Por: Lic. Oscar Rivera

Disposición en materia de telecomunicaciones afecta

aprobación de la Ley de Egresos para 2011

El académico Fernando Mejía Barquera en su última disertación sobre políticas públicas en México, sostuvo que “…en el ámbito de las telecomunicaciones como en otros espacios de la vida pública, parece imposible en México diseñar y poner en práctica políticas de Estado; acuerdos de largo plazo entre gobierno, partidos, empresas y organizaciones sociales, que permitan el avance del país en rubros específicos, independientemente del partido que gobierne. Los partidos políticos sienten desconfianza mutua: si alguien está inoculado con el virus del sospechosismo son los miembros de la llamada clase política, que juzgan cualquiera de sus pares como un intento de sacar ventaja o perjudicar al adversario. Dentro de esa lógica se lleva a cabo, en gran medida la actividad política en México”.

Por tal razón no nos extraña que en el Dictamen de Ley de Egresos de la Federación para 2011 se haya colocado, a iniciativa del PRI, un candado junto a la pretensión del gobierno de gastar quinientos millones de pesos para llevar a cabo el apagón analógico en televisión en el periodo 2011- 2015.

Los congresistas tienen muchos motivos para desconfiar unos de los otros. Todos sus actos tienen como propósito sacar ventaja y/o perjudicar al oponente; por eso piensan que cualquier acción de sus homólogos tiene tal intención. En esas condiciones, siguiendo a Mejía Barquera, el establecimiento de proyectos políticos consensuados, largo aliento, es muy difícil.

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide apoyar al Presidente Calderón y se pronuncia en contra de la acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de legisladores contra el Decreto del 2 de septiembre anterior que pretende adelantar el apagón analógico, el gobierno calderonista puede poner en práctica durante 2011 su plan de repartir entre la población convertidores digitales o de apoyar económicamente la adquisición de estos. En otras palabras, si la Suprema Corte falla en contra del recurso del legislativo en enero próximo se confirmará la sospecha de que el plan calderonista sobre la transición digital es electorero.