Por: María Elena Estrello

• El Gobierno del Mtro. José Guadalupe Osuna Millán muestra desinterés en conocer los criterios de ponderación entre acceso a la información y sus límites, así lo revela el libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

México está muy lejos de los primeros lugares en el mundo en el ámbito de la transparencia y rendición de cuentas. Finlandia, Nueva Zelanda y Singapur, ocupan los tres primeros sitios en el ranking de los países con menor opacidad en el manejo de sus datos gubernamentales con una calificación de 9.3, en una escala donde 10 indica percepción de bajos niveles de corrupción, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción en el Sector Público, efectuado por el organismo Transparencia Internacional. En dicha investigación, realizada en 178 países, México ocupó el lugar 98, con una calificación de 3.1 en el año 2010. Somalia con un puntaje de 1.1, ocupa el último puesto.

En nuestra nación, de acuerdo con el doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Ernesto Villanueva, “…existe un alto grado de tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.

Tal declaración se dio en el curso de la presentación del libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, de autoría de Villanueva. El también doctor Honoris Causa por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y Ombudsman del Radioescucha en Radio Educación, aseguró en la sala Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que la transparencia es una cultura cuyo proceso inició en México en 2002.

El texto de 700 páginas asegura el autor, es “un punto de partida para analizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como de otros instrumentos de combate a la corrupción y promoción de los derechos humanos del país”. En el libro, se analiza al tercio del país donde se registra el mayor número de crímenes de alto impacto. Para ello, se hicieron 485 solicitudes de información divididas en 34 indicadores a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República, así como a los Estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y a las respectivas Secretarías de Seguridad Pública y Procuradurías de Justicia de las entidades mencionadas.

Villanueva aseguró que la información solicitada a las diferentes dependencias y entidades federales y estatales no contempló aspectos de seguridad nacional y que al respecto, es necesario replantear dicho concepto pues “no hay un mínimo común denominador sobre lo que debe ser clasificado como reservado o confidencial en los organismos objeto del estudio…México son varios Méxicos, cada quien entiende cosas distintas”, indicó. A pregunta expresa de Pacific Spanish Network, el investigador señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional no fue incluida en el estudio por criterios metodológicos.
 
Baja California

Entre otras conclusiones preliminares la investigación del doctor Ernesto Villanueva, decano del Derecho de la Información en México, reveló que: “En algunos casos, como Baja California, Chihuahua y Nuevo León, se llegó al extremo de no proporcionar casi toda la información solicitada…”. El doctor asegura que “…en Baja California, el caso fue peor que en las entidades mencionadas “…habida cuenta que las autoridades ni siquiera respondieron las solicitudes de información. Cabe recordar que en Baja California la existencia de un organismo garante honorífico de la información sin vida material, genera incentivos para la opacidad”.

Por citar algunos datos, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, cuyo titular es el licenciado Daniel de la Rosa Anaya, se negó a entregar información en diciembre de 2009, en los rubros: Rendición de Cuentas de la Secretaría de Seguridad Pública; Administración y mantenimiento de la institución; Certificación en materia de Seguridad Pública; Organización de la Secretaría de Seguridad Pública; Recursos humanos de la institución; Ingreso, reclutamiento y selección de personal de la institución; Acuerdos o convenios interinstitucionales e Información Pública; Protocolos de comando; Asuntos Internos; Servicios de Inspección; Investigación Criminal; Asistencia de Víctimas y testigos; Delitos contra la salud y delincuencia organizada; Operaciones Juveniles; Prevención de Delitos; Reportes centrales o internos y Derechos Humanos.

El Doctor señala en su libro “que en los casos de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California como de la Procuraduría General de Justicia del Estado para el estudio realizado se sistematizó la información disponible en su legislación e Internet, pues nunca se recibió respuesta a nuestras solicitudes por parte de estos sujetos obligados”.

El documento publicado señala en sus conclusiones preliminares que “la tendencia en las dependencias y organismos objeto de estudio muestra que el respeto a los derechos humanos tiene amplias oportunidades de mejora”.

Otra conclusión inquietante revelada por la exhaustiva investigación del doctor Villanueva señala que: “En general se muestra un crecimiento sostenido del presupuesto público asignado a las secretarías de seguridad y procuradurías de justicia y resultados inversamente proporcionales a las expectativas de la sociedad”.