Por: Raúl Ramírez Baena*

El espectáculo que ofrecieron a la opinión pública las autoridades militares y estatales de Baja California el pasado 29 de julio en la Base Militar Aérea de Tijuana, en la presentación a los medios de 62 policías detenidos (16 ministeriales, 40 municipales en activo y seis exmunicipales), corre el serio riesgo de revertirse al gobierno.

El Procurador General de Justicia, Rommel Moreno, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa y el general Alfonso Duarte, comandante de la II Zona Militar en Tijuana, quienes estuvieron a cargo del evento, fueron sorprendidos por los reclamos e insultos de algunos de los policías inculpados. De los hechos se deduce:

Por incurrir presuntamente en delitos de Delincuencia Organizada, la autoridad responsable del aseguramiento y presentación de los policías debió haber sido el Ministerio Público Federal, no las autoridades militares y estatales de BC.

Se violaron los siguientes derechos humanos de los detenidos, amparados por los artículos 16 y 20 constitucionales:

La detención sin mostrar orden judicial configura una presunta Detención Arbitraria. Los policías alegaron que se les engañó mediante oficio para que se presentaran a un curso (mostrando dicho oficio a los medios);

En todo momento se les mantuvo incomunicados, sin acceso a un abogado, o persona de su confianza;

Exhibir públicamente a los detenidos antes de una sentencia, viola el principio de Presunción de Inocencia. El hecho constituye de facto un juicio, sentencia y condena mediática al mismo tiempo; y

En enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que exhibir públicamente a los detenidos o tomarles fotografías antes de que sean puestos a disposición del Ministerio Público “viola sus derechos a la honra y a la dignidad”.

Debemos destacar que, en esta ocasión, los agentes policíacos no fueron arraigados ni fueron entregados a los cuarteles militares de Tijuana, y que no estuvo presente el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola, acusado de tortura por ex policías municipales. Quizá las autoridades no quisieron exponerse al escrutinio de las ONG, que han documentado el arraigo y la tortura, hechos denunciados ante las instancias y medios locales, nacionales e internacionales, pendientes de resolver.

No se trata de alegar su inocencia, pudieran ser responsables, pero las reacciones de los agentes en la presentación pública, que no es algo común, despiertan muchas dudas acerca de la legalidad de los aseguramientos y de los cargos mismos. Se abren las sospechas de que sean chivos expiatorios, que los cargos no estén debidamente  sustentados y que sus nombres hayan sido obtenidos de oídas o mediante tortura a otros detenidos, como ya ha sucedido. Sería terrible que todo hubiera sido un montaje para aligerar las presiones de la DEA, el FBI y la opinión pública nacional e internacional.

Al menos un expolicía municipal de Tijuana detenido en esta ocasión, Luis Armando Chávez Flores, forma parte del grupo de 11 policías municipales que fueron arraigados en septiembre de 2009 y liberados sin cargos en noviembre del mismo año, no sin antes haber sido torturados en los cuarteles militares de Tijuana, según su versión. Esto explica la reacción tan dramática de Chávez Flores, quien en plena crisis nerviosa jaló hacia su pecho el cañón del arma de uno de los militares que los custodiaban en la presentación ante los medios, gritando: “¡denme un tiro, mátenme aquí (…), jálale ya!”.

Casualmente, el caso de estos 11 policías es uno de los que están denunciados ante la PGJE de BC, la PGR, la PDH, la CNDH y la CIDH. Hasta la fecha, ninguna de estas instancias ha resuelto respecto a las denuncias por tortura, ni se ha aplicado a las presuntas víctimas el Protocolo de Estambul, peritaje médico psicológico especializado de la ONU que rastrea las secuelas físicas y mentales de la tortura, adoptado por México y la PGJE de Baja California. Pero eso si, detuvieron nuevamente a uno de ellos por una Orden de Aprehensión, que sus familiares alegan nunca se le mostró.

En esa visión punitiva que no va al origen de la inseguridad, la violencia y la corrupción y no ve más allá que los lugares comunes, Jorge Ramos, alcalde de Tijuana, asegura que seguirá la “limpieza” y “depuración” en la corporación municipal y que fue una “fortuna” la colaboración entre autoridades. Por su parte, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California ha exigido que se endurezcan los mecanismos de Control de Confianza. El gobernador Osuna Millán presume que van mil 649 policías expulsados durante su gestión de casi tres años, cual si fueran un trofeo de guerra (aunque después los liberen por falta de pruebas), como si así acabaran con la delincuencia organizada y el narco.

Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos de Baja California, Heriberto García, en lugar de abrir de oficio las quejas por las presuntas detenciones arbitrarias e incomunicación de los policías, ofrece a la PDH sólo como “enlace” de los familiares con la defensoría pública (El Sol de Tijuana, 2 de agosto de 2010). Además, ha propuesto a la PDH para participar como “coadyuvantes (sic) de las autoridades en el desahogo de las demandas laborales de policías despedidos por su mala actuación (…) algunos ex policías de diversas corporaciones (…), aprovechan las lagunas de ley para iniciar demandas que finalmente se convierten en cuentas de ahorro con un alto costo para el erario público”. No se trata de negar los derechos laborales y garantías que puedan tener, pero sí evitar el abuso de los malos elementos, agregó (El Mexicano, 15 de julio de 2010).

¿Qué el ombudsman no está para proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad, o las cosas ahora son al revés? ¿Qué no la resolución de estos asuntos es exclusiva de la autoridad laboral, quien decide si el trabajador merece o no indemnización y otros beneficios de ley?
Así, en México se castigan unos delitos, los que las autoridades quieren, y se omiten otros, los que las autoridades cometen. Bonita democracia.

*    Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC