatan una tormenta institucional de grandes proporciones y una racha de abierta agresión a la población civil que inició en agosto y a la fecha se sostiene, cobrando la vida de niños y hasta bebés.

El año que se avecina será muy difícil para Osuna Millán. Resentirá los tironeos de la contienda electoral, los golpes de un recorte presupuestal que se anticipa severo y contemplará la caída de su “corona de olivas”, señal de que al entrar al segundo año de gobierno, sus jefes del Poder Federal le empezarán a pedir cuentas de los apoyos enviados a geografía bajacaliforniana.

Concretamente, la elección federal no parece ser un reto difícil para Osuna Millán, si se toma en cuenta la hegemonía blanquiazul en este tipo de contiendas y que el principal partido opositor, el PRI, camina con el “freno de mano puesto”, debido a la corrupción y entreguismo de sus líderes nacionales.

Sin embargo, no quisiéramos pensar qué pasaría si en un descuido, el panismo de Baja California reporta la pérdida de 1, 2 ó hasta 3 distritos. Eso sería demoledor. Una especie de patada en la espinilla al presidente Calderón, más que nunca necesitado de diputados panistas para sacar adelante sus reformas de fin de sexenio.

Se sabe que un equipo de trabajo muy cercano al gobernador trabaja en la elaboración de un plan de “relanzamiento”. Estos expertos consultan y encuestan a líderes de los diversos grupos productivos –incluidos los medios de difusión—para encontrar las avenidas que conduzcan a Osuna Millán a la anhelada sintonía con sus gobernados.

Esta consulta, al fin ejercicio de reflexión, no resulta despreciable. Sin embargo, debido a la escalada que el crimen ha registrado en las últimas semanas, se requiere que el gobernador instaure, junto con el Congreso, una serie de medidas que de origen deben ser radicales y no contemplativas de compromisos partidistas o amistosos.

El debate de un toque de queda hace unas semanas evidenció no sólo cuán desesperados estamos, sino cuán alejados de la cordura nos hallamos. El tema fue introducido, a nivel de demanda, por un consejo médico que ha venido cobrando beligerancia pública a raíz de los secuestros a los galenos y por su delirante añoranza a los tiempos del general Sergio Aponte Polito.

Dos días después, el gobernador Osuna Millán entró al tema. Opinó que sería “una opción”. Y al día siguiente lo desechó por completo. Un día después arribó de la ciudad de México el alcalde Jorge Ramos y aseguró que el toque de queda es “un recurso válido” y que, además “está en la agenda nacional”.
Es atípica la circunstancia en que los gobernados demandan al gobierno que les restrinja derechos. Y es evidente que el gobernador y el alcalde exhiben el abismo de incomunicación que hay entre las instituciones del estado.

Nuestras familias están amenazadas, la vida pública está desquiciada y el peso de la actividad productiva (negocios, empleos, inversiones) empieza a ser insostenible. En nuestra ensangrentada tierra ya no sólo cabe el término “ingobernabilidad”, sino también el de “estallido social”.
De esto no parece percatarse el gobernador. A juzgar por la tónica de sus declaraciones, va 3 ó 4 meses atrasado a los hechos. Hay algo que les impide ver lo que realmente ocurre en las colonias y en las escuelas. ¿Será el blindaje de seguridad al que está expuesto? ¿Qué sus “lazarillos” no le informan con puntualidad? ¿O de plano no quiere darse cuenta?

El gobernador Osuna Millán y el Congreso deben tomar de una vez el liderazgo de la situación, y disolver los poderes que tengan que disolver, imponer los concejos que tengan que imponer y establecer una restricción de garantías, generalizada por la noche, zonificada por el día y plenamente operada por la fuerza pública.

Tenemos dos opciones: que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado se muestren conforme la Constitución les mandata, o bien, seguir debatiendo simpladas en lo que el Poder Federal viene a poner las cosas en orden.