Por: Jaime Martínez Veloz

El 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó a la insurrección mediante una declaración de guerra al Ejército Mexicano y la ocupación militar de varios municipios, levantando las banderas de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la construcción de un nuevo modelo de nación.

La amenaza de una desestabilización generalizada movilizó a amplios sectores sociales, lo que obligó a los contendientes a suspender los enfrentamientos militares y reunirse a dialogar, por primera ocasión en la catedral de San Cristóbal de las Casas, en un proceso que ha resultado difícil y hasta contradictorio.

Siendo Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, se produjeron acercamientos iniciales entre funcionarios del Poder Ejecutivo Federal y la dirigencia del EZLN, mismos que fueron cancelados abruptamente el 9 de febrero de 1995 cuando se expidieron órdenes de aprehensión contra la dirigencia de los insurgentes.

Esta decisión del Poder Ejecutivo Federal desató una grave crisis que sólo pudo superarse mediante la intervención del Poder Legislativo Federal, quien el 10 de abril de 1995 aprobó unánimemente la Ley para el Diálogo, la Negociación y la Paz Digna en Chiapas, que contiene una estrategia propiciatoria del entendimiento entre las partes, reafirma la soberanía entre poderes y resuelve jurídicamente el tema de las órdenes de aprehensión.

De hecho y con el respaldo de todas las instituciones y partidos políticos, esta ley resultó la plataforma para estructurar el proceso de diálogo y pacificación entre el Gobierno Federal y el EZLN de abril de 1995 a septiembre de 1996.

La agenda de ese proceso, aprobada conjuntamente, incluía los temas de Derechos y Cultura Indígena; Democracia y Justicia; Bienestar y Desarrollo; Reconciliación en Chiapas y Derechos de la Mujer, dejando al final el de la cancelación de la declaratoria de guerra y el acuerdo de paz definitivo.

Para el desahogo de cada tema, se acordó un método de trabajo que permitía la celebración de acercamientos y consultas entre las delegaciones de cada una de las partes y sus respectivas instancias de dirección.

El 16 de febrero de 1996, en San Andrés Larrainzar se firmó el primer acuerdo parcial, en el tema de Derechos y Cultura Indígena, después de un intenso y promisorio proceso de diálogo y negociación.

En esta etapa, la relación entre el EZLN y la Comisión de Concordia y Pacificación fue de cercanía, cordialidad y confianza, lo que propició la creación de una estrategia denominada Vía Paralela.

Esta consistió en aparejar al proceso de diálogo, un mecanismo de interlocución entre el EZLN y el Gobierno Federal, en donde mediante documentos ciegos, es decir, textos de compromiso político entre las partes, el Presidente de la República y el Subcomandante Marcos, mandatado por la Comandancia Zapatista, buscaban por la vía de la Cocopa acelerar el proceso de paz.

El segundo tema agendado fue el de Democracia y Justicia, cuyo desarrollo contrastó con el anterior; la parte gubernamental mantuvo una negativa permanente a manifestar su postura en las mesas instaladas, actitud que difería totalmente con las intenciones declaradas por el Presidente de la República a la Cocopa.

Ante el fracaso de esta mesa y la dilación para concretar los primeros acuerdos, en agosto de 1996 el EZLN declaró suspendido el dialogo en tanto no se cumpliera lo pactado en materia de Derechos y Cultura Indígena.

Para superar esa crisis y contando con el apoyo de las respectivas direcciones partidarias y con el acuerdo de las partes, los integrantes de la Cocopa elaboraron la Iniciativa de Modificaciones Constitucionales en Materia de Derechos y Cultura Indígena en noviembre de 1996.

Al presentársele esta iniciativa de ley el EZLN respondió que, aunque la propuesta no incluía todas sus aspiraciones, la aceptaba e incluso el Subcomandante Marcos afirmó que luego de aprobada en el Congreso de la Unión, en marzo de 1997, se pudiera firmar un Protocolo de Paz anticipado, permitiendo así que los siguientes temas de la agenda se desahogaran sin tensiones de carácter militar.

La respuesta del Gobierno Federal a la iniciativa de la Cocopa fue en el sentido inverso a la postura zapatista; el Presidente de la República desconoció los términos ya aprobados por sus representantes y rechazó absolutamente la iniciativa, aduciendo “imprecisiones de técnica jurídica” y posteriormente, en forma abierta, negándose a abordar los temas de fondo.

Estos incidentes provocaron el alejamiento de las partes y dentro del Gobierno Federal se fortaleció la estrategia contrainsurgente de alentar a sectores indígenas a confrontar con violencia a los zapatistas, con desastrosos resultados para las comunidades y el proceso de paz; la tragedia de Acteal es resultado de esa estrategia.

Al asumir Vicente Fox Quesada la Presidencia de la República, turnó al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley elaborada por la Cocopa en materia de Derechos y Cultura Indígena, defenestrada por su antecesor.

Sin embargo, esta decisión careció del acompañamiento indispensable para que sus efectos se convirtieran en alicientes para la paz; el texto aprobado por el Congreso de la Unión excluyó partes sustantivas en esa materia, ya acordadas en los cónclaves de San Andrés Larrainzar, lo cual fue interpretado por el EZLN como una traición de toda la clase política en su contra.

Posteriormente el EZLN realizó un repliegue táctico, de acuerdo a su estrategia de reorganización interna, mediante la creación de las Juntas de Buen Gobierno que conducen trabajos de concertación de esfuerzos, procesamiento pacífico de diferencias comunitarias y articulación de trabajos colectivos en las zonas zapatistas.

Durante la campaña electoral federal de 2006, el EZLN realizó un recorrido por el territorio nacional que denominó La Otra Campaña, donde hizo patente su distanciamiento con la izquierda electoral y mantuvo contacto con pequeños contingentes de simpatizantes zapatistas, en un esfuerzo por integrar como eje un movimiento nacional.

Más recientemente, el EZLN ha denunciado la reanimación de actos de hostigamiento a sus bases de apoyo mediante tácticas de contrainsurgencia que devienen de la táctica inicial del Gobierno Federal en los años 1994 y 1995, como habilitar con calidad agraria de ejidatarios a campesinos e indígenas en las zonas recuperadas por los zapatistas en la primera etapa del conflicto.

Ante estos hechos el Estado Mexicano tiene la responsabilidad primaria, de realizar acciones que permitan crear  un ambiente propicio para la reanudación del diálogo entre el Gobierno Federal y el EZLN.