Por: Jaime Martínez Veloz

El municipio de Ensenada ocupa el primer lugar en población indígena, al concentrar el 39 por ciento de la población indígena de Baja California. La población indígena en Ensenada posee los porcentajes más altos de analfabetismo (27.7 por ciento) de la entidad, a la vez que el promedio más bajo de escolaridad con 3.4 años. Los hogares indígenas presentan desventajas respecto a los no indígenas en el contexto estatal en derecho a servicios médicos.

Son las mujeres quienes acumulan las mayores rezagos sociales del país, discriminadas, afectadas por la pobreza y por referentes culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traduciéndose en menores oportunidades para acceder a mínimos de bienestar (PNDPI 2009-2010).

Lograr que las instituciones encargadas de la atención a la salud que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para las comunidades indígenas deben incorporar el enfoque intercultural como una estrategia válida operativa que permitiría disminuir los índices de mortalidad materna e infantil, la adopción de prácticas de detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y acceso a métodos anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado. Se define el concepto interculturalidad como el “proceso relacional que se establece entre dos o más culturas al interior de una sociedad, que de por si es heterogénea en cuanto a sus orígenes y características económicas, políticas y sociales” Campos, Roberto.

El Artículo 8 de la Convención de Belem Do Pará, igualmente, establece obligaciones del Estado mexicano y, por tanto, del Estado de Baja California como: “Obligación de adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que  se respeten y protejan sus derechos humanos…”.

Un diagnóstico reciente en el tema de salud realizado por el Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral “Jesús Rubiell” (Coprodi AC), señala que los casos de violaciones  de derechos humanos en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San Quintín en el rango de edad de 16 a 20 años, al que si se suman el siguiente rango hasta 25 años, juntos concentran un 39 por ciento. La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los 12 años y hasta los 49 años, aunque también se presentaron casos de inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 años, casos asociados a una práctica cultural de usos y costumbres de inicio de la maternidad a edad temprana, así como el casamiento o la unión forzada, o los embarazos producto de la violación, sin embargo se requiere de un análisis más minucioso, en el marco del acceso a la justicia y a una vida libre de violencia, para identificar las razones por las cuales se detectaron casos de jóvenes de 16 y 17 años que en los últimos tres años han vivido violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.

Acudir con una partera es una de las alternativas accesibles para las mujeres indígenas pero esto es penalizado en el ámbito de salud, sin embargo ante condiciones institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres, cabe preguntar ¿se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?

Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre ser atendidas: “La doctora me regañaba que si no tenía experiencia, que si no miraba televisión, que estaba muy grande para tener hijos y tenía miedo y vergüenza de ir a revisarme el embarazo”.

¡“Duré cuatro días con dolor y el día 13 de septiembre ya tenía mucho dolor, no aguantaba ni caminar y entré a urgencias, me revisó el doctor y dijo que me faltaba seis de dilatación, que me fuera a caminar o a comer, que todavía me faltaba mucho, salí de urgencias y entré al baño y se me fue la respiración, no hallaba dónde detenerme, y me senté en la taza y entró una señora y me dijo que me metiera a urgencias porque ya me iba a aliviar y entré y el doctor me dijo otra vez, no le dije que le faltaba mucho y me revisó y dijo qué raro si ya estás pariendo”.

Yo iba a que me revisaran al bebé porque no se me movía y la enfermera me dijo que estaba tranquilo” (el bebé ya estaba muerto).

La diversidad cultural en nuestro país ha sido reconocida en el plano formal a partir de 1992, año en que se incluyó en la Constitución Mexicana la composición pluricultural de la Nación. Este hecho es el resultado de los movimientos políticos y sociales que los pueblos indígenas han impulsado desde hace décadas, reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir un Estado-Nación multiétnico, pluricultural, multilingüe y democrático, sin embargo es la discriminación, por razón de lengua, edad, estado civil, condición indígena, otra de las barreras de acceso a los servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo a los testimonios de mujeres que acuden en búsqueda de atención.

Los servicios de toma de muestras de cáncer-cérvico uterino tampoco son la excepción, las mujeres indígenas de la región señalan que el cobro del servicio, la falta de calidad en la atención, de confidencialidad tanto en la toma de la prueba como en la entrega de resultados son condiciones que limitan el acceso de las mujeres a la práctica de la prueba a la que tienen derecho. Es necesario hacer una valoración del sistema de salud que maneja un discurso doble, por un lado se insiste en la necesidad de que las mujeres tomen conciencia de la importancia del cuidado de su salud. En Baja California, como en otros estados del país, las Campañas de Detección oportuna de cáncer cérvico-uterino son prioritarias, sin embargo cuando se presentan situaciones como las que expresan las mujeres de la delegación de San Quintín, se puede entender que una de la consecuencia primera es el alejamiento de las mujeres de los sistemas de salud. La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el que ésta se realice sin la privacidad que corresponde y que los resultados no sean entregados en los tiempos que marca la Norma Oficial Mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de las mujeres.

Una de las consecuencias más graves, derivada del alejamiento de las mujeres a los sistemas de salud, es el nivel de riesgo en que se colocan ante una posible enfermedad, que está totalmente demostrado que si se detecta a tiempo puede ser curable. El argumento de falta de personal de salud especializado en la revisión de las laminillas es una constante, sin embargo, las féminas y especialmente las mujeres indígenas, que a razón de un aprendizaje cultural derivado de los usos y costumbres que determinan el pudor y la vergüenza como propios de una cultura, han venido cambiando para favorecer el cuidado de su salud, no así las prácticas médicas en la detección y atención de este mal.

El tema de planificación familiar fue otro de los servicios que fueron analizados a través de este breve diagnóstico, representó 14 por ciento, sin embargo la gravedad de los casos amerita un análisis institucional sobre las razones por las cuales se hace caso omiso al Consentimiento Informado, uno de los avances que desde la sociedad civil organizada ha demandado desde los años setenta.

Como asociaciones civiles, el Colectivo Jesús Rubiell” y el Grupo de Mujeres por “Un nuevo amanecer” reconocen que existen convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito, a fin de respetar los derechos de las mujeres, eliminar la erradicación, la violencia basada en el género. Leyes nacionales y estatales, Normas Oficiales de Salud, ahora lo que corresponde es establecer los mecanismos de contraloría social a fin de monitorear y evaluar los sistemas de atención a la salud y en general, los recursos que a través de programas van etiquetados para la atención hacia las mujeres indígenas sus hijas e hijos.

Los grupos organizados de mujeres indígenas cada día toman conciencia de sus derechos, y pueden ser las mejores aliadas para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género e interculturalidad, para hacer real el derecho a una vida libre de todas las formas de discriminación, una vida con justicia y dignidad.