Por: Jaime Martínez Veloz

La región de San Quintín se localiza a 300 kilómetros de la frontera con el Estado de California, Estados Unidos, esto permite a las más de 14 empresas agroexportadoras ventaja en la comercialización con otros productores no solo nacionales sino estadounidenses, lo que conlleva reducir los costos en el proceso productivo. Nos referimos al insumo del transporte, el costo del agua y por supuesto, al pago de salarios y prestaciones de miles de hombres y mujeres que contratan las empresas para la siembra, limpieza, fertilización y cosecha.

San Quintín cuenta con una superficie menor a 10 mil hectáreas susceptibles de riego, mientras que el Estado de Sinaloa lo supera 10 veces más en tierras de cultivo. Ambas zonas productivas compiten relativamente entre sí aunque se insertan en el mercado con algunos productos en temporadas agrícolas diferentes. Por las características de los productos que se cosechan en sendos lugares, como tomate, calabaza, cebolla, fresa, brócoli, pepino, entre otros, requieren de grandes contingentes de mano de obra, que tradicionalmente provienen de las comunidades indígenas más pobres del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, etcétera.

En el rubro de la producción las estrategias son diferenciadas, por ejemplo, en el caso de San Quintín la mano de obra implica traslado de más tres mil kilómetros. Para Sinaloa resulta la mitad. La preocupación de garantizar jornaleros en Baja California y tener un mayor control en la regulación del mercado de trabajo fue propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de más de 20 años llevan al Valle de San Quintín a contar con más de 45 asentamientos con cerca de 20 mil personas como reserva de mano de obra entre hombres, mujeres, niños y niñas. De ahí que si bien es cierto la mano de obra asentada no es suficiente y se requieren mayores flujos de ésta, cada vez resulta ser menor: de las 35 a 40 mil personas que se requerían hace 30 años la cifra se ha reducido a más de la mitad; de los 40 albergues o campamentos que existían su número se redujo a menos de 15.

Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el ámbito de la seguridad social en donde constitucionalmente, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social se enuncia como un derecho irrenunciable de los trabajadores; en donde se garantiza la prevención y atención en los riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, de la gratuidad en el costo de medicamentos, de la atención especializada de segundo y tercer nivel y de prestaciones sociales como la atención de las mujeres trabajadoras antes, durante y después del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la familia, esposa e hijos y de aquellos dependientes económicamente como pueden ser los padres y personas discapacitadas.

La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y será el de ser afiliados al Régimen Permanente del Seguro Social, institucionalmente la responsabilidad recae en el Gobierno Federal, y es ahí donde el Poder Legislativo debe actuar.

La última modificación al Reglamento de los Trabajadores Eventuales del Campo de la Ley del Seguro Social (2007), resultó ser un retroceso para que se alcanzara la afiliación al Seguro Social, desde la concepción de lo que se entiende por eventualidad del trabajador agrícola (…), aquél que no labora mas allá de tres meses continuos y la subrogación de servicios, tanto en el ámbito de la atención a la salud como en la prestación del servicio de guarderías. Estos cambios violentan la relación laboral, los patrones en la mayoría de los casos, con el afán de no asumir compromiso alguno y jugando al ciego las inspectorías del trabajo de la Secretaría del Trabajo del Estado y los supervisores del Seguro Social, al trabajador se le descuenta su cuota del Seguro Social, aunque en muchos de los casos se simula que la empresa los ha dado de alta.

La infraestructura de salud se encuentra rebasada por el alto crecimiento demográfico que tiene la región; la tasa es superior del 5.6 por ciento con que se cuenta: existen dos servicios de atención médica que están encaminados a la atención de población abierta del Valle de San Quintín y que brindan atención de primer y segundo niveles, uno por parte de Isesalud del Gobierno del Estado y otro, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social los cuales se ubican en la delegación municipal de Colonia Vicente Guerrero. Ahí se trabaja de lunes a viernes y las guardias que se establecen por parte de estas instituciones poco o en nada resuelven la demanda.

No existe en la región un Hospital de Especialidades que responda a las necesidades de la población y esto es más preocupante si consideramos que no existe infraestructura médica en la localidad mucho menos existe en la zona Sur-Sur del municipio de Ensenada, es decir, más de 170 mil ciudadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de pacientes y familiares se tienen que efectuar, si es del Valle de San Quintín, a más de 200 kilómetros; a los habitantes de las delegaciones de la Sur-Sur les resulta más económico viajar por avión a Sonora.

El gobierno estatal en sus planes de desarrollo y bienestar ha contemplado esta problemática y considera la construcción de dos hospitales: uno de atención general y otro de especialidades, los cuales por razones de recortes presupuestales se han pospuesto, excluyendo a la población de los servicios requeridos.

Las alternativas a esta situación no pueden encuadrarse solamente al ámbito de la infraestructura, aunque es de alta de prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta las características de la población. Debe observarse que en los programas de prevención y atención no existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones de fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversidad indígena que existe en la región. La tarea recae en todos los niveles de gobierno pero quien es el responsable directo es el Ejecutivo estatal. Él debe convocar a todos los actores involucrados en la revisión de las políticas públicas que se ejecutan sin seguir postergando la demanda de los pueblos indígenas, en materia de justicia y seguridad social.

Nota: agradezco la colaboración para la elaboración del presente artículo, del compañero Juan Malagamba Zentella, profundo conocedor de San Quintín.