Por: Lic. Oscar Rivera

No alcanzaría el reducido espacio de este espacio para hablar de todos los monopolios que existen en nuestro país y del grave daño que causan a la economía de los mexicanos. Lo que es claro es que los operadores dominantes y las prácticas anticompetitivas han ahuyentado la entrada de capitales en diversos sectores. Es importante definir aquí el concepto de monopolio, entendido éste como el acaparamiento de los bienes y servicios con propósitos especulativos; actividad que está expresamente prohibida por el Artículo 28 de nuestra Carta Magna.

Cuando es el propio Estado quien explota el bien del dominio público, como el petróleo (Pemex) o el servicio, como la provisión de energía eléctrica (CFE) se denomina Estanco, desde luego, se exceptúan de la prohibición constitucional.

Uno de estos estancos, hasta el régimen de Carlos Salinas de Gortari, era la prestación del servicio telefónico. Telmex era una empresa con participación estatal mayoritaria que, aunque operaba con gran deficiencia, era la única empresa del gobierno federal que funcionaba sin números rojos, es decir, sin pérdidas.

La operación deficiente de las empresas paraestatales ha sido la estrategia desde aquel infame periodo y, que se ha vuelto recurrente para justificar la venta de dicha industria paraestatal y, de paso, beneficiarse económicamente junto con los amigos del régimen.

La ley de la materia que en aquel entonces regía era la Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada en los años cuarenta, misma que contenía disposiciones que velaban por el interés público, como la Requisa, figura jurídica de la que nos ocuparemos en otra entrega, pero que en términos generales tenía por propósito la intervención de la SCT cuando el servicio se veía amenazado por disturbios de carácter político sindical o cuando había amenaza de invasión extranjera.

En nuestros días, la Comisión Federal de Competencia (CFC) es la entidad pública encargada de evitar la operación de los monopolios pero no ha podido evitar a los operadores dominantes y sus prácticas anticompetitivas, evitando con ello que el consumidor se beneficie con mejores tarifas.

La CFC y la Cofetel establecieron como condiciones para que Teléfonos de México pudiera incursionar en la televisión de paga que primero debía interconectarse con toda las compañías concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones.

Telmex ha cumplido con los requisitos de interconexión y convergencia que ordenó a la autoridad. Todas las compañías de redes públicas de telecomunicaciones están interconectadas. Otro requisito previo que debía cumplir Telmex era la consolidación de áreas de servicio local. Telmex arguye que la autoridad pretendía favorecer a la red de Telefónica Española por lo cual la dominante ha retardado la pretendida consolidación.

Lo que la autoridad debe tutelar es el beneficio del usuario final con mejores tarifas propiciadas por la competencia y no entender la consolidación como un beneficio para sus competidores.

Pensamos que el consumidor debe organizarse, ante la falta de actividad de la autoridad, para obligar a los proveedores de servicios a que ofrezcan mejores servicios con tarifas reducidas.