Por: Manuel Camacho Solís (*)

Las elecciones del Estado de México se parecen más a las del antiguo régimen que a las elecciones que ocurrieron después de las reformas de 1994-1996 que ciudadanizaron las instituciones electorales y separaron al gobierno del partido que fue mayoritario hasta 1997. Como si nada hubiera ocurrido y como si la magnitud de los problemas no ameritara otra fórmula política, las elecciones para Gobernador avanzan bajo el signo de una inequidad electoral extrema.

La legislación electoral se modificó para beneficiar al PRI y perjudicar a la oposición. Se reformó la ley para fragmentar a las oposiciones y, al reducir los tiempos de campaña, ganar una ventaja adicional. ¿Cómo se podría revertir, así fuera parcialmente, la ventaja en el posicionamiento de medios que construyó el PRI a lo largo de los últimos años? La ley es como un traje a la medida: todo a favor del PRI, con todos los recovecos legales imaginables y sin dientes para sancionar.

La administración pública se reorganizó por medio de gabinetes regionales perfeccionados por distrito electoral. El video de Chalco (la prueba más contundente de simbiosis que existe en la historia electoral reciente) demostró la intervención, el favoritismo y la forma de operación mediante la cual los programas sociales, las credenciales, las despensas y los apoyos están puestos al servicio del PRI. Desde entonces se hicieron algunos correctivos, pero al no haber sanción a esa conducta ilícita, la práctica prevalece.

El árbitro electoral es parcial. Está al servicio del PRI, como en los viejos tiempos de la Comisión Federal Electoral controlada por Gobernación. Fue muy lamentable la resolución de su Consejo, cuando frente a un evidente acto ilegal de interferencia del gobierno en la elección, no hizo sino proteger al gobierno del Estado y al PRI. Los consejeros aceptaron los hechos y los reprobaron, pero no se atrevieron a sancionar las conductas partidistas ilegales; ni siquiera a llevar a cabo una investigación exhaustiva que identificara las responsabilidades y la articulación sistémica.

El monitoreo que realiza el Instituto Electoral del Estado de México adolece de graves deficiencias y claramente subestima el gasto del PRI. El PRI ha rebasado su gasto de campaña, sin que siquiera se le llame la atención. Hay un auténtico derroche a la vista de todos que, con un adecuado monitoreo, habría sido cuantificado. Pero aún para el caso de detectarse, mediante las medidas precautorias en curso, la interpretación que hacen de la ley, conlleva a concluir que la investigación debe ser secreta y no debería ser entregada a la autoridad hasta después de la protesta constitucional del próximo Gobernador.

Aún donde la ley no tiene margen para interpretación, la autoridad es parcial. Fue público y notorio que, en el periodo de las precampañas, el candidato del PRI realizó actos anticipados de campaña. No había otros precandidatos y, sin embargo, el candidato del PRI hizo todo lo que hace un candidato. La autoridad no lo sancionó. Estaba obligada a hacerlo, con una sanción severa, pero prefirió no llamarle siquiera la atención.

Alejandro Encinas tiene las cualidades que se necesitan para ser un Gobernador que mejore las cada vez más difíciles condiciones de seguridad del Estado de México, transparente el uso de los recursos públicos y dirija la acción de su gobierno en favor de los más necesitados. Es la mejor garantía de que se gobernaría con honestidad, sensibilidad social y se velaría por la tranquilidad de los mexiquenses. Debería ser el Gobernador, pero tiene todo en contra.

La inequidad que caracteriza a esa elección y la simbiosis entre el gobierno y el PRI no tienen parangón. A la vieja usanza, el PRI apuesta a que la diferencia en las intenciones de voto (amplificada por la propaganda) disuada al votante. Busca que la participación sea muy baja. Ni los ciudadanos ni la opinión pública tienen por qué aceptar que, en la antesala de la sucesión presidencial, se regrese a elecciones de Estado.

(*) Coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México