Por: Raúl Ramírez Baena

Los Estados Unidos siempre han intervenido en México, imponiendo de una u otra manera la agenda bilateral, acorde a sus intereses y a la defensa de su Seguridad Nacional. Antes, con los gobiernos del PRI, por lo menos se simulaba el nacionalismo. Ahora, de plano, con Vicente Fox y Felipe Calderón se pasan de la raya, gracias a los errores, corruptelas y falta de patriotismo y ética política de nuestros gobernantes.

Mientras las masas se distraen alegremente con tres eventos de alto impacto mediático: la “Boda Real” en Inglaterra, la “Beatificación” de Juan Pablo II, que mereció la presencia en El Vaticano de Felipe Calderón, Jefe de un Estado laico, visita que no dejó nada a los mexicanos y la muerte de Osama por Obama, apuntalando así a su reelección con el beneplácito de los “Halcones”, casi desapercibida, el viernes 29 de abril de 2011 se desarrolló en el Departamento de Estado, en Washington, la reunión del grupo de alto nivel con la presencia de secretarios y embajadores de ambos países.

Como aperitivo y muestra de “buena voluntad”, México le regaló un día antes a los Estados Unidos la extradición de Benjamín Arellano Félix.

La reunión se realizó en el marco de la Iniciativa Mérida, proyecto financiero y militar aprobado por el Congreso del vecino país, cuyo presupuesto de mil 450 millones de dólares sirve para intervenir en México, Centroamérica y el Caribe, con el fin de frenar el terrorismo y “administrar” el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Plan que, por cierto, nunca fue discutido ni aprobado por el Senado mexicano, como tampoco la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida.
 
Entre los principales acuerdos bilaterales, tomados al margen del Senado, están:
Estados Unidos se compromete a entregar a México 500 millones de dólares, que se sumarán a los 400 millones en equipo, entrenamiento y programas para “el fortalecimiento de capacidades institucionales” que ha recibido México.

Desarrollar de manera conjunta “bajo el liderazgo del gobierno de México”, un programa para fortalecer a la Policía a nivel estatal, “en coordinación con autoridades estatales y locales, comenzando con esfuerzos en estados clave”.

“Acelerar y ampliar el apoyo que se brinda a las reformas a la administración de justicia a nivel estatal en México”. Esto es, el interés primordial de los Estados Unidos de implementar a como de lugar el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Combatir las finanzas ilícitas e incrementar los esfuerzos para combatir el tráfico de armas y evitar que las organizaciones criminales tengan acceso a éstas.
Ambos gobiernos anunciaron el establecimiento del “Grupo de Prevención de la Violencia Fronteriza”, incrementando el intercambio de información e inteligencia, así como ampliar los protocolos para responder a incidentes violentos en la región.
 
Sobre este último punto, es claro que el gobierno de México se adelantó a los hechos, anunciando por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados que preside el diputado panista José Luis Ovando, en el marco de la nueva Ley de Migración, la aprobación de la minuta sobre el acuerdo que crea la Policía Fronteriza, que estará bajo la dirección del Ministerio Público (la PGR) y “tendrá facultades para prevenir delitos y realizar vigilancia de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas”. La “migra” mexicana que desplaza a los Grupos Beta de Protección de Migrantes, venidos a menos.

Con todo esto, queda claro que Felipe Calderón quiere congraciarse con su contraparte estadounidense, para legitimar su fracasada estrategia contra el narcotráfico y aspirar a seguir gobernando por su corriente ideológica, entregando a los vecinos lo que quieren: El control del país y la frontera común, en su visión de defensa de su Seguridad Nacional, antes de que decidan, de plano, la intervención militar directa.

No hay que perder de vista el doble juego de los estadounidenses: Por un lado, aplauden a Calderón sus “éxitos” y su “valor” para enfrentar a los malosos (como Calderón aplaude la muerte de Bin Laden); capacita a 15 mil soldados y policías mexicanos en “inteligencia” y lucha antinarco y beneficia a la industria militar norteamericana con los recursos de la Iniciativa Mérida. Y por otro, da un plazo de tres años a México para el retiro de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco (plazo que por cierto ya venció), le receta a Calderón el más severo Informe sobre violaciones a los derechos humanos de las fuerzas armadas y le recuerda las casi 40 mil muertes en lo que va de su sexenio.

Todo ello, a pesar de la aceptación por régimen actual de la presencia encubierta en México de agentes federales estadounidenses y del rápido esclarecimiento del crimen del agente aduanal de ese país, que nadie sabe explicar qué hacía en México.

La política exterior norteamericana siempre ha sido intervencionista, pero otra cosa es que nuestro gobierno permita una descarada intromisión en nuestros asuntos. Lo que fueron a hacer a Washington la Canciller Patricia Espinoza, el Secretario de Gobernación, Francisco Blake, los Secretarios de la Defensa y la Marina, Guillermo Galván y Francisco Saynez, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y la Procuradora Marisela Morales, fue legitimar la entrega de la Soberanía Nacional y reafirmar nuestra condición de “Patio Trasero”.

Todo sea por garantizar la seguridad… de las inversiones privadas en México.

Esto explica la permanencia de las Policías Estatales Preventivas, sobre todo en la frontera norte, que se han dedicado, fuera de sus atribuciones constitucionales, a perseguir a narcomenudistas y a cometer con absoluta impunidad graves violaciones a los derechos humanos y delitos tales como homicidios, desapariciones forzadas, tortura, allanamientos y detenciones arbitrarias, como sucede en Baja California, sin que hasta la fecha lo reconozcan las autoridades federales y estatales y se castigue a los responsables.