Por: Leticia Duran Mata / SIP

• Regidores panistas demandan juicio político a síndica

Una vez más la Policía Municipal de Tijuana está envuelta en otro escándalo. Esta ocasión el video que dio la vuelta a México e incluso se transmitió en otros países, deja la imagen de la policía tijuanense e incluso de las autoridades municipales por los suelos. Un diario de circulación estatal dio a conocer la existencia de un video que en resumen mostraba cómo policías municipales, adscritos a la Delegación de la Presa Rural en Tijuana “negociaron” la libertad de una mujer detenida con droga a cambio de un baile exótico. Este video que algunos incluso catalogaron como pornográfico, más allá de mostrar la baja estatura moral de los 15 elementos que participaron, también dejó ver la falta de autoridad en Tijuana.
 
Recapitulando el Poligate
El video se difundió el 23 de mayo, en el periódico “El Mexicano”, pero las autoridades municipales, es decir, Alcalde, Secretario de Seguridad Publica, Síndico Procuradora Municipal, recibieron una denuncia desde el 15 de abril, la cual fue realizada por el policía que grabó las imágenes con su teléfono celular. Por más de 30 días los 15 policías que participaron en el hecho que muestra el ya denominado “videoescándalo” siguieron trabajando en la corporación municipal con normalidad, bajo el amparo del Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, el Secretario de Seguridad Pública, Gustavo Huerta, así como la Síndico Procuradora del 20 Ayuntamiento de la ciudad, Yolanda Enríquez.

“El Politable”, “Los Policías de Tijuana con table-dance privado” o el “Poligate” como también se conoce a este asunto, llegó hasta el Congreso del Estado por medio de una denuncia que hicieron regidores panistas de Tijuana quienes piden se aplique juicio político contra Yolanda Enríquez.

La falta de acciones por parte de las autoridades locales hace pensar que si el video no se difunde, las autoridades no hubieran tomado cartas en el asunto. Fue hasta el mismo día que el video “salió a la luz” que las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa, aportaron más datos, e incluso conocían quienes participaron en los hechos: cuántos elementos estaban involucrados así como cuántos tienen una denuncia formal. Sin embargo, todos los involucrados seguían en la corporación, con sus mismos puestos, trabajando como si nada grave hubiera sucedido.

Por parte de la Sindicatura Municipal, el Jefe de Responsabilidades, Jesús Chávez Hoyos, dio a conocer en la misma conferencia de prensa que a los 15 policías involucrados ya se les había dictado suspensión preventiva. El Secretario de Seguridad Pública, Gustavo Huerta, aseguró que a pesar de las imágenes se tenía que concluir una investigación para deslindar responsabilidades. El Alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante, pidió a la ciudadanía confianza en las autoridades, esto, pese a que entre los agentes removidos está el Jefe de la Policía en La Presa Rural, Víctor Manuel de la Cruz Candelaria.

Pero ahí no termina el asunto. Luego de la conferencia de prensa, las autoridades quisieron olvidar el tema: el Alcalde de Tijuana se ausentó de la agenda pública por unos días para evitar más cuestionamientos. Según Bustamante Anchondo, el expediente en contra de estos elementos policíacos se terminó de armar y Sindicatura Municipal se lo pasó a la Procuraduría de Justicia del Estado. Como quien dice le dio la estafeta al Estado y se lavó las manos. Después de esto, ni el Alcalde ni la Síndico Procuradora quieren tocar el tema: aseguran que ellos cumplieron con su trabajo y que el caso ya no estaba en sus manos. Sin embargo, ante la insistencia de los medios para conocer más sobre el castigo a los elementos de la Presa Rural, el Alcalde de Tijuana aseguró que los medios estaban exagerando los hechos, pues “…los elementos ni violaron, ni mataron”, entonces que “…por favor, (los comunicadores) ya dejáramos descansar el tema”.
 
Juicio Político y destitución para Yolanda Enríquez
Y ante los hechos, políticos de partidos de oposición al PRI aprovecharon para criticar la manera de gobernar en Tijuana. Regidores del PAN, encabezados por Erwin Areizaga Uribe, no dudaron en cuestionar la actuación de las autoridades ante la publicación del videoescándalo del Politable. Inmediatamente, pidieron la destitución del Secretario de Seguridad Pública, Gustavo Huerta, por solapar las acciones de sus subordinados y sobre todo, por la falta de dirección y mando dentro de la Policía Municipal. Los funcionarios no se conformaron con esto: semanas después presentaron una denuncia sustentada ante el Congreso de Baja California, donde solicitaron a los diputados locales aplicar Juicio Político contra Yolanda Enríquez. En la denuncia argumentan que : “…Estos hechos se presumen delictuosos, mismos que el Código Penal considera de persecución oficiosa por los delitos de abuso sexual y abuso de autoridad, contemplados en el Código Penal de Baja California”. En el documento también aseguran que: “…Con estos hechos la Síndico Procurador, en el ejercicio de sus funciones, incurre en una omisión que redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, sanciones que sólo se impone a los servidores públicos, mediante juicio político, como lo establece el Artículo 92 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Baja California”.

Los regidores piden que se tome en cuenta su denuncia y que de estar fundamentada, el Congreso destituya e inhabilite a Yolanda Enríquez. En el Congreso Local, ya se está analizando la denuncia y algunos diputados como Julio Felipe García, Rosana Soto y Fausto Zárate aseguran que “al parecer” hay fundamentos, pero no quieren adelantarse a los hechos, pues tienen 30 días para analizar esta petición.