En la ruta que va del anarquismo al totalitarismo hay varias escalas. En cierto modo, el punto medio entre la ausencia y la omnipresencia del gobierno es la democracia. Etimológicamente es el poder de todos --el pueblo-- aunque en su estado más puro sería el poder de nadie --ningún intermediario--. Es decir, teóricamente los ciudadanos tomarían directamente las decisiones de la polis. En la plaza ateniense del siglo V A.C. o en el ciberespacio global del siglo XXI, el sueño democrático es el mismo: que la sociedad entera tome su futuro en sus manos.
    Pero los griegos inventaron una democracia paradójica. En un sentido se aproximaron a la modalidad directa, con pocas instancias de intermediación, y en otro se situaron en una vertiente selectiva, excluyendo a muchos del derecho a votar. Siglos después, los ingleses fundaron un parlamento que lentamente fue acotando y de hecho sustituyendo al rey como soberano. Cuando los partidos políticos irrumpieron en la vida democrática, lo mismo en los regímenes parlamentarios europeos que en los regímenes presidenciales americanos, la tesis de la representatividad se consolidó. La democracia “indirecta” probó ser la única forma viable de ejercer el gobierno popular. Los ciudadanos --o los supuestos súbditos en los sistemas monárquicos-- delegan su poder o parte de él en representantes a quienes eligen para tomar decisiones en su nombre. Los miembros del Legislativo y el titular del Ejecutivo han de elaborar y aplicar leyes en función del mandato de las urnas.
    No obstante, con todo y el voto universal, nuestra actual democracia representativa sigue entrañando una paradoja. El mandante no puede determinar en una elección más que los grandes trazos ideológicos de la misión del mandatario. En buena tesis, en efecto, el elector vota por el candidato de un partido en función de su plataforma electoral y las propuestas en ella contenidas. Pero resulta que no hemos creado un mecanismo legal para garantizar o al menos incentivar el cumplimiento de las promesas de campaña. Es decir, la vinculación de la voluntad del representado con la acción de su representante es, en el mejor de los casos, precaria. Por lo demás, no es posible prever una agenda de coyuntura exhaustiva en un plan legislativo o de gobierno, y aun en los temas en que existe un compromiso preelectoral nada impide a un legislador o a un presidente argumentar que las circunstancias cambiaron y que es necesario hacer otra cosa. La teoría dice que el castigo en ese caso es la decisión del electorado de no volver a votar por ese candidato o ese partido en los siguientes comicios, pero la realidad muestra que si en los países con normalidad democrática hay formas de sacarle la vuelta a esa sanción, más las hay en uno como el nuestro donde no hay reelección consecutiva y la memoria de corto plazo es flaca.
    Por eso, porque la representatividad tiene límites, existen instrumentos de democracia participativa. Su propósito es preguntar directamente a la sociedad cuestiones cuya importancia amerita una consulta ad hoc, y sus requisitos deben asegurar que sólo los asuntos más relevantes sean susceptibles de una nueva manifestación de la voluntad popular. Si se vale el símil, es como si los electores otorgaran a los elegidos una carta-poder limitada para representarlos, estableciendo la posibilidad de revertir la autoridad delegada por cuanto a algunas decisiones que se deben tomar sin intermediarios. El diferendo entre “representativistas” y “participativistas” es muy viejo y está en buena medida zanjado. En México, sin embargo, los primeros han ganado casi todas las batallas. Aunque perdió la votación en el Constituyente de 1824, Fray Servando Teresa de Mier le ganó a Miguel Ramos Arizpe el debate sobre la inconveniencia de recurrir a herramientas plebiscitarias. Cuando Ramos Arizpe afirmó que el pueblo quería un régimen federal, Fray Servando le hizo la que probablemente fue la primera acusación de demagogia en la historia política mexicana: le dijo que el ciudadano común y corriente no sabía qué era el federalismo y que los había elegido a ellos como diputados en reconocimiento a sus luces para discernir lo que era mejor para él; y remató --cito de memoria-- “somos sus árbitros y compromisarios, no sus mandaderos”. Salvo honrosas excepciones, desde entonces esa visión prevaleció entre juristas y teóricos de la democracia mexicanos.
    Ya es tiempo de cambiar esa tradición que nos ha hecho rezagarnos del mundo democrático. Hoy más que nunca, a México le urge legislar en torno a la democracia participativa. La percepción de una parte significativa de nuestra sociedad de haber sido excluida de la transición democrática debería servir de catalizador para adoptar no sólo el referéndum sino también el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato. El referéndum es generalmente una votación popular respecto de algún asunto legislativo; cuando se elabora una nueva Constitución, por ejemplo, se suele poner a consideración de todos los electores. El plebiscito, en cambio, suele formularse en una pregunta sobre un gobierno o sobre alguno de sus actos; en otras palabras, es una suerte de voto de confianza o de censura. La iniciativa popular es la prerrogativa de un conjunto de ciudadanos de presentar un proyecto de ley sin que éste tenga que provenir de los legisladores. La revocación de mandato es la posibilidad de dar por terminado anticipadamente el periodo de un gobernante, en una fecha previamente determinada, si la mayoría del electorado lo juzga pertinente. Todos ellos son recursos comunes en la mayoría de las democracias modernas.
    Consultar a la sociedad sobre temas sensibles es una manera de compensar las fallas de la representatividad y de incluir a todos en el devenir del país. Más aun, deberíamos de idear también formas de colmar la principal laguna de la modernidad democrática, que es la inexistencia de procedimientos para “deselegir” a representantes populares que no cumplen sus promesas o compromisos electorales. El petróleo ha sido, para bien y para mal, un recurso vital para los mexicanos. Ciertamente, es una lástima que no tengamos todavía en nuestra Constitución el instrumental necesario para dirimir entre la ciudadanía una divergencia tan importante como la de qué hacer con Pemex. Pero nada nos impide consultarla. Mientras la tecnología de la información y la comunicación desarrolla las condiciones para construirla, ¿por qué no intentamos pavimentar culturalmente el camino que nos acerque a una democracia directa?