Por: Jaime Martínez Veloz

SEGUNDA PARTE

Una de las funciones primordiales de todo Estado es garantizar la integridad de las personas y proteger a sus ciudadanos donde éstos se encuentren. Renunciar a esta tarea significa claudicar a una obligación básica de gobierno.

Referimos lo anterior considerando que permanentemente, sobre todo en tiempo de procesos electorales, existe un acoso sistemático por parte del sector más conservador de la clase política estadounidense en contra de los migrantes mexicanos, creando un clima adverso, lo cual ha propiciado diversos y lamentables proyectos legislativos anti-inmigrantes, orientados a menospreciar, denostar y criminalizar a los trabajadores migratorios y sus familias; disposiciones que incluso confrontan, en forma perversa, a los recién llegados con los migrantes plenamente establecidos.

Es preciso crear opciones que contengan este ambiente de conflictividad e intolerancia política y social imperante.

Existe también un freno abrupto del flujo migratorio, a través de la aplicación de medidas drásticas, entre las que se encuentran deportaciones masivas por otra frontera muy distante a la cual ingresaron los migrantes, esto es común en el caso de los niños en tránsito, quienes tienen que sobrevivir en las calles o laborar en condiciones infrahumanas y de explotación en las ciudades de la frontera. A los llamadas personas en tránsito se les llega a considerar como criminales cuando ingresan a ese país sin documentos, privarlos de los servicios más elementales y construir un muro fronterizo, argumentando razones de seguridad nacional, acto éste diametralmente opuesto a la buena relación que debe existir entre vecinos y socios comerciales.

La deportación de jóvenes y niños es una dolorosa realidad, no existiendo en la legislación mexicana un sistema de protección particular en relación con los menores migrantes no acompañados. Según datos del Instituto Nacional de Migración, en los últimos siete años se ha duplicado el número de menores migrantes repatriados anualmente de Estados Unidos a México y de nuestro país hacia varios países centroamericanos.

Lo anterior es políticamente inaceptable y requiere una respuesta política puntual, tanto de las instituciones del Estado Mexicano, como de los propios migrantes. Del Estado, no sólo a través de los conductos diplomáticos tradicionales, sino también por medio de una instancia con autoridad institucional y moral, expresamente concebida para afrontar política y legalmente la defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero. De los propios migrantes, mediante un reposicionamiento político que les permita avanzar hacia formas superiores de organización que se orienten a promover la defensa de sus derechos humanos, sociales y laborales en Estados Unidos.

La lucha y el debate político se deben dar en todos los frentes. Considerando la viabilidad de que pueden tener la doble nacionalidad, los migrantes deben luchar por la obtención de la ciudadanía estadounidense, y con ello, tener la posibilidad, mediante su voto, de influir en las decisiones; y acceder a los derechos económicos, sociales y políticos de que disfrutan los ciudadanos norteamericanos.

Deben, asimismo, tener una participación política-electoral más activa, la cual refleja actualmente el índice más bajo con respecto a otros grupos de inmigrantes, y en donde sea notoria su decisión para optar por candidatos que representen mejor sus intereses.

La organización política de los migrantes es un imperativo. Si el mundo global requiere de una democracia global, los migrantes deben tener voz y voto en la discusión de todo aquello que les afecte. Y sin que se considere una injerencia en asuntos de otro país, deben ser respaldados política e institucionalmente, en ambos lados de la frontera, en la defensa de sus justos derechos.

Más que seguir siendo considerados como objeto de políticas, los migrantes deben ser vistos como sujetos políticos con voz propia que merecen ser escuchados.

Es necesario que los mexicanos y sus descendientes avancen políticamente y consoliden una presencia que les permitirá instaurar una institucionalidad más favorable y equitativa al esfuerzo que aportan a la economía norteamericana.

El organismo que se cree, habrá de ser una instancia que constituya una firme defensa de los migrantes; que atienda y canalice sus necesidades específicas; que genere y coordine iniciativas en este sentido; que proponga un proceso de diálogo político con la sociedad para identificar con mayor precisión la problemática migratoria y aliente experiencias organizativas que contribuyan en la búsqueda de soluciones.

Considerando que la migración es un fenómeno continental, este organismo podría incluso promover el diseño de una agenda hemisférica sobre el tema migratorio, el desplazamiento interno y el refugio, con la idea de generar propuestas para resolver las problemáticas que son comunes en la materia a los países americanos.

Existen distintas estadísticas con respecto al número de mexicanos en los Estados Unidos variando, según la fuente, entre 24 y 30.5 millones. Si se consideran las cifras más conservadoras, de los 24 millones de personas de origen mexicano, 14 millones son estadounidenses de ascendencia mexicana y 10 millones nacieron en México pero emigraron hacia el vecino país.

Si se toma el dato de que son 30.5 los millones de personas de origen mexicano, 19.3 millones de personas son estadounidenses de ascendencia mexicana y otras 11.2 millones nacieron en México y emigraron a los Estados Unidos.

Las personas de origen mexicano o nacidas en México representan el 65.7 por ciento del total de los hispanos en Estados Unidos, que se estima en 46.8 millones de personas y que constituyen el 15.4 por ciento del total de la población de ese país.

Prácticamente estamos hablando de que los hispanos, particularmente los mexicanos, constituyen una nación dentro de otra.

Sin embargo, no todos los migrantes tienen la intención de quedarse en el vecino país. Hasta hace unos años, una parte importante, sobre todo en la población indocumentada orientada a actividades agrícolas, migraba temporalmente a Estados Unidos, con la idea de obtener algunos dólares y regresar a México, para volver nuevamente a Estados Unidos y así sucesivamente, en lo que se conoce como circularidad migratoria.

Según información del Consejo Nacional de Población, las crecientes barreras y dificultades para ingresar a Estados Unidos, así como los insuficientes estímulos para el retorno al país que ofrece la economía mexicana, han contribuido al desgaste de los mecanismos de circularidad migratoria y han aumentado la propensión a una migración más definitiva. Al mismo tiempo, ha bajado la cantidad anual de migrantes, que llegó a ser de entre 400 mil y 500 mil personas, para ubicarse entre 350 mil  y 400 mil migrantes al año. Es decir, alrededor de mil mexicanos al día, principalmente jóvenes, abandonan el país en busca de mejores horizontes y oportunidades.

La magnitud de estos flujos migratorios amerita que se adecue la realidad normativa e institucional y se cuente con instancias que atiendan y respondan a las nuevas demandas generadas por esta dinámica vertiginosa que ha trastocado radicalmente el entorno social tradicional en ambos lados de la frontera. Nuestro país, no puede ni debe dejar de actuar en forma activa con medidas que protejan a toda esta gente, su gente, cuya salida de alguna manera desangra al país al irse al extranjero una parte tan importante de sus jóvenes y de su fuerza laboral.