Por: Jaime Martínez Veloz

A propósito de la ley SB 1070, conocida como la “Ley Arizona” que promulgó la Gobernadora de ese Estado de Norteamérica, Jan Brewer, la cual criminaliza brutalmente la migración, confirma la sabiduría de las reflexiones de un antiguo embajador mexicano en Washington, Jorge Montaño, quien magistralmente definía nuestra relación de amor y odio con los norteamericanos. Él mencionaba que deberíamos tener muy en cuenta que con Estados Unidos seremos vecinos siempre, socios algunas veces y amigos nunca. Tal vez sobre esa cruda descripción debemos partir en la nueva conformación de mecanismos constructivos para una reformulación de la agenda bilateral entre México y los Estados Unidos.

Pocas fronteras físicas del mundo actual pueden considerarse que tengan la complejidad como la de México y Estados Unidos. La disparidad política, económica, social y cultural entre dos naciones como éstas es de tal magnitud que es difícil traer a la memoria caso alguno del mundo que se asemeje en cuanto a polaridad de visiones.

Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y México es una nación pobre, con la mitad de su población subsistiendo en la miseria y con instituciones incapaces de remediar la injusticia estructural que nos ha acompañado desde la época colonial. En consecuencia, y por principio de sentido común, las relaciones entre ambos países son asimétricas. Esta caracterización marca necesariamente todos los ámbitos de las relaciones que nos vinculan como países.

Por lo menos en las vertientes económica, política y militar, las diferencias son abismales y pueden cuantificarse. Nuestra frontera física común es de más de tres mil kilómetros, una de las más grandes del mundo. En los campos del quehacer social y cultural somos muy distintos y ningún grado cuantificador es aplicable. En todo caso son las diferencias económicas, políticas y militares las que establecen la supremacía material que es la base de la relación bilateral entre los países.

En el ámbito material la preeminencia económica tiene un peso incuestionable en las relaciones, que adquieren naturaleza política de dominio y subordinación, abierta o sutil. El rápido ascenso de Estados Unidos como potencia industrial se consolidó tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y en esa dinámica, las implicaciones económicas habrían de materializar una de las causas-consecuencias en la edificación de las relaciones bilaterales.

La creciente demanda de fuerza de trabajo en la economía estadounidense habría de tener implicaciones permanentes en el proceso de migración laboral de mano de obra mexicana hacia nuestro vecino del norte. Desde la segunda mitad del siglo XX, la migración de mano de obra mexicana a Estados Unidos habría de constituirse en un factor permanente en la agenda bilateral de nuestros países. En esos años, los flujos migratorios pudieron regularse e incluso adquirir rasgos de institucionalidad entre ambos países, circunstancias absolutamente ausentes e impensables en la actualidad.

Es incuantificable la contribución mexicana a la grandeza y consolidación de los Estados Unidos en la actualidad. Su aportación en lo económico supera sin lugar a dudas la de cualquier otra minoría extranjera en la nación norteamericana. Pero asimismo la cuestión migratoria en la agenda bilateral es uno de los temas verdaderamente espinosos para ambos países.

Sin embargo, para Estados Unidos, no hay prisa alguna. Para el gobierno estadounidense ni se avizora interés alguno para darle celeridad  y atención a este punto de la agenda bilateral. Un ángulo que en todo caso añadiría alguna presión para los norteamericanos a fin de contemplarlo en eventuales negociaciones migratorias es el de la seguridad territorial estadounidense. Pero ni siquiera en ese dilema han sido las autoridades mexicanas lo suficientemente sagaces para idear mecanismos eficaces de negociación.

La iniciativa ventajosa la han dejado en manos estadounidenses, cuya carta negociadora ha sido la mano dura e inflexible. La llamada “Ley Arizona” es la mejor demostración de la visión dura en contra de la migración latina y en especial la mexicana que es dominante en ese Estado.

La respuesta del Gobierno Mexicano a la cada vez más dura presión norteamericana, ha sido en el menor de los caso impudente, omisa e irresponsable, o quizá cómplice y entreguista. En una acción inconstitucional nuestro gobierno ha entregado o permitido que gran parte de la energía eléctrica y el gas que abastece a los Estados del suroeste de la Unión Americana, entre ellos California y Arizona, surtan sus necesidades energéticas desde territorio mexicano, violentando en forma flagrante las disposiciones del Artículo 27 Constitucional.

En el Estado de Baja California, se surte gas y se produce energía eléctrica por parte de compañías trasnacionales (Sempra Energy, Shell, Intergen) que pueden abastecer a más de un millón de hogares norteamericanos. Dichas concesiones fueron entregadas por el Gobierno de Vicente Fox, para solucionar el desabasto energético de esos Estados de la Unión Americana, a cambio de ningún beneficio para nuestro país, más que el de convertir a nuestro territorio en el sótano de máquinas del sur de Estados Unidos.

Más que cruzarse de brazos, o argumentar que el tema de la Ley Arizona es un asunto de soberanía de ese país y por lo tanto lo que podemos hacer desde México es muy poco, es hora de que las instituciones del Estado Mexicano, suban a la mesa de la negociación bilateral el tema del abasto energético a Estados Unidos desde nuestro país. Ese asunto tiene que ver con nuestra soberanía, no con la del país vecino. Sólo así cambiaremos las formas groseras y el trato irrespetuoso de muchas de las autoridades norteamericanas para con nuestro país.