Por: Jaime Martínez Veloz

PRIMERA PARTE

En algunas sociedades pluriculturales, como lo son los Estados Unidos es frecuente la tendencia a que ocurran fenómenos xenofóbicos y discriminatorios por parte de quienes se consideran nativos; esto ocurre porque se sienten amenazados laboralmente por los inmigrantes, por desconocimiento o miedo. El migrante suele ser fácilmente estigmatizado como extranjero, indocumentado, ilegal e incluso refugiado, situación que expresa la vulnerabilidad en la cual se encuentra.

A pesar de que ese país nace y se desarrolla con importantes corrientes migratorias provenientes principalmente de Europa, ahora se opone a la llegada de más migrantes. Para ello, se introdujeron leyes, se modificaron aspectos legales, se fortificaron y tecnificaron las fronteras -bajo una justificación antiterrorista- y se tomaron drásticas medidas dirigidas a limitar el ingreso de migrantes, al tiempo que se impidieron legalizaciones de estancias residenciales y se persiguieron soterradamente minorías étnicas. El extremo fue la permisividad a grupos paramilitares estadounidenses (“caza ilegales”) para evitar la entrada de personas indocumentadas provenientes de México.

Estas situaciones son incompatibles con los principios más elementales del Derecho Internacional. Las políticas migratorias no pueden estar al margen de los derechos humanos.

Generalmente, los indocumentados viven en situación de pobreza en el país y llegan a la frontera (algunos arriesgando la vida viajando como polizontes en los trenes) con muy poco dinero, el necesario para subsistir unos cuantos días. No tuvieron los recursos para adquirir pasaporte y visa o, bien, ésta les fue negada. Eso los obliga a cruzar la frontera atravesando el Río Bravo, con el riesgo de perecer ahogados; o por zonas agrestes, desérticas y sorteando condiciones cada vez más riesgosas, incluyendo una posible muerte por deshidratación en verano o por hipotermia en invierno, o por la picadura de algún animal ponzoñoso. Suman miles los migrantes tanto mexicanos como de otras latitudes que se han quedado a la mitad del camino y han muerto tratando de pasar “al otro lado” de la línea fronteriza. Y algo más grave: según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es cada vez mayor el número de cuerpos de niños encontrados en el cruce fronterizo México-Estados Unidos.

Los migrantes están también sujetos a los traficantes de indocumentados o “polleros”, quienes, por una cantidad de dólares ofrecen cruzarlos al otro lado de la frontera y quienes muchas veces, los abandonan a su suerte. El tráfico de seres humanos se ha convertido en un negocio que genera ganancias millonarias para los traficantes y los sindicatos del crimen.

Además de los traficantes, los migrantes también son presa de organizaciones delictivas que operan en la frontera, dedicadas al contrabando, trata de blancas, tráfico de drogas y crimen organizado.

Si llegan a cruzar, el panorama que les espera no es nada halagador. Se dan casos de migrantes que llegan a vivir como topos, bajo la tierra, al aire libre bajo los árboles en los campos de cultivo, o en casas de plástico y cartón.

Para el hombre es difícil vivir estas circunstancias, lo es más para la mujer. Además de lo anteriormente mencionado, la fémina que emigra encuentra un contexto de sufrimiento mayor que el del hombre, por causa de las distinciones y desventajas de género en cuanto a derechos y a estatus. Las mujeres migrantes están expuestas a vejaciones, maltrato y violencia, al engaño y a violaciones de su cuerpo y sus derechos. Las mujeres que trabajan en forma ilegal no pueden denunciar la violencia y los malos tratos que sufren ya que serían deportadas de inmediato.

¿Cuántas migrantes caen en la prostitución o son inducidas a la misma al no encontrar trabajo como pensaban? Aún cuando esta situación es incompatible con la dignidad y el valor de la persona humana, es necesario extender los derechos sociales y laborales a los trabajadores sexuales, incluyendo atención a la salud y protección contra el VIH, así como desarrollar medidas que reduzcan los riesgos que enfrentan estos grupos específicos.

Algunos especialistas definen a la “trata de blancas” como la esclavitud del Siglo XXI, la cual, mediante el abuso, la tortura y la degradación al ser humano con valor menor al de una mercancía. La trata afecta particularmente a la mujer migrante y representa una de las formas más rentables del crimen organizado y sólo es superado por el tráfico de drogas y de armas.

El Doctor Mario Luis Fuentes, Director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social AC (CEIDAS), refirió que existen en nuestro país víctimas de trata internacional provenientes de Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa del Este; pero también existen incontables víctimas de trata interna provenientes de los Estados más vulnerables de la República Mexicana.

Este investigador señala que: “Si hay un crimen que puede asociarse, sin exagerar a conceptos como la oscuridad, la perversidad y la clandestinidad, es el de la trata de personas. Esto es así porque sus víctimas están sometidas a una dimensión en la que se han suspendido todos sus derechos, en la que han sido literalmente sustraídos del tejido social e incorporados al mercado simple y llano de las mercancías”

La trata de blancas, especialmente de mujeres migrantes, es algo muy común en las fronteras. La o el migrante indocumentado está sujeto a la amenaza, al uso de la fuerza y a otras formas de coacción; a servicios forzados, al engaño, al fraude, y al abuso de poder. Todo ello generado por sus condiciones de indefensión y vulnerabilidad. Es urgente el que se legisle en la materia para evitar que se sigan cometiendo estas acciones contrarias a la dignidad humana.

Otro aspecto relacionado con cuestiones humanitarias es que algunos Estados de la Unión Americana pueden negar las licencias de manejar a personas indocumentadas argumentando razones de control de tráfico y la seguridad en las carreteras. En otros, se han promovido leyes que prohíben la matriculación de estudiantes indocumentados en las universidades públicas.

Son comunes las redadas de las autoridades migratorias norteamericanas en el lugar de trabajo. Con pocas excepciones, estas acciones están dirigidas en contra de los trabajadores y no de los empleadores. También se han llegado a realizar redadas en las comunidades, en la calle, en las tiendas e incluso, de casa en casa. Todo ello, violando los derechos humanos y en contraposición a las propias leyes de ese país, según las cuales, sólo se puede detener a alguien si los agentes federales tienen sustento legal para ello o una orden de allanamiento.

Y esto ocurre porque las personas detenidas confiesan su situación legal sin antes consultar un abogado, pero el cual deberán pagar porque el gobierno no proporciona un defensor público. Según el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM) hay un crecimiento “excesivo” de las deportaciones a partir de la administración del Presidente Obama. En 2009, fueron deportados más de 387 mil 790 inmigrantes, una cifra superior en 123 mil 287 a las expatriaciones ocurridas durante los periodos fiscales 2008 y 2009 durante la administración de George W. Bush.

El peligro de la deportación es latente. Incluso residentes legales, no obstante los años que hayan estado en los EEUU pueden ser deportados por crímenes mayores o situaciones de violencia. Hay casos documentados en donde niños se han quedado sin padres, porque son detenidos y deportados. Hay muchos padres que tienen miedo de mandar a los niños a la escuela.

Dentro de un clima anti-inmigrante como este, se hace cada vez más difícil para las organizaciones comunitarias defender los derechos laborales y humanos de los trabajadores indocumentados.

Las razones mencionadas anteriormente justifican la existencia de un organismo especializado que pueda contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Por otra parte, si el gobierno mexicano ha manifestado estar preocupado por estos derechos en otras partes del mundo, debe empezar por la propia casa, garantizando los derechos de cualquier persona que esté de paso en territorio nacional.

Sean mexicanos o extranjeros, los migrantes que sufran en México el abuso de la autoridad, deben contar con una figura institucional que garantice su integridad y todos los derechos que como seres humanos deben gozar.