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Por: María Elena Estrello / SIP - Los dos lados de la justicia en el Estado de México
De una vez por todas, dejemos atrás este mito: “el receptor de los mensajes de los medios de comunicación colectiva es bobo e inocentón”. Nada más falso. Hablemos del soporífero caso de la niña Paulette Gebara Farah. Luego de ser convenientemente dirigida, la opinión pública ya emitió su veredicto (¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor), el cual sin embargo, no significa que éste sea correcto y mucho menos verdadero. Sin acceso al expediente y a las investigaciones correspondientes del caso, es irresponsable asegurar quién es responsable directo de la muerte de la pequeña; eso aún no ha sido determinado por la verdad “científica”, aludida en numerosas ocasiones por el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz. Pero muchas y graves incongruencias se han encontrado en relación con la tristemente célebre criatura de 4 años, quien murió asfixiada, según quieren hacer creer, por un “colchón desquiciado” el cual se habría vuelto loco, la habría secuestrado, escondido y finalmente, tras nueve días de la “desaparición” la habría liberado no sin antes romperle la tráquea. En los años noventa D. Buckingham afirmaba en su libro titulado Crecer en la era de los medios electrónicos, que “.aunque la incidencia de secuestros ha aumentado, en la mayoría de los casos son obra de los miembros de la familia (sobre todo de padres separados).Tres cuartas partes de los condenados por delitos de violencia contra los niños son personas de la familia.los delitos contra los niños se cometen más en la casa que en la calle”. Muchas lunas han pasado ya y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, no obstante contar con el auxilio de peritos hasta del Federal Bureau of Investigation, continúa sin ofrecer una versión coherente y no digamos verídica, sino siquiera verosímil. De acuerdo a un abogado penalista de apellido Mena, el suceso Paulette es, en su opinión, un homicidio por omisión. Agreguemos claro, denuncia falsa, simulación de secuestro, y privación de libertad de infante. Agrega, para él lo elemental: no se resguarda el lugar del crimen y pésimo cateo del departamento de los Gebara, por mencionar algunas “inconsistencias”, como las llaman. La exposición de motivos del Código Penal del Estado de México vigente y signado en su momento por el Gobernador Arturo Montiel Rojas, señala que: “Conforme a la necesidad de una reacción penal más severa para conductas de gravedad indudable se establece como punibilidad mínima de tres meses de prisión y una máxima de 50 años, ésta última para delitos como el secuestro, homicidio calificado, homicidio en relación con el parentesco.y la privación por libertad de infante”. El Artículo 6 de la mencionada normatividad es muy claro cuando califica como delito toda conducta típica, antijurídica, culpable y punible. A su vez, el Artículo 7 determina que: “Los delitos pueden ser realizados por acción o por omisión”. Con respecto a los delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumaciones y exhumaciones, el Artículo 224 del mismo código señala a la letra: “Al que por sí o a través de otro, oculte, destruya, mutile, sepulte o exhume un cadáver..se le impondrán de seis meses a seis años de prisión”. Si la opinión pública tuviera razón en cuanto a los responsables de la muerte de Paulette, el Artículo 242, indica cómo se sancionará el homicidio, en los términos de su fracción III: “Al responsable del delito cometido en contra de su cónyuge, concubina, concubinario, ascendientes, descendientes consanguíneos en línea recta, hermanos, teniendo conocimiento el inculpado del parentesco, se le impondrán de cuarenta a setenta años de prisión y de setecientos a cinco mil días (de salario mínimo) de multa”. Acontecimientos como el de la niña Paulette no son exclusivos de países en subdesarrollo como el nuestro. Ya hace un par de años se dedicaron múltiples espacios periodísticos al asunto Madeleine, una pequeña inglesa de tres años que desapareció cuando ella y sus padres se encontraban de vacaciones en Portugal. Con todo, aún no se haya al culpable. La familia de Paulette Gebara Farah pertenece a la comunidad libanesa en México. Una fuente que prefiere conservar su anonimato asegura que el abuelo paterno de la infante muerta posee fuertes vínculos con Banca Mifel y con empresas constructoras que realizan obras arquitectónicas en Tecamachalco, Huixquilucan y otros sitios residenciales en el Estado de México. La fuente señala que la familia Gebara efectúa negocios en millones de euros. Cuenta la leyenda que Alberto Bazbaz, Mauricio Gebara y Enrique Peña Nieto fueron condiscípulos en la Universidad Panamericana y que el segundo habría “inyectado” recursos a la campaña del tercero. El padre de la menor ha declarado que el caso de su hija “no fue un accidente” ¿Siguiendo a la opinión pública (dirigida) la mala de la telenovela sería la madre? Luego de consultar a un Maestro en Derecho colaborador de uno de los más prestigiosos despachos de abogados penalistas de México, con oficinas en Lomas de Chapultepec acerca de si el caso tendría relación con la mala actuación del equipo de trabajo del Gobernador del Estado de México, el abogado respondió “.prefiero no hacer comentarios al respecto. Soy priísta”. La lealtad a su partido no se le cuestiona, sino su falta de ética, su poca empatía con el inocente, el desvalido. Poderoso caballero es Don Dinero (y Don Partido). Mientras, en otro municipio del Estado de México, dos niñas secuestradas al salir a comprar comestibles aparecen sin vida días después. Por supuesto, hubo escasísima cobertura periodística. Y si con Paulette se ha alargado el tiempo para encontrar a los responsables, con estas dos menores resultará peor: eran infantes sin familias prominentes. Sus muertes se sumarán a las decenas de féminas asesinadas en los últimos años en Ecatepec y Nezahualcóyotl y de las cuales no hay eco en los grandes medios nacionales. Para bien o para mal, el señor del copete, una vez más, acapara reflectores. En el caso Paulette, Kafka se queda corto. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rauda y veloz quiso meter la cuchara, lástima: las luces de los spot no entrarán, por esta ocasión, en su jurisdicción.
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