Tan sólo en abril, se registraron casi 200 ejecuciones, cifra que estuvo a punto de igualar el total de asesinatos registrados durante 2007. Las mismas autoridades aceptan que el elevado nivel de infiltración del crimen organizado, dentro de las corporaciones policíacas en la entidad, reflejan el grado de impunidad que se vive en Baja California.

La depuración no es suficiente

registro de cada uno de los pasos de quienes forman parte de las filas de los cuerpos policiales es una medida que el gobierno federal, pretende llevar a cabo por medio de la depuración policíaca.

Sin embargo, de nada servirá eliminar de las corporaciones policiales a aquellos agentes que comúnmente se dice: trabajan para los dos bandos. Todo el esfuerzo quedará en la intención si las actividades de depuración no están acompañadas de una estrategia.

Para José María Ramos, investigador en seguridad pública del Colegio de la Frontera Norte (Colef), la táctica debe ser continua y acompañada de una labor de inteligencia.

Los procesos de evaluación del Centro Nacional de Pruebas de Confianza (CNPC) que lleva a cabo el gobierno federal, a decir del especialista, pueden generar una mayor certidumbre a los ciudadanos.

A partir de esas pruebas, el sentimiento podría ser el de contar con mejores agentes, más competentes, para así, disminuir la posibilidad de que alguno de estos policías se involucren en tareas delictivas.

Para el investigador, no habrá resultados a corto plazo, si no existen planes que incluyan la preparación de los agentes.

En concordancia con este punto de vista, Francisco Javier Sánchez Corona, procurador de Derechos Humanos en el Estado opina que la capacitación de los agentes, enfocado al respeto de los derechos de la población, es un punto indispensable, dado que las quejas contra elementos de todas las corporaciones no deja de registrarse, pese a que el proceso de depuración comenzó desde diciembre del año 2007.

¨Los servidores públicos que han sido recomendados, por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), deben de ser tomados en cuenta dentro de esta depuración, pues participan en abusos de poder, como arrancar confesiones por medio de tortura por parte de elementos de seguridad pública¨, afirma Sánchez Corona.

De enero a abril, la población tijuanense ha interpuesto más de 50 quejas ante la PDH, instancia que exige que la actuación de los activos esté sujeta a la ley, respetando estrictamente los derechos humanos.

El enemigo está en casa

Los propios gobiernos, reconocen la infiltración y el trabajo que representa limpiar una dependencia dedicada a cuidar a la población bajacaliforniana pero que también cuida, a quienes la dañan.

La complicidad genera que los operativos, por intensos que sean, obtengan nulos resultados en contra de la delincuencia estructurada, pues son los propios policías los que detienen las acciones en contra del narco, al ser en informantes o colaboradores directos.

Juan Manuel Molina, diputado panista, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, señaló que ¨El peor enemigo está en casa y si no se logra sacar a la gente que avisa sobre los operativos en contra del crimen organizado, no se va lograr nada, van a llegar los agentes y los delincuentes ya se habrán retirado¨

Según las autoridades, la depuración policíaca es prioridad de la estrategia iniciada en diciembre de 2007 y que ha de concluir, en su primera etapa, en julio de 2009, al obtener la totalidad de los expedientes que representan la radiografía de los policías de los tres órdenes de gobierno que laboran en esta Entidad.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de enero a marzo se llevó a cabo la primera etapa de depuración, un total de 1,850 agentes de todas las corporaciones fueron sometidos a siete pruebas.

Los exámenes estuvieron a cargo de 87 personas del CNPC, mismas que encendieron el foco rojo para 168 agentes del estado que actualmente, están siendo investigados por reprobar los exámenes.

La segunda jornada inició el 28 de abril y concluirá el 20 de junio, etapa que pretende evaluar a 1,900 activos en pruebas de confianza.

Una tercera fase, se desarrollará del 23 de junio al 23 de julio con las pruebas de técnicas policiales. Sin embargo, no todos los oficiales son sometidos a todas las pruebas. Para lograr que cada uno de los elementos sea sometido a todos los exámenes, será necesario crear una unidad de certificación que realice depuraciones permanentes.

Esta unidad estará formada por elementos altamente capacitados y avalados por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, después de un curso de tres meses en la Ciudad de México, el cual se espera, esté listo para el mes de septiembre.

David Fuentes, Director General del Instituto de Seguridad Pública en Baja California, afirmó que con las prácticas realizadas ¨nosotros vamos a ver dónde están las deficiencias, qué está pasando, reforzar las materias, la defensa personal, técnicas, etc.¨

El catedrático recalcó que es necesario fortalecer el manejo de arma de fuego, habilidad de la que no disponen todos los elementos, dadas las pésimas condiciones en las que se encuentra el campo de tiro.

Las estrategias a seguir, como parte del proceso de depuración, intentan cerrarle el camino a la corrupción, para David Fuentes la participación de agentes en la delincuencia es resultado de la falta de una formación, de una actualización permanente, de motivación.

Si bien, ya se han detectado a 168 agentes que no cumplen con los lineamientos de agentes policíacos, este proceso no intervendrá en el reclutamiento de nuevos policías.

En el caso de Tijuana, se romperán los lineamientos interpuestos durante la administración municipal de Jorge Hank, que certifican a los agentes en un período de cuatro meses. Por el contrario, los aspirantes deberán prepararse por seis meses, es decir, 10 horas diarias, 56 horas a la semana.

Quienes estén al frente de la capacitación de los nuevos policías, tampoco estarán exentos de los exámenes, ellos también formarán parte de la depuración y con lo que se pretenden evitar las denominadas ¨becas¨ del crimen organizado.

Si bien, los procesos de reclutamiento no se verán acelerados, sí hay la intención de crecer en la capacidad del Instituto estatal de Seguridad Pública, el cual tiene una capacidad para 250 hombres y mujeres que deseen hacerse cargo de la seguridad de los bajacalifornianos.