Por: Lic. Oscar Rivera

Soy usuario del servicio de telefonía celular desde el año de 1986. La empresa Telcel me clasifica como “Suscriptor de plan tarifario”, a diferencia de los usuarios de servicios de prepago. Es pertinente la aclaración debido a que al momento de la contratación proporcioné mis datos personales incluido domicilio, RFC, ocupación, información financiera y demás.

La concesionaria del servicio de telefonía celular Dipsa (Directorios Profesionales SA), filial de Telmex, cuyo nombre comercial es Telcel es la empresa dominante del servicio en todo el territorio nacional y acapara un porcentaje superior a 70 por ciento de suscriptores en México. El restante 30 por ciento lo comparten el resto de concesionarios: MoviStar, Iusacell y Unefon.

En el título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se establece la obligación para los concesionarios de proporcionar a SCT, en este caso a Cofetel, la información de suscriptores, incluidas altas y bajas, esto es, contrataciones nuevas y cancelaciones. Confío en que mi proveedor de servicio haya cumplido con dicha obligación estatutaria. Confío también en que existe una constante comunicación interinstitucional, por lo que asumo que la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) ya cuenta con dicha información. Por si las dudas, registré mi celular con las consabidas molestias que esto representó.

Uno de los argumentos esgrimidos por la Segob en el Acuerdo de creación del Renaut, es que dicho registro sería un eficaz instrumento para combatir la comisión de delitos como la extorsión, el secuestro y otros ilícitos.

La verdadera razón por la cual la mayoría de los usuarios de los servicios de telefonía móvil no se habían registrado en el Renaut hasta el día 10 de abril, fecha límite para la inscripción, es porque tenemos profunda desconfianza en las instituciones del Gobierno. Más aún tratándose de la Secretaría de Gobernación quien es la encargada del trasiego político y principal brazo ejecutor, junto con el IFE, de los enjuagues electorales de que somos objeto los mexicanos, con la consabida “capitis diminutio maxima” que sufrimos.

Todos sabemos que la inseguridad es propiciada y fomentada, desde las propias instituciones por la impunidad. La misma Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Segob, son responsables de la inseguridad. Esta última, encargada del Sistema Nacional de Reclusorios, por todos sabido que desde éstos se realizan las extorsiones y secuestros virtuales.

Además, especialistas en Derecho Constitucional sostienen que la disposición que creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía es inconstitucional, típico de regímenes autoritarios y represores.