Por: María Elena Estrello / SIP

Obsequiar el Mando Único Policíaco Estatal a un gobernador reprobado por sus ciudadanos y repudiado electoralmente, en un entorno social con los más altos índices delictivos en la Nación no parece ser la mejor estrategia para enfrentar al crimen en Baja California ni la mejor solución para erradicar las diversas manifestaciones de la violencia en la entidad y en el país.

La creación del mando estatal policíaco que se encargará de la prevención, vigilancia y seguridad pública de los cinco diferentes municipios ubicados en la entidad bajacaliforniana, cuyo territorio aproximado abarca de acuerdo a INEGI, 71 mil 446 kilómetros cuadrados y una población estimada de tres millones de habitantes, resulta una táctica inadecuada.

En las últimas semanas se registraron hechos que sacudieron la opinión pública en Baja California, donde un número importante de jóvenes perdieron la vida de manera violenta. “Aquí donde empieza la Patria”, es decir, Tijuana, uno de los municipios con mayor número de habitantes de México, se ha convertido en el último trienio en uno de los sitios más peligrosos del suelo nacional, lo cual se traduce en altos costos en términos personales, comunitarios y sociales. La masacre en el Centro de Rehabilitación contra las drogas El Camino AC, es una expresión más que demuestra la incapacidad del gobierno estatal para frenar la criminalidad.

En 2008, por cada 100 mil habitantes de Baja California, se presentaron 27.7 homicidios dolosos, colocando al Estado en un deshonroso cuarto lugar nacional en este renglón después de Sinaloa (43.7), Chihuahua (42.1) y Durango (27.8).

La reciente encuesta que reprobó al Primer Mandatario Estatal de Baja California refleja la desconfianza que la ciudadanía experimenta en sus instituciones; quizá las calificaciones que otorgan los bajacalifornianos al Gobernador José Guadalupe Osuna Millán se deban en parte al incremento significativo de la impunidad, el soborno, la delincuencia organizada y el vandalismo.

Renglón aparte merece el miedo de los ciudadanos a denunciar delitos del orden común ante Agencias del Ministerio Público en Baja California: según Conapo en 1997 hubo 148 mil 389 denuncias, en tanto que en 2009 la cifra se redujo a 123 mil 013. Entonces, se reitera: lo único que han mermado los gobiernos panistas en la entidad es la confianza en las autoridades.

La Iniciativa
La Iniciativa de Decreto que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, envió al Senado de la República el pasado 6 de octubre de 2010 pretende reformar y/o adicionar los artículos 21, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las modificaciones a la Carta Magna ya se analizan en la Cámara Alta, y a través de éstas el Ejecutivo Federal pretende la creación del Mando Único Policial Estatal, con el cual desaparecerían dos mil corporaciones policíacas municipales de nuestro país.

El Jefe del Ejecutivo refiere en la introducción de la Iniciativa que “…sólo 12 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios y más de 400 municipios en el país no cuentan con uno…Tan sólo para el 2010, los recursos destinados en materia de seguridad pública en los municipios ascendieron a 13 mil 918 millones de pesos”. Además, el Presidente Calderón estima que existe debilidad institucional en gran parte de los cuerpos de seguridad pública municipal.

En la propuesta, se enfatiza que el mando será ejercido por el Gobernador y éste nombrará al titular de la policía. A los elementos policíacos les serán aplicadas evaluaciones de control de confianza. El documento enviado al Senado de la República informa que en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, la Secretaría de Gobernación cuenta con una previsión de dos mil 400 millones de pesos para iniciar la implementación de las reformas referidas.

La opinión de los políticos
En entrevistas por separado para Panorama de Baja California, representantes del Poder Legislativo y de organizaciones civiles expresaron su opinión respecto a la propuesta del Presidente Calderón.

* Decisiones que se toman sobre la marcha: PRD
El Secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la LXl Legislatura del Senado de la República, licenciado René Arce Islas, del Partido de la Revolución Democrática, aseguró: “Me parece que es una medida que el Ejecutivo está planteando como una manera más de tratar de generar entre la sociedad la idea de que ésta va a ser una de las soluciones para combatir al crimen organizado. Desde mi punto de vista se está cometiendo un error al concentrar el mando en una sola persona, ya que esto facilitará posiciones autoritarias de gobernantes que no tienen visión de Estado y que quieren imponer sus puntos de vista políticos o religiosos. Por otro lado, facilita que el narcotráfico y crimen organizado corrompan más directamente al encargado de la institución de Seguridad Pública”.

El legislador, quien se desempeñó como Jefe Delegacional en Iztapalapa, una de las delegaciones del Distrito Federal donde, de acuerdo con las estadísticas se registra mayor número de ilícitos, aseguró a PSN que “Hoy en día lo más importante es el fortalecimiento de un modelo policial que realmente responda a las expectativas de inteligencia, capacidad, uso de fuerza y de gente que tenga capacidad probada para no dejarse corromper”.
“Por otro lado, necesitamos que los municipios tengan un modelo de policía más cercano a la población, policía comunitaria, de contacto, dejando que otras policías tengan la especialización para combatir el crimen organizado. Esa debería de ser la posibilidad hacia adelante y no tomar medidas que parecieran de momento muy atractivas pero que a la larga nos pueden generar muchos problemas”.

“Desafortunadamente todas las acciones que ha venido tomando el Presidente de la República desde que inició esta guerra, como él le llamó, al crimen organizado, han sido decisiones que se toman desde mi punto de vista más con la idea mediática de generar entre la población la sensación de que hay un Presidente fuerte, pero no se han meditado a fondo las consecuencias que pueden tener este tipo de decisiones. Así fue como se inició la guerra y la intervención del Ejército en las calles; así fue como después se planteó la posibilidad de convocar a un Consejo de Seguridad Nacional en donde supuestamente todos estarían ahí con responsabilidades y ahora esto del Mando Único. Me parece que son medidas que se han ido tomando sobre la marcha, sin estar debidamente integradas a un proyecto de mediano y largo plazos en relación a lo que implica realmente un combate al crimen organizado”.

El senador Arce enfatizó que la Iniciativa “Dejó de lado todo lo tiene que ver con el lavado de dinero y les permitió a los delincuentes tener en sus manos miles de millones de dólares con los cuales comprar armas en los 17 mil puntos de venta en la Frontera corromper a mandos policíacos y militares. Implica entonces que no hubo una estrategia integral en donde se tomaran en cuenta todas las aristas de un problema multifacético que hay que enfrentarlo de esta manera y no tan sólo por la parte punitiva, que al final puede debilitar y es sujeta de posible corrupción y de llegar a estar incluso en vulnerabilidad frente al dinero que maneja el crimen organizado”.

A pregunta expresa de Panorama de Baja California en el sentido de si la Iniciativa presidencial “pasará”. El senador respondió: “La Iniciativa será discutida en comisiones. No creo que en principio haya posibilidades de se reforme la Constitución. Nos parece que ya hay elementos como para plantear una Coordinación de todas las policías, plantear incluso la posibilidad de la formación de una Guardia Nacional como lo plantea la misma Constitución y en todo caso, discutir cuál es el tipo de fortalecimiento de los municipios con un modelo policial que realmente corresponda a esa unidad política que tenemos dentro de la Federación y del municipalismo en nuestro país”.

* No se puede desproteger al ciudadano: PAN
El Diputado Federal por Baja California (Circunscripción 1) de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, Francisco A. Vega De Lamadrid, se refirió de este modo a la propuesta presidencial: “Me preocupa que la policía municipal, dejen de lado las tareas preventivas, mismas que son necesarias para la ciudadanía y la cual es el trabajo fundamental de la misma. Debo comentarles que en lo general no estoy en desacuerdo con la propuesta que ahora nos ocupa, sin embargo, considero que este esfuerzo que tiene que ver con combatir la inseguridad, tuvo que haber empezado con una consulta a los presidentes municipales, ya que esto tiene que ver con el bando municipal y de buen gobierno. Para lograr esta modificación se requiere cambiar y adecuar estos ordenamientos desde la célula básica que es el municipio y sus Cabildos, a su vez, se requiere de un Pacto Nacional, para que todos estemos en la misma sintonía, en cuanto al tema de la policía única”.

El legislador concluyó que “…La prevención en los lugares públicos no se afectará, sin embargo, estoy de acuerdo en el fondo del tema que se pretende, pero no estoy de acuerdo en la forma, ya que como exalcalde de Tijuana, soy sensible al hecho que no se puede desproteger al ciudadano común”.

* La medida, en beneficio de la sociedad: PRI
El Diputado Federal Humberto Lepe Lepe del Partido Revolucionario Institucional, calificó el mando único policial como “Muy importante, si esta nueva forma de organización policíaca beneficia a la sociedad en su conjunto”.

Se vulnera lo municipal: académico
En tanto, el investigador del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde), doctor Luis Villalobos García, integrante de la plantilla de académicos de la Oficina de Investigación y Reforma Policial de esa organización dijo a Panorama de Baja California que la Iniciativa “…modifica la lógica de la cuestión federal porque vulnera lo municipal. La iniciativa se tiene que revisar porque está negando la posibilidad de fortalecer el espacio local como sitio de resolución de problemas.

“Los gobiernos federal, estatales y municipales del país carecen de estudios analíticos de base, de sustento, de diagnósticos situacionales así como de marcos teóricos de referencia que les posibiliten implementar sus políticas públicas…No saben sobre lo que está trabajando. Se van a la implementación de programas y brindan soluciones antes de conocer a profundidad los fenómenos sociales que pretenden remediar. Si no se conocen los problemas de fondo, tampoco van a dar buenas soluciones. Esta acción se asemeja a tomar medicina sin saber qué enfermedad se padece y después, ir al médico”.
El Insyde, es una organización no gubernamental que propone la Rendición de Cuentas Policial, pues ésta genera diversos impactos y conlleva maneras para prevenir y corregir abusos de poder.

Según el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad AC (ICESI), en nuestro país persiste lo que se denomina “cifra negra de la delincuencia” pues sólo se registra un delito por cada ocho de los que se cometen. “Se sabe que no todas las víctimas de un delito lo hacen del conocimiento de la autoridad”, señala un estudio del investigador René A. Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Para el investigador, uno de los principales beneficios que puede generar la participación ciudadana en cuestiones de seguridad pública es el proporcionar un mayor control y establecer sistemas de rendición de cuentas de las policías y autoridades de seguridad pública y procuración de justicia, así como su democratización.

Municipios: no es lo mismo ni es igual
El municipio es una entidad libre, base de la organización territorial, política y administrativa mexicana, posee personalidad jurídica propia, no depende de manera hacendaria ni está subordinada al Gobierno del Estado. Por ley, el municipio es responsable de su seguridad pública, por lo tanto, el Mando Estatal Único sí vulnera la autonomía de cada una de las dos mil 441 unidades municipales que conforman la Federación.

Es incorrecto medir con un solo rasero a todos los municipios debido a que cada uno de ellos tiene una diferente situación geográfica e histórica, así como características físicas, psicológicas, demográficas, económicas, biológicas y sociales específicas. Por ejemplo, en Baja California existen cinco municipios, mientras que Oaxaca tiene 570 de ellos. Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Ensenada constituye el municipio más grande de México debido a su extensión territorial (51 mil 952 kilómetros cuadrados), en tanto que Mexicali ocupa el lugar décimo primero por la misma razón (13 mil 689 kilómetros cuadrados). El municipio más pequeño del país (4.40 kilómetros cuadrados) es San Lorenzo Axocomanitla, en Tlaxcala.

A favor del Jefe del Ejecutivo Estatal de Baja California queremos pensar que la tierra de las uvas, el lúpulo y el trigo sufre las consecuencias de los aspectos negativos de la globalización económica, pues en países en desarrollo como Inglaterra y Nueva Zelanda también ocurren delitos como robo de autos, de casa-habitación y robo simple por mencionar algunos ilícitos, sin embargo, el robo con violencia y las agresiones con arma de fuego ya eran más frecuentes en nuestro país desde hace un lustro, según la Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización.

Resulta deseable entonces que los gobiernos federal, estatales y municipales de México abandonen la práctica de manipular el tema de la seguridad pública y a las instituciones policiales, en beneficio de sus intereses personales y de grupo y que apliquen medidas que involucren de manera más activa la participación de la ciudadanía.