Por: Alberto Lucero Antuna

Intolerable para la sociedad mexicana resulta la opinión generalizada en el sentido de que el narcotráfico sigue permeando con sus ilícitas actividades el mercado financiero de nuestro país, actividades comerciales, industriales y de diversos géneros sorprenden día con día lo que bien llaman, el paraíso del narco lavado de dinero en la que todos coinciden, incluyendo legisladores, analistas financieros y agencias del gobierno de los Estados Unidos. Quienes en forma paralela están de acuerdo en que el narcotráfico sólo podrá ser frenado si se ataca su poder económico, basado en el lavado de dinero, con una realidad inocultable, el gobierno mexicano sigue apostando únicamente a la confrontación armada. Así, mientras el gobierno norteamericano exhibe en forma periódica a las empresas sospechosas de lavar dinero, para los capos del narcotráfico, estas no sólo continúan sus actividades en México, sino que siguen brotando como hongos en plena primavera a ciencia y paciencia de las autoridades federales mexicanas que siguen penetradas por funcionarios corruptos que son solapados por las autoridades de la PGR.

En ese orden de ideas, la creciente ola de violencia en México ha sido atribuida a la disputa de territorios entre narcotraficantes, pero desde el sexenio de Vicente Fox Quesada y en lo que va de Felipe Calderón, nada se ha hecho para adaptar el marco jurídico y evitar el lavado de dinero. Es decir, no se ha atacado la base económica de esta modalidad del crimen organizado, coinciden legisladores de oposición y analistas financieros.

Analistas como Jesusa Cervantes y otros especialistas consultados por diferentes medios de comunicación, entre ellos el semanario Proceso, afirman que en los últimos ocho años no se ha sentenciado a nadie por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y cuestionan el hecho de que en el Congreso federal no se hayan aprobado nuevas medidas legales para combatirlo.

Del año 2000 a la fecha, el departamento del tesoro de Estados Unidos ha emitido alertas e incluido en su lista de sospechosos a 121 empresas y más de mil personas que radican en México, a quienes relacionan con los negocios y las operaciones financieras de los cárteles de las drogas. Sin embargo, el gobierno mexicano ha manifestado que no existen evidencias de que tales compañías realicen operaciones ilícitas. Por ejemplo, hay empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. De C.V., propiedad del Ismael, El Mayo Zambada, que actualmente son promocionadas por el gobierno federal mexicano y que durante el sexenio de Fox recibieron apoyo de la Secretaría de Economía a través del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas -Pymes-.

El diputado federal priista Alfredo Ríos Camarena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, considera que la forma de atacar el problema es dirigirse al -corazón, siguiéndole la pista al dinero, y el gobierno es el único que puede hacerlo porque tiene toda la información que fluye por el sistema financiero.- El Procurador General de la República, Eduardo Mora, aseguró el pasado 23 de septiembre, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que –todas las empresas que han sido boletinadas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos son sujetas de averiguación previa en México y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos de lavado de dinero. Sin embargo, nunca dijo que hubiera personas a las que se les haya dictado sentencia por este delito.

El analista Mario Di Costanzo, quien de 1984 a 1996 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y escribió junto con el ex diputado perredista Antonio Magallanes el libro lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México, hace la siguiente afirmación – Mientras no se cambien las leyes que ayuden a investigar y consignar por el delito de lavado de dinero, de nada servirán las grandes cantidades de dinero y de policías para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, porque México tiene una situación geográfica y un sistema financiero tan laxo que lo han convertido en el lugar ideal para el lavado de dinero, y por lo mismo no se podrá atacar certeramente al narcotráfico.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, desde el año 2000 hasta mediados del 2008 –el documento está fechado en agosto pasado- el gobierno registro a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico. Dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería, transporte, y a las industrias farmacéutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.

Según el reporte de dicha oficina, 48 de esas firmas están presumiblemente relacionadas con el cártel de los hermanos Arellano Félix, 34 con el de los Arriola Márquez, socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El Mayo Zambada. Finalmente Mario DI Costanzo explica que cuando el sistema bancario pertenecía al gobierno había más control, pero al abrirlo no se actualizó la Ley de Instituciones de Crédito. Como ejemplo de las consecuencias de la actual laxitud cita la compra de Banamex por Citigroup, considerado en Estados Unidos como uno de bancos que tienen las reglas más débiles sobre lavado de dinero.