Por: Aquiles Medellín Silva

Llegamos en México al final de una alianza política hundidos en una crisis económica profunda y poniendo en cuestión seriamente la viabilidad del modelo social de 1910 que este año los panistas de la derecha quieren “festejar” con bombo y dineros públicos (¡pa su mecha!); teniendo con que nos hemos procurado desde la llegada de la supuesta democracia azul y el inicio de nuestro autogoleado sistema.

Nuestra sociedad antaño constituida por una amplia clase media con niveles de renta moderados y niveles culturales y educativos altos fue disuelta por los malos gobiernos panistas. Es esta sociedad socialmente progresista y económicamente inamovible, con una preocupación por la cohesión social de su clase y la búsqueda de posiciones de consenso lejos de los extremos. Nuestra economía está basada en la pequeña y mediana empresa, pero la supuesta democracia panista como modelo político ha hecho crecer últimamente la función pública en burócratas del empleo nominal con nula presencia social.

Es esta sociedad dizque representativa y supuesta heredera de una burguesía desarrollada desde el siglo XIX donde la familia tiene importancia y los valores tradicionales de la cultura y la ética, antes la religión, ocupan un lugar central. Muchas personas procedentes del proletariado de la primera y segunda mitad del siglo XX, autóctonos e inmigrantes algunos, forman parte ahora de esa gran mayoría en la medida en que el crecimiento del nivel de vida y el acceso a mayores rentas han transformado esa clase trabajadora en una profunda desigualdad social. Los valores del mexicano socialmente comprometido, con un pragmatismo e interés por los hechos e ideas próximas más que por principios trascendentes y lejanos, le dan fuerza y, a pesar de las sacudidas de la historia, no se pasa de la histeria a la depresión ni del todo a nada, contrastando esto con el México de antaño y constituyendo un factor todavía de estabilidad.

La lucha política se realiza mayoritariamente a través de dos grandes partidos, representativos, uno más a la derecha y el otro más a la izquierda, de esa gran mayoría de centro que es por dimensión e influencia el grupo determinante de la sociedad mexicana. Parecería, pues, que quien está más cohesionado a nivel social estaría más disgregado a nivel político, y esto aporta moderación al debate partidario porque las diferencias son más de motivos, de táctica, que de ideología y estrategia. En tiempos normales, la alternancia entre estos dos grandes partidos, que para gobernar tienen que hacerlo casi siempre en coalición o con pactos explícitos o implícitos de legislatura, es la base del debate y contribuye a la estabilidad del sistema.

Pero ahora las circunstancias son diferentes porque la precariedad económica, el riesgo de la moneda, el peligro de deflación, la dificultad de financiación de nuestro endeudamiento, el problema social que supone el desempleo, el distanciamiento de nuestro país respecto a Europa y EU; todo ello puede en efecto conducir a un cambio profundo de nuestra sociedad y del nivel de independencia y libertades de los ciudadanos en un mundo globalizado.

Si esto se juzga un riesgo, y lo es, sería lógico que más allá de la inevitable confrontación política en las elecciones lo que está cohesionado socialmente también lo estuviera políticamente, de forma que las reformas estructurales y no estructurales que precisamos pudiesen llevarse a cabo con amplias mayorías parlamentarias que eviten confrontaciones sociales hoy especialmente negativas.

Las elecciones deben ganarse con base partidaria, pero los gobiernos deben gobernar con base en país, es decir, para todos, y es este conflicto el que hay que resolver con generosidad tanto por parte de quien gana como de quien pierde. Aquí es donde precisamente caldean los ánimos internos.

Hay que recordar que el peso del petróleo respecto al PIB nacional es de 20 por ciento como lo era en los años ochenta del pasado siglo XX, y que son claros contribuyentes a las economías de México y los estados petroleros y que la influencia de EU es determinante y la de la política interna del PAN es escasa y débil. No hay duda ésta depende de muchos factores, pero el comportamiento y la referencia y ejemplo que supone tiene importancia respecto a cómo se nos valora y considera. Una política como la que se propone, imposible en México por el enfrentamiento radical de los partidos de derechas incluido la fracción del “perderé” que se derechizó con las cabezas de Los Chuchos, constituiría un hito que contribuiría a hacernos ganar el peso que no tenemos. No es este un efecto colateral menor. Si lo más importante es el país, y este está socialmente cohesionado, deberían buscar los políticos conformar gobiernos de mayorías amplias en momentos de crisis como el actual. Nada impediría una vez constituida esa coalición que partidos más minoritarios entraran en este gobierno de concentración nacional que lleve a cabo las reformas necesarias en los ámbitos laboral, financiero, fiscal, educativo y de investigación que precisamos.

Podrá argumentarse que muchas de estas reformas son más de ámbito estatal que autónomo, pero en beneficio propio lo mejor que podemos hacer para ayudarnos es demostrar y explicar cómo pueden crearse consensos y acuerdos que en el ámbito de la política estatal son impensables, porque es verdad que las dos vertientes políticas son un fuego del pasado que ahora no arde con llamas, pero todavía le quedan rescoldos. No es, en efecto, la hora de la táctica, es la hora de la verdad. La reacción tradicional de la izquierda (¿aún existe?) ante situaciones de mercado como estas generalizables a todo el orden económico, solía ser la de denunciar «la irracionalidad del capitalismo» y proponer mudanzas tan radicales como prohibir transacciones absurdas, pero ahora resulta que las izquierdas se han fusionado con el Yunque de la derecha de Calderón. La hecatombe de las economías dirigidas por poner en manos burocráticas la producción, distribución y hasta el consumo de bienes, debilitó para siempre ese argumento. Ello ha impedido ver lo que hay de irracional en el transporte masivo de aguas desde donde escasean hasta donde sobran. Los que creen en el mercado, sin regulación, continúan reivindicando, sin embargo, la racionalidad de lo irracional: para ellos no hay más que considerar los beneficios de las ventas.

Antes aún de que se desencadenara la crisis que comenzó a fines del 2007 se fue abriendo una saludable tendencia hacia el pragmatismo en el mundo de las ideas que rigen lo económico. La corriente revisionista ha permitido poner algún freno a los fanáticos del mercado libre y de la reducción del aparato estatal intervencionista, del mismo modo que ha permitido a los herederos del socialismo dogmático reducir sus excesos. Lo más probable es que, con todo ello, salgamos todos ganando y que entremos en una fase histórica en la que lo importante sea alcanzar dos objetivos: averiguar qué es lo que funciona mejor y determinar cuáles serán las consecuencias previsibles de nuestra conducta económica.

Los objetivos de la buena política en nuestra época deben ser tres, a saber: el fomento de la justicia social, el bienestar de la ciudadanía y su acceso igualitario a la educación. El costo de los dos últimos no hace más que subir incesantemente, hasta provocar lo que los más alarmistas suelen llamar la crisis del Estado asistencial o del bienestar. Es aquí donde se impone el revisionismo. Es innegable que la promoción de la educación privada, incluso con la eternización de las escuelas concertadas mientras la pública no alcance el nivel de excelencia necesario, produce disfunciones en la promoción de la desigualdad social (¿los panistas lo saben?).

También lo es que mientras ello no ocurra la privada seguirá campando por sus fueros. Pero el revisionismo podría justificarse en el nivel universitario y superior, del que depende cada día más el progreso de la ciencia, es decir, de la humanidad, y donde se fragua cada vez más el futuro de todos.

Algunas de las mejores universidades y centros de investigación del mundo son privados, aunque algunos públicos tampoco les van a la zaga.

El mayor escollo, el que pondrá en jaque las finanzas públicas, es el asistencial: salud, pensiones, subsidios, ayudas públicas. No habrá debate: o se recorta drásticamente otro gasto público o se introduce el copago para ciertos servicios que presta el Estado. Una cosa es infringir, como suelen decir los sindicalistas cuando ven amenazados empleos y sueldos de los obreros, «los derechos de los trabajadores», y otra enfrentarnos con las cuentas objetivas del tesoro público.

La recesión todavía en curso ha empobrecido las arcas públicas, que se nutren de impuestos de las empresas, por la caída de la recaudación. Ello está estimulando una visión menos rígida de cómo debe regularse el mercado y qué es aquello que no debe ser intervenido. Si vivimos en un orden capitalista que, por lo que se comprueba, nadie está dispuesto a derrocar (con perdón de los movimientos alternativos, tan significativos, pero incapaces aún de proponer una política macroeconómica viable), carece de sentido un proteccionismo salarial que acabe con las mismas empresas. El agua de la política transportada al valle de los mexicanos seguirá apagando la sed de quien la prefiera a la de la fuente que allí mismo mana. Así que no estaría mal que, aprovechando los calores y calenturas veraniegas, nos percatáramos de que la revisión, palmo a palmo, de nuestras incongruencias es la vía recomendable. Señor Calderón, señor Guadalupe Osuna, ¿dan los tiempos para más?

Vamos, que se pueden hacer más cosas cuanta menos corrupción haya puesto que bajan los precios, se genera menos déficit, se pagan menos intereses por la deuda e incluso se pueden llegar a bajar los impuestos. El artículo donde recoge esta idea es hoy uno de los más citados internacionalmente hasta el punto de que algunos consideran que puede convertir al pueblo mexicano en candidato al Premio Nobel. La corrupción política, que en este caso podría afectar, se puede abordar desde muchas perspectivas. En el plano ético esconde todo tipo de conductas reprobadas por la moral imperante. Desde el punto de vista legal, puede implicar la comisión de diversos delitos. Desde el panorama político, significa en numerosas ocasiones que los partidos anteponen los intereses de los corruptores a los de sus votantes o que promueven como altos cargos a los corrompidos y no a los mejores. Y desde la perspectiva económica resulta ineficiente. A nadie se le escapa que si una empresa paga a un partido político para conseguir una adjudicación este dispendio no irá a cuenta de los beneficios, sino del presupuesto a ejecutar.

En consecuencia, la lucha contra la corrupción no es sólo el trasunto del maniqueísmo electoral como argumentó con razón la ciudadanía en Baja California el pasado 4 de julio. La lucha contra la corrupción es una obligación de quienes se encargan de hacer cumplir la ley como jueces y fiscales. Y debería ser también un objetivo de quienes se dedican noblemente a la política, de los que se proponen hacer avanzar económicamente este país y de los que promueven las buenas prácticas empresariales. Juntos podrían limitarla aunque sea imposible erradicarla.

Apunte final. Esta profunda desafección política se refleja asimismo en que la imagen de la clase política es el tercer problema en importancia para los consultados por encuestadoras, tras el desempleo y la situación económica. La encuesta expresa, pues, el desasosiego que provoca la crisis, pero lo peor es que la alternancia tampoco suscita esperanza alguna.

Allá arriba en Los Pinos, todo parece reducirse a una cuestión electoral: a la definición de quién encabezará los aparatos del Estado “qué amigos voy incluir en mi gabinete”. Éstos resultan cada vez más obsoletos e inadecuados, pero se sigue propalando la ilusión de que los nuevos dirigentes, Nava o Creel, emisarios del pasado o del futuro, unos basados en su cortísima experiencia de gobierno y otros en su obcecada voluntad de conquistarlo, podrán resucitar esos aparatos y hacerlos funcionar con una nueva orientación. Estamos viviendo una catástrofe social en cámara lenta.

Ha llegado el momento de pensar lo impensable. No es cosa de reyecitos michoacanos, ni de partidos o líderes carismáticos estilo Fox y la señora Marta. Con nuevos ojos y palabras, se trata ahora de crear un mundo nuevo, en el que quepan al fin muchos mundos.

A la ciudadanía solicito:
Aceptemos que se abre una nueva etapa. La sentencia no cierra ningún camino. No caigamos en el victimismo, pero tampoco en el conformismo. Rechacemos la confrontación y la crispación. No admitamos como verdades incuestionables lo que no son más que argumentos políticos, de la tendencia que sea.

Planteemos, entre todos, un debate serio sobre la Constitución que queremos vivir. No hay nada inamovible e incluso con la actual podemos tener un marco más amplio. Seamos todos comprensivos y generosos. Recuperemos el espíritu de 1810 y 1910 .No caigamos en celebraciones de eventos bicentenarios inacabados.

Y los colegios profesionales, y la sociedad civil en general, que participe sin tomar partido, uniendo fuerzas para debatir, para ofrecer soluciones, para compartir y poder buscar, entre todos, una sociedad más lógica y más justa.